Aliados incómodos (II)

By on octubre 14, 2018
Escuelas jodidas

Maestros

Gustavo Santín Nieto

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

En la segunda parte de la carta Aliados incómodos (I/II) abordo algunas de las razones que me llevan a presuponer la existencia de una alianza coyuntural para abrogar la reforma educativa entre maestras, maestros, autoridades educativas locales, y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas Gracia. Las y los docentes buscarían recuperar los derechos laborales conculcados; poner fin a una evaluación de permanencia en el servicio profesional -de corte sancionatoria- y recuperar los principios filosóficos que dieran vida al Artículo 3 de la Constitución Política. Las autoridades locales demandarían -al menos 21 entidades- revertir los efectos negativos que les generará el reparto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (y Normal) bajo el esquema de la fórmula Nuevo León, agravados a partir del 2013 con la instrumentación de la reforma educativa y la sustitución del FAEB por el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo). Igualitario en principio, el FAEB pretendía “uniformar el costo por alumno en el país”; no obstante, eliminaría en detrimento de las entidades más pobres, “un fondo federal asociado por ley al pago del magisterio federalizado y transferido (Lorenzo Dorantes, Déficit en el Sector Educativo Estatal, 2018) y no consideraría costos diferenciados en la prestación del servicio -inherentes a la dispersión escolar, zonas económicas de vida cara y las diferencias originadas por los estadíos de desarrollo de cada una de la entidades y la menor captación de impuestos-. 

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La decisión política que recentralizó la nómina magisterial, justificada por motivos asociados a la malversación de fondos atribuidos a las autoridades locales, agravó las penurias económicas de las entidades, pese a ello, valdría la pena recordar algunos de los efectos negativos que la aplicación de la fórmula Nuevo León -derivada del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica- originó en perjuicio de Estados Libres y Soberanos. En el recuento de daños resaltarían las pérdidas por 52 954 mdp que por la aplicación de la fórmula entre los años 2008 al 2014, afectaría a 21 entidades y la ganancia en ese mismo lapso, por casi 50 000 mdp que habrían obtenido las restantes, exceptuando al Distrito Federal, territorio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática que no se sumó al ANMEB (1992). Las 21 entidades perderían -a favor de 10- entre 336 y 7 958 millones de pesos (Sonora y Veracruz, respectivamente). Oaxaca, entidad en la que maestros de la CNTE demandaran recientemente dar marcha atrás al FONE -a la que se opusiera AMLO-, Guerrero y Michoacán perderían en este período, entre 6 763.9; 5 969 y 4 954 millones de pesos respectivamente (Ibid, Lorenzo Dorantes). Pérdidas que quedarían sin efecto al firmarse el FONE. 

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Por intermedio del ANMEB la federación transfirió a la entidades “establecimientos escolares, elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles […] así como los recursos financieros utilizados en su operación” y, se comprometió -cuestión que incumplió- “a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura”, señalando que velaría para que se destinaran “recursos relativamente mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias más acusadas”, al tiempo que ejecutaría “programas especiales que permitan elevar los niveles educativos en las zonas desfavorecidas o en aquellas cuya situación educativa es crítica”. Cierto Gracia que en el mismo apartado (IV) del Acuerdo se establece el compromiso para que “aquellos gobiernos estatales que hasta ahora han aportado recursos modestos a la educación” equiparen su gasto educativo con aquellas que ya aportaban mayores recursos, como si por decreto esto fuese posible.

escuelas especiales

Sin recursos suficientes aportados por la federación como establecía el acuerdo original, los patrones sustitutos, tras ser responsables de la primer negociación salarial, pronto sufren los embates de una doble -o triple- negociación salarial (1994; centralizada con el SNTE nacional, local con las secciones y con la CNTE) impuesta por la federación, en la que además se deben asumir cláusulas pactadas, como las que reconocen el pago de prestaciones salariales derivadas de los usos y costumbres y la equiparación  de las prestaciones económicas de los trabajadores de la educación al alza. Diferentes reglas de operación -entre ellas el Acuerdo 482- permitían que las entidades hicieran frente al creciente gasto educativo utilizando a las economías generadas por las incidencias de personal; economías que se utilizaban incluso como complemente del gasto educativo local, incluidos los rubros de infraestructura y del pago de la nómina de origen estatal.

Sin embargo, un acuerdo para la conclusión del proceso de conciliación de plazas transferidas signado el 15 de diciembre de 2014 (en alusión al FAEB) quita a las entidades el ejercicio de recursos presupuestales asignados por medio de la Ley de Egresos de la Federación -incluido el de las economías- centralizando los recursos financieros en la Tesorería de la Federación; pero sin hacerse cargo de las responsabilidades políticas derivadas de la administración de las relaciones laborales (derechos y obligaciones) detentado por el SNTE, incluso en las zonas en las que la CNTE es mayoritaria y sin asumir la responsabilidad de los establecimientos escolares (bienes muebles e inmuebles) ni de los recursos financieros utilizados en su operación.

La insuficiencia de recursos para hacer frente al creciente gasto educativo local hermana las querencias de maestras, maestros, madres y padres de familia, CNTE y SNTE y gobiernos locales, aliados incómodos para lograr un nuevo acuerdo nacional que reconozca la insolvencia de las entidades y las dote con recursos suficientes para hacer frente a las demandas por prestar la educación de calidad que requieren niñas, niños y adolescentes, y/o en su defecto, regresar el servicio educativo a las condiciones que tenía en 1992. Con urgencia se requiere un nuevo pacto federal en el sector educativo.

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