CUERNAVACA, Mor. (apro).- La secretaria de Educación de Morelos, Beatriz Ramírez Velázquez, acusó que “las trabas burocráticas” del gobierno federal no han permitido la reconstrucción y entrega de las escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Luego de que, Proceso en su edición 2185 -que circula esta semana-, publicó que el atraso en la entrega de las escuelas es patente en toda la entidad, porque de 41 planteles que colapsaron apenas se ha entregado uno reconstruido, la funcionaria esquivó los cuestionamientos de los legisladores y culpó a la Federación.

En su comparecencia ante el Congreso local -como parte de la glosa del sexto informe de gobierno de Graco Ramírez-, aseguró: “La responsabilidad de que las escuelas no estén reconstruidas a estas alturas la tiene el procedimiento administrativo de radicación de recursos”.

Según sus datos, después del sismo se detectó la necesidad de reconstruir mil 387 escuelas de educación prescolar, primaria, secundaria, bachillerato e, incluso, instalaciones universitarias.

Ramírez Velázquez también negó las cifras publicadas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), las cuales indican que la gran mayoría de las escuelas no han sido entregadas al 100%.

En cambio, dijo, las 988 escuelas que resultaron con daños menores han sido rehabilitadas en su totalidad. No así las que fueron incluidas en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), unas 399, para las cuales sólo han llegado mil 400 millones de pesos, es decir, un 30% del total.

Luego, justificó que el retraso en la entrega del 70% de los recursos es responsabilidad de la Federación, al asegurar que el gobierno estatal “ya cumplió” con su parte.

Ofreció entregar a legisladores un informe sobre cada una de las escuelas, el costo individual de la reconstrucción y las empresas que estarán ejecutando cada una de las obras.

La omisión en la reconstrucción

En la víspera del primer aniversario del sismo del 19 de septiembre en la entidad, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) presentó un informe sobre las violaciones denunciadas por los damnificados contra las autoridades estatales.

De acuerdo con Juliana García Quintanilla, representante de la CIDHM, la omisión de las autoridades ha sido la principal violación a los derechos humanos de los damnificados. Dijo que, hasta ahora, han registrado 116 quejas de damnificados.

Por ello, demandó a la Fiscalía General de Morelos a que rinda un informe y dé seguimiento a las denuncias sobre los posibles fraudes.

Además, que las autoridades informen sobre la entrega de los recursos y los montos de los donativos recibidos.

García Quintanilla también recomendó que la Cruz Roja y otras organizaciones privadas administren los recursos donados. Según su evaluación, es necesaria la implementación de programas de atención psicosocial y generación de empleos para evitar que se profundice la pobreza en las zonas afectadas.

El informe de la CIDHM enfatizó la importancia de mejorar el acceso a los servicios públicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, así como el derecho al esparcimiento y a la educación entre los damnificados del sismo.