Cartas a Gracia: El de religión, derecho de mayores

By on septiembre 8, 2014

Gustavo Santín Nieto
Cartas a Gracia

 Tu visita a Puebla de Zaragoza, Gracia, te permite alguna libertades culinarias mientras te encuentras en receso tras participar en la XXXII edición del Maratón  de la Ciudad de México. Que llevas dos letras (M, E) pero te faltan cuatro más, imagino, pensarías mientras comías chiles en nogada en algún restaurante típico de la ciudad ubicado en el Paseo de San Francisco. Que mereces cenar tacos árabes, gusto que te habrías ganado a pulso tras meses de entrenamiento, aunque pareciese un exceso. Que vas por cuatro letras más, dos consonantes (X, C) y dos vocales (I, O), que correrás en la administración de Miguel Ángel Mancera para formar la palabra México, lo deduzco por las expresiones en las que señalas lo bien que te sentiste al concluir la justa. Te comparto que en septiembre, mes de una patria entregada por los gobernantes nacionales a las empresas trasnacionales, están programadas en Puebla nueve carreras breves entre las que destacan: la nocturna, organizada por la Universidad Autónoma de Puebla (27 de septiembre), y el “Desafío Malintzi 10 km–Tlaxcala  el 28 de septiembre” (http://correpuebla. com/calendariocarreraspuebla2014/).

Con la abrogación de la ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevista en el cuarto transitorio de la “Iniciativa de Decreto –preferente– que expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, enviada por Felipe Solís Acero, subsecretario de Gobernación, al diputado Silvano Aureoles Conejo, “presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, y la publicación del nuevo ordenamiento, se sustentarían, Gracia, algunas de las medidas previstas en las “normas” publicadas al amparo de la reforma educativa y que por lo menos, de manera declarativa, subordinarían la lucha por la defensa de los derechos laborales del personal docente y del de apoyo y asistencia a la educación contratado por la administración pública al “interés superior de los y las menores”. Así se establece en el párrafo segundo en el que se determina que “el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes…”, a más de considerar las opiniones de los y las menores, “en proporción a su edad” en cuestiones que fuesen de su interés (artículo 2).

En consonancia, el “Título Segundo; De la Obligaciones. De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela O Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescente” señala que los aludidos en el título, deben garantizar, Gracia, la “alimentación” (comida, alimentación, educación, vestido) de los menores, fracción I, artículo 13, la concurrencia de niñas, niños y adolescentes, a establecimiento de educación pública y/o privada para que reciban “los tipos de educación básica y media superior”, a más de otras razones entre las que resaltan: el respeto, la protección, el cuidado, so penas que serían establecidas en “leyes federales” y locales a efecto de que sancionen su incumplimiento. Constriñe a “directivos y personal de instituciones académica” a evitar “cualquier tipo de maltrato físico” y les conmina para que impartan “talleres tendientes a inhibir y prevenir tales conductas” (fracción III, artículo 15).

Contraparte de las obligaciones de los particulares, el “Capítulo Décimo. Del Derecho a la Educación”, establece el derecho, que tienen niñas, niños y adolescentes para recibir “una educación de calidad tendente a desarrollar armónicamente todas sus facultades y al respeto de su dignidad, en los términos del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables”, y la obligación, concerniente a las autoridades educativas “competentes”, para que se elaboren programas que logren “el pleno desarrollo” de los y las menores, “se presten servicios educativos en condiciones de normalidad mínima…”, se combata la “discriminación” entre los educandos, se canalicen “denuncias de acoso y violencia escolar”, se elaboren “protocolos de actuación destinados al personal docente y a madres, padres de familia y a quienes “ejercen” la patria potestad, “se organicen foros” vinculados, se abran oficinas para la atención de este fenómeno, se realicen campañas preventivas, se propicien “condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas” y se “sancione” a quienes “promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables” (artículo 70–73).

Plantea la ley sustituta del ordenamiento previo publicado en la administración de Ernesto Zedillo (2010), el derecho (artículo 76) al “descanso, al esparcimiento, al juego…” (basta de planas y planas como ejercicio docente), restrictivo a los mayores, pero contradicción de por medio, mientras que por un lado establece que los aludidos y aludidas “gozarán de libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura”, le somete por traducir el término corresponde, “a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, guiarlos de conformidad con sus creencias religiosas y sus tradiciones culturales…” (parágrafo dos, artículo 76), para beneplácito de la jerarquías religiosas.

Estemos o no, Gracia, o se “tomará en cuenta” la opinión de los y las menores, limitada a su edad y/o desarrollo personal o se “privilegiará” la conducción de los mayores en temas torales que someten a quienes representan el interés superior de la nación. Contrario al principio de laicidad propio del artículo 3 constitucional, el párrafo segundo del artículo 76, disfrazado, garantiza el sojuzgamiento ideológico de quienes se encuentran en un proceso de formación. Tienen derecho a decidir si quieren o no, ser adoctrinados.

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