Constitución, Estado y Democracia

By on febrero 19, 2017
venustiano carranza

Gildardo Cilia López

Por: Gildardo Cilia López

Se dice que la Constitución Política de 1917 es la mejor síntesis de nuestro devenir histórico, político, económico, social y jurídico. Que es el resultado más sobresaliente de nuestro drama histórico, enmarcado por una impresionante revolución social y que su contenido combina un proyecto de nación digna, libre y soberana con las más loables aspiraciones de equidad y justicia.

México a partir de su Constitución se define como una República Federal, con estados y municipios, sustentada en la soberanía del pueblo, en el que se conjugan garantías individuales y derechos sociales; cuenta con un sistema representativo, con división de poderes y con instrumentos y recursos para posibilitar la vigencia del estado de derecho.

Más allá de esta definición, habría que subrayar que una tesis vertebral de nuestra Constitución es la de la justicia social; misma que se plasma de manera extensa en el artículo 4° y que se podría resumir contextualmente de la siguiente forma: todo mexicano debe contar con los satisfactores económicos, sociales y culturales que le permitan llevar una vida digna.

Reitero que la historia más fiel del país, tal vez sea la historia de nuestra Constitución. De la etapa convulsa de la segunda década del siglo XX, surgió la necesidad de constituir un nuevo orden social y republicano; por eso nuestra Constitución se soporta en seis objetivos básicos, que me voy a atrever a indicar, conforme a lo que señalan nuestros grandes juristas:

CONSTITUCION

  1. Contener el caos, la destrucción y la anarquía.
  1. Armonizar el interés individual con el colectivo.
  1. Organizar social, política y económicamente al país en torno a principios republicanos.
  1. Posibilitar la gobernabilidad de la nación y generar consensos de entendimiento.
  1. Forjar una conciencia social que posibilite la inviolabilidad de la soberanía nacional y la defensa permanente de los intereses nacionales.
  1. Detonar (he ahí el gran mérito de la Constitución de 1917) un proyecto nacional de largo alcance, dando solución a los graves problemas nacionales, mediante la promulgación de derechos sociales.

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Revolución y constitución

La construcción de nuestra nación ha sido un proceso azaroso y complejo. Durante las primeras seis décadas del siglo XIX prevaleció el caos y la anarquía, poco importaba vivir en un país de leyes; prevalecían intereses sectarios que ponían en segundo plano el destino de la nación. La labor de los hombres de la Reforma fue inconmensurable, era necesario darle aliento a un Estado que no acababa de nacer, reconstituir el tejido social y crear una conciencia nacional.

El triunfo de esta generación, sustentado en el espíritu de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, permitió configurar un proyecto de nación. Para tener destino era imprescindible crear el poder del Estado y robustecer el poder civil frente al eclesiástico, mediante el fortalecimiento de la laicidad y la supresión de fueros. Era, asimismo, indispensable mantener vigente el fundamento liberal de que todo ciudadano puede nacer, crecer y morir en plena libertad de su conciencia, sin ataduras y con la plenitud que le da el respeto de sus garantías individuales.

Con el espíritu de esas leyes, era previsible pensar en un destino común, hacer converger las diferencias; redimir nuestro pasado para construir sin ataduras una gran nación. Sin embargo, el cauce de los acontecimientos rompió la letra escrita: el impulso liberal no desterró la pobreza soterrada a lo largo de siglos. México en el último cuarto del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, creció sin alma, sin justicia social y las diferencias entrelazaron una vez más nuestro destino con la necesidad de modificar una realidad opresiva e inequitativa.

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Los vórtices de la violencia en México son siempre inauditos, el de la revolución de 1910 significó diez años de lucha armada y alrededor de un millón de muertos. La dislocación social rompió el orden legal y constitucional; resquebrajó el sistema económico y productivo y (como lo afirma Sergio Sarmiento) devino en destrucción, pobreza y muerte. Hay causas que explican razonablemente semejante estremecimiento social; pero también el devenir de los acontecimientos fue prohijado por la anarquía de las facciones que se concebían con el poder mismo y la conciencia del “Estado”.

