Fallas sistemáticas en la búsqueda de personas

By on septiembre 17, 2019
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  • La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Jalisco está rebasada. Mientras las cifras de personas en esta condición aumenta y los funcionarios acumulan cientos de casos, se acentúa la falta de coordinación entre los responsables para realizar estas tareas

Reporte Indigo

Una familia entera se congrega en medio de la llamada Glorieta de las y los desaparecidos al final del corredor comercial de Chapultepec, en el centro de Guadalajara. Cae la tarde y las personas vestidas de blanco con veladoras en las manos gritan “todos somos Isaac”. Han viajado horas para llegar hasta la urbe para continuar su búsqueda.

Vienen desde La Barca, en los límites de Jalisco y Michoacán, para pedir la aparición con vida de Adrián Isaac Alejo López. Un arquitecto que ya trabajaba en una constructora y empezaba a formar sus propios proyectos, pero la tarde del 31 de agosto fue desaparecido a las puertas del municipio mientras viajaba en su motocicleta.

Cuelgan una lona con información en medio de fotografías y exigencias que piden ayuda a la ciudadanía para poder localizar a las personas desaparecidas. El dolor les ha tenido que enseñar el camino tortuoso de la búsqueda, relata Ana Rosa López, tía de Isaac.

No hay una atención pronta como nosotros quisiéramos. Todo ha sido muy lento, son muchos los expedientes de los desaparecidos y pocos los recursos con los que se cuenta en la fiscalía. Del personal hemos recibido buena atención, pero también ellos hacen lo que pueden

– Ana Rosa López, Tía de Isaac Alejo, desaparecido el 31 de agosto

En Jalisco, las desapariciones van en aumento, pero las autoridades locales no han sido capaces de responder a esta crisis.

En la entidad hay 7 mil 718 casos de personas reportadas como no localizadas o desaparecidas, según la más reciente actualización del Sistema sobre Víctimas de Desaparición, con corte hasta julio de este año

La alta incidencia ha generado una sobrecarga en las labores de búsqueda, reconoce el reciente diagnóstico que elaboró el gobierno estatal para el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, que dedica un capítulo especial a las problemáticas en este tema.

PERSONAL ESCASO

Solo tres personas llevan a cabo las tareas de apoyo al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Las tasas de desaparición del diagnóstico registran un promedio de 509 casos por buscador al mes.

De acuerdo con los procesos que debe llevar a cabo, la comisión inicia su trabajo cuando tiene conocimiento de una solicitud de búsqueda, abre un expediente y solicita a la Fiscalía estatal información útil para investigar de forma directa en las zonas donde se tenga claridad que pudo estar la persona.

Del total, 93 por ciento de los casos son comunicados a la Comisión de Búsqueda por la propia fiscalía ante la denuncia de las familias, señala el diagnóstico. El 5 por ciento son reportes directos de particulares ante dicha instancia y solo el 2 por ciento se iniciaron debido a noticias o informaciones directas a la dependencia.

Pero el mismo documento oficial reconoce que uno de los principales problemas en la desaparición de personas es la mala coordinación entre los responsables de búsqueda e investigación de los casos.

El trabajo de la comisión depende de la obtención, procesamiento, explotación y distribución de la información a la misma para que lleva a cabo acciones concretas. Pero ésta rara vez es compartida y cuando esto ocurre no es la necesaria y tampoco es proporcionada en tiempo, dice.

Las cargas altas de trabajo y el nulo avance en las investigaciones de la fiscalía ha mermado el trabajo de la Comisión de Búsqueda.

Las familias reconocen que la nueva titular, Francelia Hernández, designada apenas en julio pasado, se ha portado a la altura y ha dado buenos resultados, pero no son suficientes debido a la carga de trabajo en esta dependencia.

Durante las manifestaciones en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, el pasado 30 de agosto, se destacó que este organismo clave en la problemática de desaparición no cuenta con las mínimas condiciones para realizar su labor.

PRESUPUESTO DE BÚSQUEDA, GASTADO EN BUROCRACIA

En marzo de 2019 se anunció el incremento del presupuesto para las dependencias especializadas de la entidad en esta problemática, al presentar la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición.

Los recursos destinados a la Comisión de Búsqueda pasaron de 5 a 30 millones de pesos con la promesa de ampliar el personal, los materiales y contar con instalaciones adecuadas para ejercer su labor.

Pero documentos sobre el uso del presupuesto de esta dependencia en lo que va del año evidencian cómo se ha concentrado el gasto en la burocracia y poco en las labores de apoyo para dar con el paradero de las personas.

De los 30 millones 61 mil 98 pesos que se asignaron para este año, hasta septiembre solamente se han ejercido 11 millones 918 mil pesos; 39.65 por ciento del dinero con el que cuenta la entidad pública.

La mayoría del gasto se usó para la contratación de vehículos y equipo terrestre, así como para otros equipos de transporte, que suman 6 millones 201 mil pesos, un 50 por ciento ejercido con respecto a los 11 millones 582 mil 690 pesos que se etiquetaron para este capítulo.

Sueldos y prestaciones laborales son el segundo gasto más fuerte que ha ejercido la Comisión de Búsqueda, donde casi ha gastado el total del presupuesto que se le asignó. Hasta el momento se utilizaron 5 millones 48 mil 368 de los 5 millones 104 mil 528 pesos, es decir, 98 por ciento de lo dedicado a los servicios personales.

Solo tres personas llevan a cabo las tareas de apoyo al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pese a que las tasas de desaparición registran un promedio de 509 casos por buscador al mes

Únicamente, de ese rubro, se han dejado intactos los 56 mil 160 pesos para el ‘impacto al salario en el transcurso del año’.

Finalmente el tercero, de los cuatro capítulos que contempla el presupuesto de la Comisión de Búsqueda, muestra que se gastaron 667 mil 807 pesos para servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. Casi 6 por ciento, con referencia a los 11.6 millones para un rubro que contempla capacitación especializada, servicios e investigación y para profesionales científicos y técnicos.

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