Cartas a Gracia: Pacto de Estado

By on diciembre 10, 2013

Cartas a Gracia

Gustavo Santín Nieto

por  

 

Nadie les rinde tributo ni pleitesía, Gracia y sin embargo, año con año, en diferentes meses –diciembre, enero, febrero y marzo–, aunque por la memoria inconsciente destaque diciembre, miles de mexicanos recorren caminos, carreteras, senderos, con rumbo a la basílica de Guadalupe, ubicada en el cerro del Tepeyac, sitio al que acudían, nos relatan textos de historia, los mexicas para venerar a las diosas “Chalchiuhtlicue y Tonantzin o Chicomecoatl” (http://lavilladeguadalupe.blogspot.mx). Realizan el trayecto a pie o en bicicleta, compitiendo contra ellos mismos, corriendo en carreras de relevos, cargando imágenes, blandiendo estandartes, para “agradecer favores, purgar penas y/o pedir gracias”. Sin duda destacaría, Gracia, una peregrinación que partiese de las avenidas Reforma y Congreso de la Unión pues la clase política neoporfirista, por fin y a espaldas de la ciudadanía, reprivatizó el ejercicio de cargos públicos (senadurías, diputaciones, presidencias municipales) sin importarles la premisa maderista que diera origen a la Revolución Mexicana “Sufragio Efectivo, No Reelección”. Un milagrito por el que depositaran, seguramente, sus “votos” en algún pórtico o en alguna sacristía de los muchos templos católicos que circunscriben el territorio mexicano. La clase política “recuerda” que debe permanecer “per secula seculorun” en el presupuesto, “checa” la inmovilidad de un pueblo sufrido y se “mueve” para lograr acuerdos que los perpetúen en su puestos “levantando” la mano. Un éxito de la política en contra de la obesidad que provoca un efecto contrario.

Pacto de Estado para insistir en que la reforma educativa no debiese ser letra muerta, retórica que reitera que “la responsabilidad de mejorar la calidad de la educación en nuestro país” es un compromiso que todos en la estructura de gobierno debieran asumir, sin distingo de esferas o niveles. Convenio para instrumentar las leyes secundarias, independientemente de las condiciones políticas y sociales que imperen en las diferentes entidades de la Federación, pues, juramentaron “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, llamado a la defensa de la “educación pública gratuita, equitativa y de calidad, obligación ética”, aún y cuando pierda su connotación laica, compromiso “a conjuntar esfuerzos, coordinar acciones y establecer mecanismos de cooperación, a fin de cumplir con oportunidad, orden y eficacia los objetivos de la reforma educativa”, lo mismo que, para “actualizar los mecanismos de control de asistencia de los servidores públicos del Sistema Educativo Nacional, y en su caso, aplicar los descuentos correspondientes, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios educativos”, sin entender, Gracia, el por qué, una obligación administrativa tenga tal relevancia. Reconocimiento “a las maestras y maestros de México, quienes serán protagonistas centrales en la instrumentación de la reforma educativa, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por su invariable compromiso con los niños y jóvenes del país”, lo mismo que a “la valiosa colaboración de madres y padres de familia, quienes se organizan en cada comunidad escolar de muy diversas maneras para ser corresponsables de la educación de sus hijos”, pero que siguen ausentes el texto del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los “maestros, alumnos, padres de familia, directores, supervisores, académicos, miembros de la sociedad civil y autoridades educativas estamos unidos en un propósito común: velar por el futuro de nuestros niños y jóvenes”, destacando en esta parte del discurso a los alumnos, quienes tendrán precozmente, que “velar por el futuro de nuestros niños y jóvenes”.

Autocrítica, reconocen en voz del titular del Ejecutivo federal, que los “resultados recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), confirman que las condiciones de la educación en México están aún muy lejos de la que merecen y necesitan nuestros estudiantes para competir y triunfar en un mundo cada vez más exigente y que demanda mayor competitividad” (http://www.presidencia.gob.mx/articulos–prensa/la–reforma–educativa–no–solo–es–transformadora–es–una–reforma–de–estado–enrique–pena–nieto/), al tiempo, tal vez en un llamado a la conciliación, que se externa que “no queremos leyes de letra muerta, ni prácticas gobernadas por la fuerza” (Emilio Chuayffet Chemor).

Beneplácito demagógico en voz de Juan Díaz de la Torre, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE) “porque concilia la urgencia de transformar la educación con el pleno respeto a los derechos laborales y a la superación profesional de las maestras y los maestros.” (interpretación de quien redacta el boletín), alabanza por una reforma “que se traduzca en acciones que aseguren el avance educativo que tanto necesitamos”, (Simona Rodríguez Ríos, representante de madres y padres de familia), ignora la postura contraria, en torno a la reforma, externada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien considera que con todo y epítome (de Estado), violenta sus derechos laborales.

Pacto que se firma por quienes nadie cuestionan (titulares del Ejecutivo federal, de las entidades, autoridades educativas locales y federal, SNTE), que no busca la conciliación entre quienes diseñan una estrategia y quienes tendrían supuestamente que operarlo, Gracia. Pacto que tendría mejores resultados si en lugar de vencer, buscara convencer, si rectificara caminos y pusiese en el centro de la discusión la modificación y mejora de planes y programas de estudio, la homologación de contenidos programáticos de nuestro país, con los que se enseña en otras latitudes, si acabara con el monopolio que ejerce el gobierno federal en la materia, incluidos textos y materiales didácticos, si incorporara a madres y padres de familia como actores con plenos derechos y obligaciones, si invirtiera el equivalente a 20 por ciento del Producto Interno Bruto a Educación como lo han hecho naciones exitosas, si modificara la política de formación y actualización del personal docente. No cabe duda, Gracia, que me embarga, seguramente, el espíritu decembrino y que ya espero la llegada de los santos reyes.

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