Millonarios contratos en la SEP a favor de personajes vinculados a la propia Secretaría

By on junio 19, 2019
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Por Fermín Alejandro García

La Jornada de Oriente

Los que creen que llegaron a su fin los intereses económicos del morenovallismo dentro del gobierno estatal se equivocan, pues todavía persisten –con trampas y engaños– importantes resabios. Uno de ellos parece haberse detectado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde al parecer su titular, Miguel Robles Bárcena, habría firmado un millonario convenio con la empresa Proyecto Educativo Puebla, mediante el cual se aplicarán evaluaciones a los niveles de preescolar y hasta bachiller. El problema de fondo, es que los beneficiarios serían funcionarios de la propia SEP, que son juez y parte, pues son quienes estarían atrás de la compañía beneficiada.

Quien encabezaría ese proyecto es Bernardo Hugo Naranjo Piñera, quien es director de Fundación Proyecto Educativo de Puebla y hace apenas unos años era el principal asesor de Patricia Vázquez del Mercado, quien fue titular de la SEP en la parte final del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Otros dos personajes que aparentemente estarían involucrados en esa operación son Bernardo Luis Vidal, quien es el jefe de los sistemas de administración de la Dirección de Control Escolar de la SEP y Fernando Castro, encargado del área de Planeación y Presupuesto de la propia dependencia.

Los contratos en cuestión permitirían a los beneficiarios hacer cobros que van de los 5 y hasta los 20 millones de pesos, dependiendo del nivel educativo que se le practique una evaluación.

No es la primera vez que se pone en evidencia esa relación. En 2016, ya se había denunciado que funcionarios de la SEP, vinculados a Patricia Vázquez y Naranjo Piñera, habían suscrito contratos para dar servicios a la propia Secretaría de Educación Pública. Lo grave es que se vuelva repetir esta práctica viciada.

No es de extrañarse, pues el titular de la SEP, Miguel Robles Bárcena, es un sobreviviente del morenovallismo. Llegó al cargo en el efímero gobierno de Martha Érika Alonso Hidalgo, por una alianza que había entre Rafael Moreno Valle y el exrector de la UNAM, José Narro.

Una fuente de la SEP confió a este columnista el siguiente texto con la información antes mencionada, que parecen ser datos convincentes. A continuación lo reproduzco, respetando la redacción original:

“Funcionarios de primer nivel en la SEP, con denuncias por violar la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con millonarios negocios durante la administración morenovallista, transformados hoy en prósperos empresarios, lograron acelerar la firma del convenio entre la empresa Proyecto Educativo de Puebla S.A. de C.V. y el secretario Miguel Robles Bárcena, situándolos como la principal empresa que ejercerá los programas educativos de preescolar, primaria, secundaria y bachiller cuyas ganancias están entre los 5, 10 y 20 millones de pesos anuales.

“El convenio firmado entre la empresa y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Robles Bárcena, se interpreta como un robo para la institución, obligada a pagar a particulares costos millonarios, por un trabajo que como empleados de la SEP, cobran como dueños de la empresa y/o Fundación Proyecto Educativo de Puebla.

“Destacan como dueños y representantes, el exasesor de la exsecretaria Patricia Vázquez del Mercado, actual director de la empresa y/o Fundación ‘Proyecto Educativo de Puebla’ Bernardo Hugo Naranjo Piñera; Bernardo Luis Vidal, jefe de Sistemas de Administración de la Dirección de Control Escolar dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior y Fernando Castro, director de Planeación y Presupuesto de la SEP.

“Estos personajes empleados y dueños de empresa, que juegan el papel de juez y parte tienen entre sus logros, haber colocado y cobrado programas entre los que destacan Reporte APA, Escuela Poblana, Sistema de Preinscripción y Sistema para la Educación Superior que, desde el año 2016, han tenido resultados fatales, pero altamente remunerables para sus propietarios.

“La empresa Proyecto Educativo de Puebla sedujo al titular de la SEP Miguel Robles Bárcena –de quien también ya se sospecha–, sacando de la manga el Sistema Yolixtli, que presuntamente se encargará del manejo y evaluación de los preescolares durante el presente ciclo escolar, con un costo en primera instancia de 5 millones de pesos.

“De acuerdo a nuestras fuentes, la razón por acelerar la firma de convenio entre la empresa y/o Fundación Proyecto Educativo de Puebla con la SEP, fue, el que antes de llegar la nueva administración de la 4T, con el hasta el momento declarado nuevo responsable de la Educación en el estado Melitón Lozano Pérez, no pueda hacer nada ante un convenio firmado y autorizado por la administración actual.

“Este tipo de convenios, evidencia la continuidad de negocios fructíferos que brinda inocentemente la dependencia, en la adquisición de programas educativos con esta empresa fraudulenta, finalmente son programas desarrollados en la Secretaría de Educación, que después son puestos a la venta por estos sujetos, vivales que timan al estado, vendiéndolos como programas de nueva generación, con ganancias millonarias para sus promotores”.

“La responsabilidad de la nefasta empresa que se encargará de la distribución de los diferentes Programas Educativos en todos los planteles escolares, pone en riesgo la información del educando, ya que esta manejará datos durante el año vigente, sin ninguna obligación sobre años anteriores”.

“Lo mismo habrá de ocurrir, en caso de algún discapacitado, que por alguna recomendación de profesionales, ordene la inclusión en niveles menores a lo que represente su edad escolar, porque el sistema propuesto por Proyecto Educativo Poblano lo rechaza y no lo reconoce como inscrito en algún plantel”.

“La compra de estos programas, además de resultar un desvío a los recursos del erario público, terminan en derroche, que bien pueden utilizarse en el mantenimiento de escuelas o la construcción de las mismas”.

“Queda a la especulación, el desvío de estos dineros, que bien podría catalogarse como lavado de dinero porque se toleran los negocios que favorecen a los funcionarios con altas ganancias, sin beneficio alguno para el proyecto educativo”.

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