IFAI ordena a la SEP entregar la totalidad de la base de datos del Censo Educativo

By on octubre 27, 2014
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El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) resolvió por unanimidad, en favor de Mexicanos Primero, el recurso de revisión RDA 2334/14 y ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregar la totalidad de la información del CEMABE, testando (es decir, resguardando para no difundir) únicamente los datos personales clasificados como información confidencial.

Hace poco más de tres meses, Mexicanos Primero interpuso este recurso de revisión, ante la negativa de la SEP de entregar y hacer pública la totalidad de la base de datos derivada del CEMABE.

El día de ayer este asunto fue resuelto y, en su discusión en el Pleno, los comisionados destacaron lo siguiente:

1. El CEMABE se realizó por mandato constitucional para identificar un panorama general del sistema educativo con el objeto de evaluarlo y, a partir de ello, garantizar una educación de calidad.

2. Por ello, los resultados del CEMABE son de interés público y es un derecho de los ciudadanos tener esta información a su alcance.

3. Hacer públicos los resultados del CEMABE es congruente con el ejercicio de rendición de cuentas, pues los mexicanos tenemos el derecho de saber lo que se hace con nuestro dinero, con la transparencia y con la política de gobierno abierto.

4. Se reconoció el esfuerzo y la tenacidad de la sociedad civil para brincar obstáculos y lograr esta apertura de información para todos los mexicanos.

5. Se enfatizó que esta resolución demuestra la forma en que el derecho a la información sirve para hacer exigibles otros derechos, en este caso, el derecho a la educación de calidad.

Como resultado, el IFAI ordenó a la SEP que, en un término no mayor de 30 días hábiles a partir de la notificación de la resolución, ponga a nuestra disposición la base de datos del CEMABE, de manera que ahora estarán disponibles CURP y RFC del personal docente y los datos detallados de cada Centro de Trabajo que corresponde a escuelas públicas.

Los datos personales que fueron clasificados como información confidencial y que seguirán resguardados son, por ejemplo, domicilio y teléfono particular, datos que claramente tienen que ver con la vida privada del maestro y no con su función como servidor público.

Esta determinación del IFAI es congruente con la decisión que el Pleno tomó el mes pasado sobre el recurso RDA 2318/14, también presentado por Mexicanos Primero. Con ello, los ciudadanos recibiremos: a) tanto el registro que la SEP entregó al INEGI como base para realizar la ubicación de los centros y los pases de lista del Censo, así como b) la base de datos que el INEGI entregó a la SEP como resultado de su operativo de campo.

Con esta decisión quedarán disponibles los datos más relevantes del censo para verificar detalladamente y exigir que se combata la corrupción y el desvío, especialmente en el presupuesto de la nómina magisterial, como los pagos irregulares e ilegales a comisionados, aviadores, etcétera, abre la posibilidad de poner fin al abuso que representan los miles de millones de pesos destinados apersonas que viven del presupuesto educativo, pero que no sirven a la educación.

La confrontación sistemática de estos datos es un punto partida sólido para que las autoridades asuman su responsabilidad y den muestra de que ya no se seguirá abusando con las prebendas y que los maestros puedan confiar en que su trayectoria y desempeño será reconocido y pagado en justicia. Al mismo tiempo, los datos permitirán revisar si se están asegurando el derecho de cada niño a contar con maestros idóneos y que se atiende las necesidades puntuales de las escuelas para que sean espacios dignos y seguros.

Con estas dos resoluciones se sienta un precedente muy relevante, y se confirma la importancia de que los ciudadanos activemos los medios que la ley pone al alcance de todos para ejercer nuestro derecho a la información. Debemos recurrir a las instancias correspondientes cuando se violente este derecho y cuando la actuación de las instituciones públicas resulte contraria al interés público.

El derecho a saber no es sólo una exigencia legítima para la rendición de cuentas, sino también brinda la posibilidad de estudiar la evidencia y proponer soluciones, en este caso en el campo educativo, para ejercer nuestro derecho a participar.

Fuente: Mexicanos Primero

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