De nueva cuenta tenían que surgir hombres con una visión superlativa. Para revertir la anarquía y el caos era necesario plasmar un nuevo acuerdo social. El movimiento revolucionario, de la segunda década del siglo XX, adquirió un verdadero sentido cuando se plasmó en la Constitución de 1917 los principios que posibilitaban el desarrollo del país en el largo plazo: el acceso a la educación, la cuestión agraria y los derechos de los trabajadores.

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La revolución forjó un nuevo tipo de constitucionalismo: el constitucionalismo social, en el que se advierte que la libertad sólo es posible cuando impera la justicia. Se concibe, así, que la libertad individual sin el engarce fino de la justicia social, conduce a una libertad abstracta, irreal y transitoria, sujeta siempre a alfileres y atada a hilos quebradizos, siempre expuestos a la ruptura.

La Constitución de 1917, se erigió en un proyecto de nación; esa fue su razón de ser. En la mente de los constituyentes se concebía que para que la Carta Magna fuera verdadera, real y efectiva debía fundarse sobre bases inconmovibles que propiciaran el mejoramiento de las condiciones económicas, políticas y sociales del pueblo. La letra obedecía al impulso social que le había antecedido: el nuevo orden no debía sustentarse sólo en el apaciguamiento, tenía que tomar en cuenta las reivindicaciones que habían dado origen a la revolución. El contenido de la Constitución de 1917, le daba sentido a la lucha armada; cumpliéndose la premisa de que “una revolución sin constitución no es una revolución”.

En la Constitución de 1917, confluyeron varios objetivos. El cambio jurídico debía dar cauce al cambio social: desterrar la desigualdad, abolir los privilegios y erigir al Estado como principal motor en la corrección de los desajustes sociales y garante de la soberanía nacional. También debía vislumbrar un nuevo horizonte político, social y económico, dándole continuidad histórica a los principios fundamentales de la “Revolución Mexicana” y allanando por siempre toda posibilidad de ruptura violenta. Con la Constitución, entonces, debía erigirse un nuevo régimen de legalidad, un verdadero estado de derecho, que hiciese desaparecer en las prácticas de gobierno el abuso y la arbitrariedad y plasmar con el uso de la norma, un cambio en el modelo de articular las relaciones sociales para transformar progresivamente nuestra realidad.

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El Estado del siglo XX

Nuestro Estado en el siglo XX se hizo sui generis, su fortaleza radicaba en su institucionalidad; era el tutor de la vida nacional y el garante de su soberanía. Pero su gobierno nunca se articuló al consenso. La faz del Estado se hizo autoritaria, no aceptaba contraposición; moralmente quienes gobernaban concebían que sus decisiones se articularan al mejor bien del país. En un periodo relativamente breve, se suscito una asombrosa metamorfosis:

“La revolución se hizo partido, el partido régimen, el régimen se sometía a la constitución y el sometimiento del régimen a la constitución” reafirmaba por sí mismo la vigencia de los principios encausados en la Revolución. Ello sin importar si existiese o no congruencia doctrinal. El Estado a lo largo del siglo XX fue así una caja receptora de ideologías, en donde todo cupo: el socialismo, el nacionalismo, el liberalismo social, el neoliberalismo; promulgó el proteccionismo y el libre mercado; concentró y desconcentró a sus empresas; alentó y reprimió la movilidad social. Todo siempre en aras de lo que creía más conveniente.

