La última y nos vamos

By on diciembre 5, 2018
Otto Granados

Maestros

Gustavo Santín Nieto

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

Otto, el tercer encargado del despacho de una administración que concluyó el pasado 30 de noviembre, no quiso irse sin pena ni gloria Gracia. Ambicionó dar una última vuelta al ruedo mediático, y sin más ni más, acusó a gobernadores de “irresponsabilidad” y haberse despachado con la cuchara grande y de ser los culpables de su propia desgracia. El señalamiento se hizo -según indican algunos medios-  en el marco de un evento público el pasado 28 de noviembre, ante empleados de los titulares de ejecutivos locales siguiendo la máxima de “te lo digo Juan para que lo escuches Pedro”. Le respondía así a Silvano Aureoles, Gobernador Constitucional de Michoacán de Ocampo, quien -previamente- en una rueda de prensa, comunicara ante representantes de medios locales y nacionales que habría iniciado el proceso de entrega-recepción de “todos” los servicios de educación básica y normal a la federación por carecer de recursos para enfrentar las obligaciones contraídas con maestras y maestros, tras la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la educación Básica y Normal, firmado el 18 de mayo de 1992. 

Otto iría más allá en sus acusaciones y agregaría los epítetos como “descuido […] robo […] retención -y apropiación- del ISR”, aunque mencionó que no señalaría a ningún gobernador o Estado en particular, si bien Gracia, la respuesta presupondría una referencia a Silvano y a Michoacán y entre otros, a los ex gobernadores Lázaro Cárdenas Batel -asesor de AMLO- y Leonel Godoy; y, -lo saco a colación- como lo hemos platicado en muchas ocasiones- después de valorar positivamente, la negativa de Cuauhtémoc Cárdenas a firmar el ANMEB en 1992 y oponerse a recibir los servicios educativos de origen federalizado en el Distrito Federal, cuestión que “salvaría” de la debacle financiera a los gobiernos de la capital de la República, pero que pauperizara la economía de las entidades y propiciara una crisis financiera que, casualmente, se manifestara inicialmente en Aguascalientes, entidad que gobernara el ex secretario particular de Carlos Salinas de Gortari. 

Otto se salió por la tangente al querer denostar una acción justificada por el incumplimiento de un acuerdo, mediante el que la federación prometía el oro y el moro y por el cual que se comprometería a proporcionar recursos adicionales para que las entidades enfrentaran las necesidades educativas sin importar que fueran en principio de origen federalizado o estatal. En el mismo Acuerdo, la federación prometería recursos adicionales para enfrentar las disparidades educativas generadas por un contexto pedagógico diferenciado; no obstante las promesas, la federación incumpliría con sus responsabilidades.  

Las estadísticas educativas muestran que, a la firma del ANMEB, la federación aportaría recursos para atender  a 1 de cada 9 alumnas y alumnos que asistían a las escuelas de educación básica en la entidad de Melchor Ocampo. En 2018, la proporción habría cambiado y la federación se haría cargo de poco más de 6 niñas y niños y Michoacán destinaría recursos para afrontar el gasto educativo de poco menos de 4 alumnas y alumnos, sin que crecieran los recursos en sus diferentes fuentes de financiamiento destinados a la entidad en la misma proporción.

Las causas son múltiples; para efectos de la presente, recupero algunas de origen federal que vale la pena destacar Gracia, entre ellas, las vinculadas a las pérdidas financieras provocadas por la entrega y aplicación de los recursos de los fondos federales (FAEB y FONE) a las entidades, sujetos hasta 2013 a la fórmula Nuevo León (2007) y calculados a partir de algunas variables entre las que destacarían: el presupuesto asignado en año anterior; matrícula; inversión estatal y un índice de calidad que nunca se definió pero que ignorara otras que encarecían la prestación del servicio como la pobreza de la población; la dispersión estudiantil; la marginación de los servicios educativos regulares; la población multiétnica y suburbana, todos ellos aspectos que requerían un trato financiero desigual que ayudaría a combatir las asimetrías en materia educativa. Si bien, en principio pretendía uniformar “el costo por alumno en el país”, se ignoró que “fue un fondo federal asociado por ley al pago del magisterio federalizado y transferido” (Déficit en el Sector Educativo Estatal, Lorenzo Dorantes, septiembre 2018) pero que, por su formulación, generó pérdidas en Michoacán por casi 5 000 mdp, asociadas a la disminución porcentual de los recursos asignados a la entidad mediante esta fórmula.

Las penurias que impactaron a Michoacán por la aplicación de la fórmula del FAEB pronto se agudizaron por disposiciones emanadas de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la conciliación de la nómina (FONE), y las intervenciones ex oficio y al margen de los ordenamientos de la Secretaría de Gobernación. En el primer caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retiene recursos por casi 600 mdp anuales, producto del no ejercicio de los recursos para pagar a 1 350 plazas directivas que se ejercen pero que no son reconocidas por la SEP, so pretexto de no ajustarse a los términos marcados en la LGSPD. Igual situación guardarían más de 1500 plazas de subsidio de preescolar y telesecundaria (a las que se incorporan en los últimos años las de Telebachillerato) que no fueron reconocidas por el FONE, a pesar de ser creadas a instancias del Programa Educación Para Todos (1976) que generan pérdidas por más de 3 500 mdp anuales, cantidad que ascendería en 2030, a más de 21 000 mdp. Trato por separado merecen las más de mil plazas anuales otorgadas a normalistas por las administraciones locales, a instancias de la Secretaría de Gobernación (federal), organismo ausente en las minutas firmadas entre Secretaría de Educación Michoacán y la CNTE para preservar “la paz pública”. La última de Otto y nos vamos.

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