Meade, el Candidato de un Gobierno Sombrío

By on enero 28, 2018
Meade Rehén Peña

GILDARDO CILIA LÓPEZ

@GciliaCilia

La mayor adversidad que afronta José Antonio Meade Kuribreña es que es el candidato del sistema; de un sistema que en las últimas tres administraciones arroja pobres resultados y enormes déficits sociales y económicos. Ese es su principal negativo, la grave crisis que han dejado tres gobiernos, que han llevado al país a enormes problemas de pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad; y es que Meade participó activamente en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Cada propuesta de Meade enfrentará el inconveniente de la falta de credibilidad; por qué no puede dejar de asumir la responsabilidad que a él le corresponde como hombre y candidato del sistema y de la administración sombría de Enrique Peña Nieto. Sin asumir esa autocrítica sus palabras seguirán pareciendo vacías y sólo llevarán a una interrogante: ¿tú le crees a Meade? Por eso sus posturas con respecto a temas sensibles como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad tienen que ser profundas, sin importar los riesgos de ruptura; de no ser así continuará la percepción de que es un personaje que se vincula al interés que tiene un gobierno cuestionado, para muchos fallido, de contar con una sucesión tersa.

Se podría argüir que en los últimos cinco años existieron factores que impidieron objetivamente alcanzar las metas que se propusieron al iniciar la presente administración, entre ellas el anhelado crecimiento del 5 o 6% del PIB; como es sabido crecer en el país a una tasa menor – y más si ésta es inferior a 3% –  significa económicamente  empobrecimiento. Sin embargo, existen otros factores en los que se pudo haber actuado y que sin duda nos hubieran permitido estar en mejores condiciones. Ahora como expresó hace dos años un excelente economista, somos un “barquito con cierta estabilidad macroeconómica”, que tiene que sortear tempestades para evitar un naufragio.

La debilidad de la política fiscal 

Tradicionalmente se aceptaba que la desigualdad era un factor intrínseco en una economía eficiente. En 1962 el economista norteamericano Arthur Okun estableció el paradigma de que una economía de mercado competitiva requiere de cierto grado de desigualdad; de lo contrario, de querer construir una sociedad igualitaria, se tendría un sistema económico menos eficiente y competitivo.

El sacrificio social en aras de alcanzar una economía eficiente, hoy se ve en entredicho, porque incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional reconocen que la desigualdad debe tener un límite y que la política fiscal debe detonar un conjunto de transferencias que posibiliten un crecimiento sostenido y de largo plazo.

Es más, en países con notorios rezagos como el nuestro, para mejorar la plataforma de crecimiento resulta necesario contar con un modelo fiscal más equitativo y con un destino de recursos altamente cualitativo en educación, investigación e infraestructuras que estimulen la productividad laboral; aunada a la existencia de programas que incidan directamente en el empleo y en mejores salarios.

El cuestionamiento a la ortodoxia ha llevado a concluir que para alcanzar mayores niveles de crecimiento y sostenerlos en el largo plazo, es indispensable alinear el objetivo de crecimiento económico con el de la reducción de la desigualdad; y que la responsabilidad de conjugar estos objetivos corresponde a los  gobiernos. La evidencia empírica es importante en este sentido: los países escandinavos y del Centro de Europa son ejemplo de economías de mercado en la que se combinan altos niveles de desregulación con poca desigualdad, ello debido a la existencia de políticas sociales generosas. Existen también economías eficientes que sustentan su esquema de crecimiento económico básicamente en la libertad del mercado y en la desregulación, como Estados Unidos e Inglaterra; sin embargo, sus niveles de desigualdad son más altos en relación con los que experimentan los países del Centro y Norte de Europa.

En nuestro país la política fiscal es fallida en un doble sentido: 1) no ha sido un instrumento para impulsar el crecimiento económico y 2) tampoco ha sido una herramienta eficaz para disminuir los niveles de desigualdad. En este que es el peor de los mundos, han incidido varios factores:

*La concordancia de intereses entre los gobernantes y agentes económicos que distorsionan la asignación de recursos fiscales y facilitan la extracción de utilidades.

*La imposibilidad de establecer una efectiva desregulación del mercado, por la influencia de empresas y hombres de negocios que limitan, a veces en forma exacerbada, la definición y alcances de las políticas públicas.

*La instrumentación de estrategias sustentadas en pocos nichos de mercado y en la atracción de capitales que tienen un bajo impacto social y que se contraponen a la conformación de una estructura económica sólida que posibilite un crecimiento sostenido y sustentable.

*La debilidad fiscal de un Estado que no cuenta con una base recaudatoria suficiente dada la estructura regresiva del ingreso, la inadecuada masa salarial y los bajos salarios, con lo cual la carga fiscal recae básicamente en las clases medias; dicha debilidad además genera una presión constante sobre la deuda pública.

*Y desde luego, la enorme desviación de los recursos públicos de los distintos niveles de gobiernos, alentada por una  corrupción desmedida e incontrolable.

Bajo crecimiento y desigualdad

La tasa de crecimiento durante la administración del Presidente Peña va a ser inferior a 3% y no existen indicios de una recomposición progresiva en la estructura de ingresos de la población. Lo último resulta evidente cuando se analiza el coeficiente de Gini, que es un indicador habitual para medir los niveles de desigualdad. En México dicho coeficiente se mantiene alto aun después de las transferencias fiscales. Conforme a INEGI, en 2016 este coeficiente fue de 0.499 antes de las transferencias fiscales y se movió a 0.448 después de dichas transferencias; recordando que la  desigualdad en las economías es mayor en la medida que el coeficiente se acerca a la unidad.

