COBAEP: cientos de millones para el pago de aviadores

By on febrero 25, 2019
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Cobaep: Refugio de aviadores y operadores políticos como Martínez Amador

LA CORTE DE LOS MILAGROS

Por: Rodolfo Ruiz.

Un sector en el que las nuevas autoridades estatales han encontrado decenas de anomalías, por varios cientos de millones de pesos, es el educativo.

A manera de botón de muestra hoy le presentaré dos asuntos que son elocuentes del cochinero que dejaron los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.

El primero corresponde a una auditoría practicada al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), en la que se detectaron pagos de sueldos improcedentes y de prestaciones excesivas a personal de nómina, a empleados que habían causado baja, que no laboraban o no fueron localizados en sus centros de trabajo o que cobraban sin trabajar ni tener autorización de comisión sindical o licencia.

En el arqueo a la gestión de Carlos Martínez Amador, como director del Cobaep, la Secretaría de la Función Pública federal y la Secretaría de la Contraloría del estado hallaron anomalías que rondan los 80 millones de pesos, sin que hasta la fecha haya un solo sancionado o los recursos públicos observados hayan sido reintegrados a la hacienda federal o estatal.

La auditoría —que se centró en los subsidios de los Fondos y Programas de Educación Media Superior (FPEMS) del ejercicio 2017— detectó pagos improcedentes a personal de nómina por 47 millones 583 mil pesos; 357 pagos quincenales a 111 trabajadores que habían causado baja por un monto de 1 millón 513 mil pesos; y pagos excesivos en 59 plazas por 4 millones 151 mil pesos.

Los auditores también descubrieron que la administración del Cobaep pagó 18 millones 265 mil pesos por concepto de prestaciones en exceso o fuera de norma; que hizo pagos a 39 empleados que no fueron localizados en sus centros de trabajo, ente ellos 316 mil pesos a Luz Elvira Lembrino Sánchez; y pagos improcedentes por 14 millones 424 mil pesos de 12 empleados supuestamente con licencia o comisionados que nunca fueron localizados.

Algunos de estos últimos responden a los nombres de Floriberto Campos Robles, Zoia Hernández Rivera, Henri Martínez Ricardini,María Teresa Rugarcía Merino, Ciro Sánchez Escalona y Juan Carlos Portugués Crespo.

El segundo asunto está relacionado con un adeudo que tiene el gobierno del estado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivado de cursos impartidos en la entidad de bachillerato, licenciaturas y posgrados a distancia o en la modalidad de educación continua.

Los cursos fueron convenidos en abril de 2011 entre funcionarios de la UNAM, como Javier de la Fuente, Francisco Cervantes y Carmen Villatoro, secretario de Desarrollo Institucional y coordinadores de Universidad Abierta y Educación a Distancia y del Bachillerato a Distancia, y Luis Maldonado Venegas y Jorge Benito Cruz Bermúdez, que entonces fungían como secretario y subsecretario de Educación Media Superior.

En septiembre de 2018, la SEP Puebla debía a la UNAM por concepto de tales cursos la cantidad de 41.9 millones de pesos. Antes de dejar el cargo, el último secretario de Educación Pública en el gobierno de José Antonio Gali, Ignacio Alvízar Linares, solicitó al secretario de Finanzas del estado, Enrique Robledo Rubio, una ampliación presupuestal para cubrir ese adeudo.

Por demás está decir que esa ampliación nunca llegó y que la referida deuda se heredó al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.


Dos funcionarios de la SEP Puebla que han aguantado la presión para ser removidos son el oficial mayor Óscar Chapa Palomeque, y el director general administrativo, Manuel Suárez, quien pese haber sido inhabilitado en Guerrero ha logrado mantenerse en la dependencia desde que llegó invitado a la entidad por Luis Maldonado Venegas.


http://archivo.e-consulta.com/blogs/corte/?p=12827

 

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