México retrocede en las evaluaciones de PISA… pero crecen los índices de corrupción y pobreza

By on diciembre 9, 2013
Juan Díaz de la Torre y Emilio Chuayffet en el lanzamiento de los resultados

Por: Librado Agustín Ramírez

En México sucede algo excepcional cuando hay terremotos, inundaciones, contingencias volcánicas y otros eventos provocados por la naturaleza: las autoridades reaccionan de inmediato con declaraciones y acciones propias de personas que se pensaría no duermen tranquilos por la preocupación, ante el sufrimiento de los damnificados. Las reacciones son parecidas ante hechos violentos donde mueren decenas de niños y personas mayores o de bullyng en las escuelas. Actitudes idénticas se replican cuando se dan a conocer los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)  o del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA), por sus siglas en inglés. De inmediato surgen las voces para diseñar acciones de ayuda y la búsqueda de responsables. Al paso de los días esa impetuosidad de gobernantes, políticos y medios de comunicación se diluye, viene la calma hasta que se interrumpe nuevamente por desastres o masacres, y otra vez las mismas reacciones de alarma. Esos son los círculos viciosos, que no virtuosos, los que hasta ahora son una manera de ser de muchos mexicanos que tienen alguna responsabilidad como funcionario público. Lo ideal sería que, como resultado de una tragedia, las autoridades aprendieran a atacar las causas para disminuir  consecuencias graves en el futuro. Muchas estrategias han surgido de la desgracia  y no de la cultura de la prevención, de la planeación, de la visión a futuro, de las perspectivas y expectativas de los habitantes de nuestro país que, a pesar de la improvisación de muchas acciones, México está de pie. Pero… ¿Alguien sabe de un proyecto de Estado que el gobierno en turno le ha dado seguimiento, sin importar a qué partido político pertenezca? Se han implementado infinidad de acciones de gobierno, pero no de Estado. ¿Las recurrentes reformas o adecuaciones a la constitución, precisan hacia dónde conducen a más de cien millones de mexicanos por lo menos en los próximos veinte años?, ¿existe una visión de Estado a largo plazo, o caduca al término del sexenio?, ¿los gobernantes buscan el bien común, o solamente pretenden reposicionar a su grupo de partidarios, como ha sido hasta ahora, para permanecer en el presupuesto del siguiente periodo de gobierno?, ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios del pasado y del presente –por cierto, muchos de ellos están en los dos tiempos y con posibilidades de estar en el futuro– en la situación en la que está México? Los políticos hablan hasta el fastidio de acabar con la pobreza, con la desigualdad, de procurar justicia y seguridad y de mejorar la calidad de la educación. Los discursos muy abundantes en promesas, pero escasos en acciones de beneficio colectivo. Si hubiera concordancia entre los discursos y las acciones, México sería un país más justo, sin tanta pobreza, con un eficiente servicio médico para todos y una educación de calidad, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun antes de tantos artículos reformados.

Ante la falta de un proyecto de Estado hay vacíos, inequidad y amplias brechas en vivienda, salud, empleos, alimentación, justicia, educación. Sobre esta última se han venido como en cascada las noticias, prácticamente desde el inicio de este año, originados por dos factores, principalmente: la Reforma educativa y los resultados de las evaluaciones externas. Los aspavientos, declaraciones amenazantes y otras no menos intimidatorias se dan ahora que aparecen los resultados de las evaluaciones de PISA, y por enésima vez se responsabiliza únicamente a los maestros de los malos resultados, con la aprobación, así parece, de Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Según el reporte de PISA, el 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias, lo que implica un retroceso en comparación con los resultados de 2009, la última vez que se aplicó la prueba. Con estos resultados México es el peor de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pues el rezago entre los estudiantes mexicanos y los de  países miembros es de dos años de escolaridad. Esto significa que a México le tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura.

Estos resultados, como ya es tradición en México, y como si se tratara del guion de una obra de teatro muy bien ensayado durante muchos años, los ánimos se increpan y surgen las abruptas declaraciones, las advertencias y las amenazas en contra de los maestros. El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, dijo que en breve se convocará a la sociedad, a los maestros, alumnos y padres de familia a participar en foros regionales, estatales y nacionales para definir cómo cambiar el modelo educativo en todos sus órdenes así como en la educación normal, ¿entonces lo que se aprobó, sí es una reforma laboral y no educativa como tantas veces negó?

El 3 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los gobernadores y Jefe de gobierno del Distrito Federal, para firmar acuerdos de la aplicación de la reforma educativa, y ratificó un convenio que establece descuentos salariales para los docentes que falten a sus centros de trabajo. ¡Sí que está furioso!, tanto, que no solamente pierde la ecuanimidad y da sustento a la primera parte de este texto, sino que trata a los ciudadanos de desmemoriados, ignorantes e incultos, ¿ya olvidó el protocolo de su toma de protesta? Conforme al artículo 87 constitucional el presidente al tomar posesión de su cargo, dirá la frase: «protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande». No necesita acordar si una ley se aplica o no, está obligado a ello.

Por esos días de la publicación de los resultados de PISA aparecieron dos informes más, uno sobre la corrupción  y el otro sobre la pobreza en México. En el primer caso, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, dado a conocer por Transparencia Internacional (TI), México obtuvo 34 de los 100 puntos posibles, lo que lo colocó en la posición 106 de la lista de 177 países medidos. Con esa puntuación México pasó del lugar 105, que ocupó el año pasado, al 106 de este año.  En el caso de la pobreza, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una vez más México se lleva la peor nota en materia de combate a la pobreza  entre los países de América Latina: fue el único país que registró un aumento de la pobreza y la indigencia. Mientras que en los demás países la pobreza disminuyó, en México se sumaron, en 2012, un millón de personas más a las filas de la pobreza. En lo que se refiere a la indigencia subió del 13.3 % en 2010, a 14.2 % en 2012. Ambas notas aparecieron en proceso.com.mx (de los pocos medios que publican esos informes y de donde se toman los datos).

No hay duda de que la corrupción y la pobreza están íntimamente relacionados con la mala calidad educativa, entonces por qué no le dan la misma importancia a los informes y actúan castigando a los corruptos –aunque no habría cárceles suficientes- y se bajan los altos salarios, los bonos de “producción” y los cientos de miles de pesos de aguinaldo de los medianos y altos funcionarios, diputados, senadores, magistrados, secretarios de Estado, para destinar más recursos y mejorar la calidad de vida de la gente más pobre, mientras construyen un proyecto de nación.

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