CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de cuatro años de implementada la reforma educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), parte gremial de los maestros que apoyó las modificaciones constitucionales en la materia, aseguró que existen “inconsistencias” en los cambios y, además, evidenció lo fácil que puede resultar “brincársela”.

Esta tarde, el sindicato que dirige Juan Díaz de la Torre dio a conocer que, luego de “gestiones” con la SEP, logró que se entregara el nombramiento “definitivo” a 861 prefectos de secundarias generales y técnicas, así como a 139 ayudantes de laboratorio de secundarias generales, sin que éstos realizaran la Evaluación de Desempeño del Servicio Profesional Docente, que marca la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), parte medular de la reforma en la materia.

En su mensaje oficial, el sindicato reconoció que la basificación de estos profesores, prefectos y ayudantes de laboratorio había quedado “indefinida”, debido a una “interpretación equivocada de la ley”, porque la LGSPD señala a la evaluación del desempeño como la única vía para que cualquier trabajador interino obtenga un nombramiento definitivo.

Sin embargo, según narró el líder del sindicato con mayor número de agremiados en América Latina, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente determinó que algunas especialidades en educación básica, como la de prefectos y ayudantes de laboratorio, no son sujetas a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, y por tanto no requieren de la evaluación obligatoria.

“El SNTE realizó las gestiones necesarias para que dichos trabajadores pudieran recibir su plaza de manera definitiva y no seguir con interinatos, que en algunos casos ya habían cumplido hasta 37 años”, presumió el gremio en su mensaje a medios.

El mismo Díaz de la Torre adelantó que el SNTE también buscará ante la autoridad educativa un trámite similar para otorgar el nombramiento definitivo a médicos escolares y a 6 mil docentes de Tecnologías.

Desde el 2013, cuando legisladores federales del Pacto por México y congresos locales respaldaron la iniciativa de reforma al artículo tercero y 73 constitucionales, que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que el objeto de la ley era laboral y que contenía algunos vacíos que violaban sus derechos como trabajadores del Estado.

Aun en su último periodo de lucha social –que concluyó ayer con el levantamiento del plantón que tenían instalado desde el 4 de junio, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación—, los profesores insistieron en el diálogo con el gobierno federal para destrabar el problema laboral de la reforma educativa.

Tras 17 días, los profesores de la CNTE no recibieron respuesta ni del presidente Peña Nieto, ni del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y menos del de Educación Pública, Otto Granados Roldán.

La ceremonia en la que se entregaron los nombramientos definitivos a prefectos de secundarias generales y técnicas, así como a ayudantes de laboratorio de secundarias generales, se efectuó a puerta cerrada y sin aviso a los medios de comunicación.

El acto estuvo encabezado por el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, quien expresó que, “con estos logros, se demuestra la fortaleza, unidad y utilidad del sindicato para los agremiados y sus familias”, así como por el secretario general de la sección 10, Gustavo Vera Franco, quien por separado refirió que los resultados de los acuerdos con la SEP eran “un acto de justicia laboral”.