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Que la evaluación de desempeño descanse en paz – Impulso Informativo

Que la evaluación de desempeño descanse en paz

By on abril 17, 2017

Gustavo Santín Nieto
Gustavo Santin Nieto
La Jornada de Oriente
Orgulloso, faltaba más sobraba menos, las fantasías y las elucubraciones sobre lo que harían, le llenaba de gozo. Eduardo Backhoff, consejero del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), pleno de gloria, anunciaba en marzo de 2015 que “en tres años, todos los maestros estarán evaluados”. Las cuentas en teoría le cuadraban y la fuerza de la administración gubernamental lo permitiría. 400 mil maestros evaluados por año, un millón doscientos mil en tres, la cifra les posibilitaría cumplir con una ansiada meta que propugnaba la reforma laboral, instruida por Peña a instancia de Mexicanos Primero AC y cobijada por muchos, pero muchos enemigos de Elba Esther Gordillo Morales, la otrora poderosa presidenta general vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de maestras y maestros, a quienes satanizaban por los malos resultados que obtenían (y obtienen) niñas, niños y adolescentes, en evaluaciones nacionales e internacionales. Sus cartas credenciales subirían como espuma. Pensaría seguramente que nadie en poco tiempo, haría lo que los Consejeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa lograrían en un corto plazo.

Total, rememoraría, que sin pisar nunca un salón de clases de educación básica y ocasionalmente alguno de media superior, él y sus compañeras y compañeros consejeros incluyendo a la consejera presidente, las autoridades educativas y los organismos descentralizados, tenían un ordenamiento creado ex profeso, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que obligaría a maestras, maestros y al personal de dirección y de supervisión escolar a evaluarse “obligatoriamente”, por lo menos una vez cada cuatro años.

De no resultar idóneos en tres oportunidades, tendrían que asistir a sesiones de “tutoría” que le permitiera cambiar de estatus. Tras reprobar en tres ocasiones la ley permitiría cesar los efectos del nombramiento y separar del servicio profesional docente al maestro o maestra en cuestión, sin responsabilidad para la autoridad educativa correspondiente (artículo 53 LGSPD). Ellos, los del consejo directivo de INEE, señores y señoras de horca y cuchillo, solamente deberían cumplir con lo que les mandatase la ley, aunque Backhoff reconociera deficiencias en la elaboración y validación de las pruebas. Deberían velar por el cumplimiento cabal de los ordenamientos, determinar cada cuánto y a quienes tendrían que someter a una tortura que les libraría –al personal docente examinado–, de las garras de las perversas organizaciones gremiales que les pastorean y que les asignarían plazas en adelante, con base en el mérito al margen de las prebendas, compra y/o venta de plazas, concursos de promoción basados en un escalafón elaborado de acuerdo con quien se quisiese beneficiar, como si trabajar frente a grupo, con las dificultades que implica, no tuviese ninguna gracia y cualquiera pudiera hacerlo con éxito.

No contaba con las contingencias que un importante grupo de mentores de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), impulsarían para protestar en contra de las reformas estructurales y entre ellas la educativa y sobre todo en contra de una evaluación estandarizada, a la que descalificaban por su carácter punitivo y violento. Tampoco preveía que las autoridades, entre ellas las educativas, debiesen recurrir al uso de fuerza institucional desproporcionada para “garantizar el derecho a la evaluación de permanencia en el servicio profesional docente” que de acuerdo a ellas, debieran proporcionar a quienes aceptando la reforma laboral quisiesen “voluntariamente a fuerza”, sustentar una evaluación que les daría el cuestionable “derecho” a ocupar una plaza por cuatro años, en sustitución de aquella que le garantizaba la permanencia en el empleo. Mucho menos presagiaría que los y las docentes y los grupos aliados se irían, literalmente, tras un paro indefinido de labores, a morir en la raya a pesar de los descuentos, ceses, encarcelamientos, persecuciones, diatribas, enfrentamientos y represiones, cuyo saldo superara en 10 el número de muertos.

El anhelo se desvanece. Las reacciones no se hicieron esperar. Tras más de tres años de oposición, que incluyeron diversas acciones y negociaciones con representantes de la Secretaría de Gobernación, de las que marginaron al encargado del despacho educativo de la administración de Peña Nieto, la CNTE y los funcionarios, acordaron el regreso a clases tras iniciado el ciclo escolar 2017–2018, la suspensión de la evaluación obligatoria de permanencia en el servicio hasta noviembre de 2017, el cese de los despidos por no sustentar la evaluación referida, por ausentarse de sus labores, el esclarecimiento de la represión de Nochixtlán y otras demandas adicionales.

Las cuentas no salen. La promesa, las fantasías, las elucubraciones y los sueños de gloria, se quedan para el fuero interno de Backhoff. Sólo 132 mil maestros y maestras habrían sustentado en 2015 la evaluación del desempeño, señala el comunicado de prensa Nº 41, publicado por el INEE el pasado 17 de diciembre de 2015. Equivalente a 10.89 por ciento de un millón 211 mil 782 docentes evaluados, del total comprometido en agosto de ese mismo año. A ellos se sumarían, en noviembre próximo, 150 mil más de acuerdo a los deseos de Nuño, cifra que sumada a la anterior, arrojaría la cantidad de 282 mil docentes evaluados, a tan sólo un año de que concluya la presente administración. Únicamente 23.27 por ciento del total de los maestros y las maestras en servicio.

A este ritmo, señalaría Sylvia Schmelkes, presidente del INEE, la evaluación de permanencia en el servicio profesional docente se concluiría en el año 2027, cuestión que “la pondría en riesgo”. La evaluación de permanencia andaba de parranda y no se repondrá de la borrachera que le causara el rechazo que le generara un grupo importante de maestros y maestras y por la incapacidad operativa de los responsables en el INEE y de las autoridades educativas del ámbito local y federal. Que la evaluación al desempeño descanse en paz y el demiurgo la tenga en su santa gloria.

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