Fija multas por bullying ley infantil

By on septiembre 26, 2014
  • El personal de centros escolares que fomente, tolere o no impida el acoso, abusos y agresiones contra los menores, podría ser sancionado con multas de más de 2 millones de pesos o hasta el doble de recursos, en caso de reincidencia

El anteproyecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que discutirán  las comisiones del Senado, también considera que se incurre en una infracción cuando se trata personal que labora en centros de asistencia social o cualquier otra instalación de jurisdicción federal.

“(Las personas que) propicien, toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento en contra de las niñas, niños o adolescentes…

“Serán sancionados con multa de 3 mil y hasta 30 mil días de salario mínimo general vigente en el DF, al momento de realizarse la conducta”, señala el documento, distribuido ayer entre los 37 senadores integrantes de las seis comisiones dictaminadoras.

Según el anteproyecto, los legisladores determinaron que las sanciones en contra de los servidores públicos federales que incurran en esas mismas faltas serán menores, en comparación con las que pagarán quienes simplemente “laboren” en las instalaciones.

De acuerdo con la propuesta de redacción, los funcionarios federales y el personal de las instituciones de salud, educación, deportivas o culturales -así como los empleados o trabajadores de establecimientos que dependan de ellas-, serán castigados con una multa de poco más de 100 mil pesos.

La reforma, que derivará de la iniciativa preferente del Ejecutivo, señala que las autoridades de los tres niveles de gobierno serán las responsables de establecer y aplicar las sanciones en contra del personal docente, de asistencia social y servidores públicos involucrados.

Además, quedarán obligadas a elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar, tanto para el personal, como para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

“Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes en una situación de acoso o violencia escolar”, señala.

De acuerdo con los senadores, cualquier persona podrá presentar una denuncia ante el Sistema Nacional DIF, institución que encabezará la estructura para garantizar los derechos de los menores.

Se estipula, además, que los profesionales a los que les sea revocada la autorización, serán inhabilitadas y boletinadas en todo el País.

En el apartado de sanciones se detalla que los trabajadores sociales o psicólogos que intervengan en los procedimientos adopción deberán contar con autorización del Sistema Nacional DIF, pues de lo contrario incurrirían en una violación a la ley.

Fuente: Reforma / AZ
Foto: Cuartoscuro

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *


*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>