El proceso político tampoco derivó en darle un mayor poder a los gobernados desde el punto de vista institucional; por el contrario ha mantenido su interdicción, dejándolo a merced de la benevolencia o de la arbitrariedad de los gobernantes. El ciudadano se hizo vulnerable a las decisiones del gobierno; ello no obstante que el derecho mexicano permite salvaguardar y proteger las garantías de los gobernados a través del juicio de amparo; debiendo ser éste un instrumento eficaz y práctico para sobreponerse a los abusos y decisiones de la autoridad.

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El Estado postrevolucionario rector de la vida nacional no era un Estado democrático. El poder omnímodo lo tenía el Ejecutivo y la independencia de los poderes legislativo y judicial sólo existía en un plano relativo, en la utopía de la retórica. Tenía razón Octavio Paz cuando definió a ese Estado como un “ogro filantrópico”, que impartía la justicia como una dádiva, de acuerdo a su modo y circunstancia; no consultaba sus decisiones y solo en apariencia rendía cuentas. El país estaba sometido a las decisiones de cúpula, a la voluntad de quienes gobernaban.

Si bien la revolución de 1910 no trajo consigo un cambio democrático en esencia; nuestra Constitución la da un contenido avanzado a lo que debería ser la realidad, al definir a la democracia “como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y no solamente como una estructura jurídica y un régimen político”. El Estado, entonces, mediante el impulso democrático debía concebirse como el diseñador de un nuevo estilo de sociedad, atendiendo a los principios fundamentales de libertad y justicia social.

La realidad discordante

La discordancia entre la norma constitucional y la vida real, es más que evidente. La vida política no está acorde a los principios que se erigieron en torno al ideal democrático; más bien parece lo contrario. Sólo baste pensar en los logros en materia social, que pese a los esfuerzos institucionales, nunca han alcanzado la dimensión que la norma escrita les ha conferido.

La vida democrática a partir de los años setenta del siglo pasado tuvo avances importantes. La reforma política de 1977 estableció las bases para la creación de un sistema plural de partidos políticos; permitiendo la contienda institucional a fuerzas políticas que actuaban en el anonimato y garantizando con ello los derechos políticos de las minorías. Trece años más tarde – setenta años después de la suscripción de la constitución – nuestro país configuró el marco institucional y legal para que se pudieran tener elecciones razonablemente limpias y justas.

El advenimiento de la democracia hizo concebir nuevas esperanzas: era posible vivir con el ideal de construir nuestro desarrollo con una mayor participación social. Alentó las esperanzas concebidas por Octavio Paz, que decía:

“Soy uno de los que creen que la democracia puede enderezar el rumbo de México y ser el comienzo de la rectificación de muchos de nuestros extravíos históricos. La reforma política haría posible la reforma económica y asimismo, la de nuestra cultura; la democracia devolvería la iniciativa a la sociedad y liberaría los poderes creadores de nuestra gente. Naturalmente hablo de la verdadera democracia, que no consiste solamente en acatar la voluntad de la mayoría, sino en el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los individuos y la minorías” (Octavio Paz. “El Peregrino en su Patria. Historia y Política de México”).

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Los Retos de la Democracia

Todo proceso histórico se forja, no es casual ni circunstancial. En nuestra breve experiencia democrática debemos atender temas sustantivos, acorde al contenido que nos dicta el precepto constitucional y que debemos afrontar sin dilación y con integridad:

