Así lo plantean la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero), Universidad Anáhuac y Universidad Madero (Umad), a través de un posicionamiento.

«La iniciativa presenta disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación en sus diversos tipos y modalidades. Algunas de las obligaciones introducidas resultan excesivas«, dice el documento.

En el documento se critica principalmente la sobrerregulación por parte de la Autoridad Educativa Estatal respecto a los planteles y programas, lo cual contraviene el principio de libertad académica, además que los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (Rvoes) se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con planes y programas de estudio que la autoridad considere procedentes.

En la reglamentación propuesta por el gobernador destaca la regulación de las cuotas escolares que deberá de cobrar una institución en cada nivel educativo, además de que para escuelas públicas como la BUAP, contempla mecanismos legales para obligar a su fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La propuesta del gobernador Miguel Barbosa se presentó después de que la Comisión de Educación del Congreso iniciara el análisis de una propuesta de ley elaborada por el Poder Legislativo, donde inicialmente se incluían únicamente aspectos como la regulación de colores en uniformes, vigilancia de la infraestructura educativa y el castigo a las escuelas que retuvieran documentos en caso de adeudo en las colegiaturas.

Análisis Ley Educación by reportero econsulta

Ley es discriminatoria y sobreregulatoria

En el análisis extendido que incluye el desplegado, el Consorcio Universitario señala que la nueva Ley de Educación de Puebla es discriminatoria pues tiene una carga excesiva de obligaciones a los colegios particulares, las cuales además no tienen fundamento y pueden verse hasta difamatorias.

«Agregar obligaciones a particulares que impartan educación, como lo establece textualmente en los ‘considerandos’ del documento. Eso, sin una claridad o justificación debidamente fundamentada, resulta discriminatorio y de la manera en que se encuentra redactado, hasta difamatorio, ya que no distingue entre las instituciones con calidad acreditada, que están consolidadas, y aquellas que no», exponen.

Entre las obligaciones señaladas está que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro, lo cual calificaron como excesivo pues no se específica su objetivo o alcance y deja de lado el compromiso social que tienen las escuelas en materia de acceso, inclusión y equidad en la educación.

Mal redactada y confusa

Sobre la atribución de la Secretaría de Educación Pública, manifestada como Autoridad Educativa Estatal, el análisis del Consorcio Universitario señala que algunos puntos dentro de la ley son contradictorios, invasivos con disposiciones federales o incluso duplican actividades que ya tienen una regulación previa.

«Incrementa atribuciones de supervisión y vigilancia a la Autoridad Educativa Estatal respecto a los planteles y programas, incluso aquellos que no pertenezcan al Sistema Educativo Estatal. Eso resulta contradictorio con el artículo que establece que todas las instituciones de la entidad pertenecen a dicho sistema (…) Todo esto afecta a los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad entre los diversos tipos de instituciones», concluyeron.

En este sentido señalan que en diversas disposiciones no se distingue niveles o «tipos educativos», ni si se trata de regulaciones aplicables para las instituciones públicas o particulares, lo que causa confusión, incertidumbre y podría causar discrecionalidad e incluso ser fuente de corrupción en su aplicación.

«Se violenta el principio de legalidad que tutela al gobernado para que jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión (…) al no establecerse o definirse los conceptos básicos, la omisión acarreará interpretaciones y alcances arbitrarios por parte de la autoridad en perjuicio de las instituciones privadas», recalcaron.

Viola la autogestión y el derecho a la obtención de recursos

Sobre el tema de las cuotas, el Consorcio Universitario consideró que la nueva Ley de Educación de Puebla vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares, al establecer la revisión de los montos de las colegiaturas y posible sanción en caso de considerar que se aumentaron de manera excesiva con criterios subjetivos.

«Aquí la iniciativa comete un doble error, ya que la autoridad educativa federal no ha emitido dichos lineamientos y, sin embargo, esta iniciativa ya establece la figura de comités para este propósito, lo que además resulta en un proceso burocrático y poco efectivo que no responde a la dinámica y a las necesidades de la educación del siglo XXI», señalaron.

Por esta misma regulación, el Consorcio Universitario señaló que además se vulnera el derecho a la obtención y gestión licita de recursos y de elección de proveedores al señalar como infracción la comercialización de bienes o servicios «notoriamente ajenos al proceso educativo», los cuales incluso se realizan en beneficio de los padres de familia.

Consorcio llama al diálogo

Por lo anterior, el Consorcio Universitario hizo un enérgico llamado a las autoridades estatales, que incluye al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a los integrantes del Congreso del Estado, para tener un diálogo abierto sobre esta nueva Ley de Educación de Puebla, a fin de reconstruir los puntos que vulneran aspectos esenciales de la administración y violan aspectos legales como la obtención de recursos propios.

«La nueva Ley de Educación del Estado de Puebla debe dar lugar a un marco jurídico moderno, con visión de largo plazo, acorde con las necesidades educativas del siglo XXI (…) Los miembros del Consorcio Universitario hacemos un llamado a un diálogo incluyente en los de la mejora de la calidad, la pertinencia social y una perspectiva humanista, en favor de estudiantes, sus familias y la sociedad», exponen.

Asimismo destacaron que la nueva legislación debe reconocer la importancia de la educación impartida por los particulares dentro del Sistema Educativo Estatal, así como el avance y la madurez alcanzados por sus instituciones.

FOTO: E-CONSULTA