México, así, registra uno de los coeficientes de Gini más altos entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cuyo promedio se sitúa en 0.32; pero el dato más sobresaliente es que una vez efectuada las transferencias fiscales, en los países de la OCDE el índice de desigualdad disminuye en un margen de 12 a 15 puntos porcentuales; en tanto que en México se reduce en 5 puntos.

Más allá del indicador que hace palpable nuestra desigualdad, debe decirse que en materia de desarrollo social, nadie debería sentirse satisfecho; menos aún si  quien afirma que existen logros sustantivos es un destacado economista, como lo es Meade, que cuenta con un conocimiento profundo sobre la realidad nacional. En materia de combate a la pobreza los resultados deben tender a ser permanentes y la evidencia empírica permite hasta ahora señalar que los apoyos sociales únicamente han servido para que un núcleo de la población rebase transitoriamente los niveles mínimos de bienestar. Adicionalmente, debe señalarse que existe una gran fragilidad en un importante segmento de la clase media, cuyo deterioro en su nivel de ingresos lo hace propender continuamente a la pobreza.

Después de 2008, la pobreza ha aumentado hasta alcanzar cifras nunca antes vistas, extendiéndose a más sectores de la población. El número de pobres en 2016 ascendió a 53.4 millones de personas, cifra mayor a los 49.5 millones existentes en 2008, es decir, en 8 años ingresaron a la fila de la pobreza 3.9 millones de mexicanos más; esto aun cuando el índice con respecto a la población total sea equiparable entre ambos años (44.4% en 2008 contra 43.6% en 2016).

Sin cambios cualitativos en la generación de empleos, en la tasa salarial y en las rentas de los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, las políticas asistenciales tienden a ser crecientes, lo que implica que se destinen cada vez más fondos para evitar que se fracture la cohesión social; siendo estos recursos siempre insuficientes debido a que no se modifican las condiciones estructurales que originan la pobreza. El gasto social, así, se convierte sólo en un paliativo que amortigua la pobreza extrema o moderada, sin que se generen los resortes económicos efectivos que posibilitan una transformación en los niveles de bienestar de la población.

Corrupción

No obstante, la principal crítica hacia Meade no debe circunscribirse al contexto teórico o ideológico, siempre sujeto a debate; tampoco debe centrarse en restarle méritos, porque efectivamente de acuerdo con el CONEVAL el número de personas en pobreza extrema disminuyó de 2012 a 2016 en 2.2 millones de personas, aun cuando dicho abatimiento se soporte en el asistencialismo. El mayor cuestionamiento que se le puede hacer a Meade, se asocia al principal flagelo de la administración de Peña Nieto: la corrupción.

Los datos en materia de corrupción en el país espantan, por lo que vale la pena señalar los que considero más relevantes:

*El costo de la corrupción podría representar hasta el 10% del PIB.

*Conforme a las denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación, 22 gobernadores priistas en la administración de Peña Nieto desviaron alrededor de 259 mil millones de pesos (Fuente; Sin Embargo).

*De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el desvío de fondos realizado sólo por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte asciende al menos a 35 mil millones de pesos, cantidad que supera el ingreso total anual del 10% de la población más pobre del país, que equivale a 27,326 millones de pesos (Fuente: Informe Oxfam).

*La negociación con empresas en las que recurrentemente se han notado sobreprecios en licitaciones y contratos de obra pública para desviar recursos, a lo que se debe de añadir la falta supervisión. Los escándalos de OHL o de Grupo HIGA son los más conocidos,  recordando que los vínculos comerciales de estas empresas datan desde la etapa en que Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México.

*El informe de Transparencia Internacional señala que México tiene el índice de percepción de corrupción más alto de los países de Latinoamérica y el Caribe, con 51%.

¿Qué pudo haber hecho Meade ante el flagelo de la corrupción? Supongo que siendo uno de los funcionarios más cercanos al Presidente Peña, su deber era influir en él para detener la enorme sangría que estaba drenando a las finanzas públicas; advirtiéndole que esto era inadmisible en un país que cuenta con   recursos fiscales escasos y que requiere de contratar deudas públicas extraordinarias para posibilitar su estabilidad y crecimiento.

Dentro del ámbito de su competencia, subyacen al menos dos escándalos que heredados no debió pasar por alto y que ahora tiene que aclarar: la Estafa Maestra, mediante el cual se dio una triangulación de recursos que involucran a la SEDESOL con varias universidades del país y el del papel que desempeñó la Secretaría de Hacienda en el desvió de fondos públicos para fines electorales del PRI en diferentes estados de la República.

Cuando se hace referencia a López Obrador, en forma ortodoxa, se dice que se podría generar una alta volatilidad en los mercados, lo que llevaría a un colapso económico sin precedentes; alguien refiere que en el contexto económico actual su triunfo llevaría a una tormenta perfecta. Lo que no se quiere decir es que el país se encuentra ya en medio de una gran turbulencia y que no se puede avanzar económicamente si se continúa con un gobierno que no garantiza el cumplimiento del derecho de las personas, promoviendo un entorno de respeto a la justicia y a las leyes.

Sí, en efecto, los gobiernos carentes de ética, es decir: los que no orientan adecuadamente los recursos a los sectores medios y a las clases populares; los que no gastan e invierten cualitativamente en aras de un futuro sustentable; los que desperdician recursos en medio de una incuestionable debilidad fiscal y financiera, son los más peligrosos porque ponen en riesgo la cohesión social.

Las democracias con pobreza y desigualdad son extremadamente frágiles. Esto es lo que no se debe olvidar.

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