  • Hoy México crece a tasas insuficientes y la prosperidad que se alcanza es para una minoría. Los datos actuales son preocupantes: el 10% más rico de nuestra población recibe más de un tercio del ingreso y el 10% más pobre apenas si alcanza el 2%. Las cifras oficiales también son dramáticas: alrededor del 50% de la población vive en la pobreza y casi un cuarto en la pobreza extrema o en la pobreza alimentaria. Nuestro país como democracia no podría avanzar sin retomar el camino de la justicia social y sin reconstituir el tejido social.
  • Más alarmante aún, es concebir que nuestra soberanía pueda ser vulnerada; que seamos incapaces de afrontar con integridad las amenazas que devienen del exterior por el resurgimiento de ideologías que parecían desterradas; que perdamos la calma ante proclamas que desean remover el mundo a partir de ideas xenofóbicas y discriminatorias, proclives a abandonar los principios fundamentes del derecho y la convivencia internacional. Grave es que no sintamos aislados y no acudamos a las instancias internacionales para hacer valer lo que está escrito en los tratados y acuerdos internacionales; que nos creamos en una ínsula, sin considerar que existen mecanismos efectivos de defensa a favor de nuestros connacionales; que ni siquiera seamos capaces de condenar los actos que nos agravian. No debe olvidarse que el derecho internacional se fundamenta en la razón universal del respeto y la dignidad humana.
  • Sí, debe reconocerse que se enfrenta un momento difícil, con una sociedad que se encuentra agotada, dispersa y diezmada; que no se siente representada por quienes gobiernan y por los partidos políticos, quienes son las entidades que deberían encauzar la vida democrática, las demandas ciudadanas y el sentir social. Resulta lamentable – tal como se pudo observar en las marchas de unidad el pasado 12 de febrero – que no existan interlocutores con la capacidad de convocatoria suficiente para hacer converger a la ciudadanía en torno al principio de soberanía nacional.

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Es una tarea urgente, constituir ese consenso social. Se debe repensar en nuestra democracia y sobre todo, recuperar la confianza ciudadana y las esperanzas que parecen perdidas en materia de justicia y de impartición de justicia. Ello sólo es posible si se emprende una agenda legislativa que asuma como eje prioritario el promover la participación ciudadana. Hay temas que en la actualidad resultan trascendentes: la rendición de cuentas, la contraloría social, el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, entre otros.

Vivimos hoy en una encrucijada histórica: o consolidamos nuestra democracia con un mayor empoderamiento de la sociedad; o se continuará profundizando nuestra debilidad como nación libre y soberana. Nuestra conciencia histórica exige una pronta respuesta; se tienen que crear las condiciones para alcanzar un cambio sin ruptura, para ello hay que desterrar las condiciones que nos mantienen postrados: la pobreza, la desigualdad y el descrédito que genera la falta de probidad en el servicio público.

No es posible llamar a la unidad nacional, si existen factores en el seno de nuestra nación que agravian tanto o más a la sociedad que una amenaza externa. Nuestro porvenir requiere, sí, de un Estado democrático, pero con una indubitable fuerza moral e institucional; así como de la convergencia ciudadana en pro de la armonía, la paz social y la defensa de los intereses nacionales.

One Comment

  1. Teo Pinacho

    febrero 22, 2017 at 9:57 pm

    Amigo Gil he leido con mucho interes tu articulo sobre la Constitucion Politica y su vinculacion estrecha al desarrollo de la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, los gobiernos neoliberales de hace tiempo vienen desmembrando nuestra Carta Magna a golpe de multiples. reformas que atacan derechos sociales. Un ejemplo de los muchos que se podrian mencionar son las reformas a la Ley Federal del Trabajo en donde a la fecha se acaba de declarar constitucional la reforna con la cual se suprimen/desaparecen las Juntas de Conciliacion feferales y locales que atendian las controversias entre el capital y el trabajo, Apartado “A” del Articulo 123 Constitucional, en adelante todos los nuevos asuntos se sustanciaran en juzgados federales o locales segun la materia a tratar. Por que desaparecen las Juntas? Principalmente por el altisimo nivel de corrupcion existente, entre las multiples deficiencias…claro que el fondo real es suprimir derechos de los trabajadores…la poco convicente reforma energetica…y que cancelo sobetania sobre nuestros recursos de hidrocarburos, y diversas fuentes energeticas…Nuestra Constitucion a 100 años de su promulgacion es irreconocible…y en lo personal no entiendo ni veo que celebrar, si es practicamente otra constitucion…Una Constitucion enferma y con multiples intervenciones quirurgicas. Saludos amigo.

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