Responsabilidad gubernamental

By on junio 26, 2019
educación

Maestros

Gustavo Santín Nieto

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

Mientras que las autoridades educativas se hacen bolas con las querencias, el SNTE y la CNTE afinan estrategias para promover la inclusión de normas similares a las establecidas en el escalafón con las que se regularon los proceso de ascensos y reconocimientos (siempre en beneficio de los cuates), en las leyes secundarias que sustituirán a la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a la Ley General del Servicio Profesional Docente; supervisores escolares -beneficiarios de un procedimiento en muchas ocasiones turbio- de la CDMX lanzan un grito de auxilio financiero, situación que permite visualizar contextos de penuria en la que se desenvuelven quienes se autonombran Inspectores de Enseñanza Primaria, al tiempo en el que en algunas entidades, añejos liderazgos (asociaciones y federaciones que agrupan a madres y padres de familia) se acusan entre sí, por perpetuarse al frente de sus organizaciones y hacer negocios millonarios con las aportaciones voluntarias que deben cubrir de manera obligatoria madres y padres de familia que quieran inscribir o reinscribir a sus hijas e hijos en cualquier institución de educación básica y media superior. 

Sin embargo, además de comentar el deber ser de quienes en la práctica se desempeñan como instrumentos de control sindical y/o gubernamental (correa de transmisión) según sea el caso, se centran en demostrar la inequidad salarial que priva entre lo que perciben quienes se desempeñan en el nivel de primarias y de quienes lo hacen en secundarias, y/o al frente de las supervisiones de educación física. Reconocen que con independencia del procedimiento para colocarse en esa responsabilidad incluida la manipulación del escalafón o la designación unipersonal “el nivel académico no es requisito para acceder a la plaza” (perfil de estudios), puesto que lo mismo desempeñan la misma función profesores de educación primaria (con carrera técnica y con más de 40 años de antigüedad en el servicio) que doctores  “en distintas ramas del conocimiento”. Reconocen que sus perfiles y responsabilidades no son acorde a las necesidades actuales del sistema educativo, que sus horarios son discrecionales, sus salarios y prestaciones diferenciadas pero dejan de lado que carecen del apoyo presupuestal requerido para el desempeño de sus actividades.

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No toman en cuenta -pues lo dan por dado- Gracia, que al carecer de recursos públicos que el desempeño de su función requiere, alguien cubre las necesidades de operación y que no son precisamente las autoridades educativas quienes lo hacen. Literalmente, sus actividades son financiadas por las aportaciones obligatorias que madres, padres y tutores aportan al inicio de cada ciclo escolar, mediante un rubro denominado más o menos como: aportaciones para el funcionamiento de la supervisión escolar y de la jefatura de sector, incluidos en la cédula de “necesidades” mediante las que el personal directivo escolar justifica el monto de las cuotas que solicitan, cubran quienes llevan a sus hijos a los centros escolares.

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Al pie de la letra aunque te sonrías, madres y padres de familia cuyas(os) hijas e hijos asisten a las escuelas públicas de educación obligatoria, se hacen cargo del pago del teléfono, la luz, el internet, la compra del equipo de cómputo, hojas, lápices, papel de baño, desayunos conmemorativos de algún festejo, entre otros gastos y del personal asignado a la oficina de la supervisión escolar en calidad de apoyos técnico pedagógicos y de asistencia a la educación.  

Sucede de la misma manera en las escuelas de financiamiento privado, al carecer de un espacio oficial en el que puedan desempeñar sus actividades de manera normal con cargo al erario, el personal de supervisión se ve forzado a pedir posada y muchas(os) aguinaldos permanentes (tanto en escuelas públicas como privadas) y para financiarse, varias(os) de quienes ocupan estas oficinas, recurren a subterfugios como las de pedir una cooperación por alumna- alumno en general, documentándose casos en los que éstas ascienden a más 60 pesos por cabeza, so pretexto de firmar (o abstenerse de hacerlo) la documentación que debe pasar por sus escritorios; De la misma forma imponen cuotas (al margen de lo que dispongan las autoridades educativas del sector central de manera genérica) por las que no entregan ningún recibo fiscal, por inscripciones a cualquier concurso cívico y/o deportivo, verbigracia los del Himno Nacional, ajedrez, fútbol, atletismo etc. amparándose en el pago a los árbitros y “darles una lana pa´ su torta”; cobros  que denigran una figura de autoridad que debiese ser parte toral de la transformación educativa y del nuevo Acuerdo Nacional por la Educación.

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La falta de responsabilidad financiera gubernamental para con un sector de mandos medios e intermedios, a quienes deja en el abandono, genera que más de 15 000 supervisoras(es) a nivel nacional deban buscar lugar en dónde desarrollar sus funciones y soliciten espacios físicos para laborar a las instituciones, aunque en la mayoría de las ocasiones deban compartir espacios con el alumnado y con el personal docente y directivo de las escuelas (entre ellos los de los sanitarios), laborar en malas condiciones y adicionalmente, que sus actividades no sean  “supervisadas”. Al carecer de  recursos pecuniarios oficiales para desarrollar su encomienda, se ven forzados a recurrir a las madres y padres de familia por intermedio de las direcciones escolares, situación que permite abusos de muchas y muchos funcionarios que desempeñan esas actividades; aunque recientemente una supervisora de educación secundaria me comentara que sus compañeros la critican por no pedir dinero y hacerlos quedar mal. Orgullosa, atribuye que se abstiene por haber ganado su plaza mediante la evaluación de promoción y no deberle el puesto a nadie. Lo de las cuotas escolares es parte de otra carta Gracia.

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