Cartas a Gracia: Año infausto

By on diciembre 2, 2013
año infausto

Cartas a Gracia

Gustavo Santín Nieto

por  

Las quejas sobre la desorganización del maratón de la ciudad de Puebla se minimizan ante el comportamiento ineficiente de otras autoridades. Lo sufriste en carne propia, la noche–madrugada del viernes–sábado 29–30 de noviembre, Gracia, cuando pasaste 10 horas en la carretera de cuota México–Puebla, so pretexto, de una “toma”, realizada por “un grupo de manifestantes”. No alcanzas a comprender, ni yo tampoco, la displicencia con que los esbirros de Benito Neme Sastré, director general de “Caminos y Puentes Federarles de Ingresos y Servicios Conexos” (cuya página WWW se encuentra, a un año de ejercicio de la administración de Peña Nieto, “en proceso de reestructuración”), “comunican” a los a las concesionarias de transporte terrestre a la ciudad de Puebla y a los usuarios, vía Twitter, 4:47 horas después (a la 22:47 horas), que el tránsito se encontraba suspendido. Un advertencia oportuna hubiera permitido que cientos de varados, entre los que te encontrabas, hubiesen decidido no viajar ese día, pues cuando tu abordas, a las 20 horas, el congestionamiento llegaba a la Calzada Zaragoza y tenía dos horas de haberse suspendido la circulación, o bien, el transporte de pasajeros y los particulares, podrían tomar rutas alternas, entre las que se encuentran; la de la vía federal México–Puebla, la que proporciona el Arco Norte y en último caso, la que facilita la vía  Cuernavaca–Tepoztlán, Cuautla, carretera Siglo XXI. No les interesan los usuarios, solo los sujetos(as) a quienes se les expolia su peculio. Tienen complejo de “Autistas”, Gracia.

Un año de gobierno de la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto y por desgracia, un año infausto, Gracia. Los impuestos y la inflación se incrementan y disminuye el gasto real de las familias, la inseguridad crece de manera alarmante, la economía se encuentra en recesión, las reformas no cuajan, van contracorriente y en demérito de lo que opina un gran sector de la población. La calificación que le otorgan los ciudadanos fluctúa entre el 5.5 y el 5,2 –en escala 1 a 10– (http:// www.reforma.com), reprobada y aún así, en la “reforma política”, se desdeña una “evaluación” con cargo a la ciudadanía.

Anunciada como una de las 13 “intenciones” de su administración: “Ha llegado el momento de la reforma educativa. Enviaré al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo Tercero Constitucional y, en su momento, la subsecuente reforma a la Ley General de Educación. Con esta reforma educativa, se establecen las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente. Habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral. Adicionalmente a la reforma, he instruido al secretario de Educación Pública solicitar al Inegi la realización de un censo de escuelas, maestros yalumnos.”(http://www.animalpolitico.com/2012/12/conoce–las–13–propuestas–de–pena–nieto/#ixzz2mFe9hLoP), cobijada por actores políticos “institucionales” y por una organización metaconstitucional denominada “Pacto por México”, la reforma al los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Educación y la promulgación de la leyes secundarias sólo ha generado rechazo de quienes, trabadores y trabajadoras docentes, administrativos y de asistencia y apoyo a la educación, tendrían la misión de llevarla a “feliz término”, encono social entre quienes protestan por lo que consideran una violación flagrante a sus derechos laborales adquiridos y a la Constitución, quienes padecen los efectos de un movimiento social de gran envergadura y los promotores de un “cambio” impulsado por organismos patronales, como Mexicanos Primero A.C., e internacionales (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico).

Pero, y mientras que al tiempo que crecen señalamientos dictatoriales –aplicación de la ley a raja tablacon cargo a las autoridades educativas federales y las demandas patronales para que se apliquen, de una vez por todas, las sanciones previstas por las Ley del Servicio Profesional Docente, la resistencia de quienes priorizan la defensa de sus derechos se incrementa y diversifica, mientras que crece el rechazo, por parte de madres y padres de familia, a las “aportaciones voluntarias” que, ante la falta de “presupuesto oficial”, ascienden a la nada despreciable suma de casi 8 mil millones de pesos al año.

Cierto es que sin mayor cortapisa, se aprobaron, después de trámite parlamentario, modificaciones de carácter laboral, a incisos de los artículos 3 y 73 constitucionales, que con resistencias parlamentarias con cargo a diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se limitó el texto inquisitorio original de la Ley del Servicio Profesional Docente, que, y a pesar de su origen, la junta directiva de Instituto Nacional de Evaluación Educativa, adopta una postura “académica”, dilatoria, pero también lo es, que a más de las suspensiones de labores en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y la protestastas y plantones en el Distrito Federal, aumentan manifestaciones de inconformidad de personal docente en todo el país, incluso por parte de afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a pesar del endurecimiento de autoridades educativas que abonan al terreno de la insurrección magisterial.

A un año de distancia, Gracia, la reforma educativa con la que se pretendiera recobrar “la rectoría del estado en materia educativa” sigue siendo un mito y las autoridades educativas locales, encargadas de aplicarla, se encuentran también en el banquillo de los acusados, sin recursos y capacidad para resolver entuertos creados por la administración central, pues, y por si fuera poco, la administración de la nómina del personal de origen federal se ha centralizado, arrebatando las “economías” que posibilitaban el pago de “las prestaciones pactadas localmente”.

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