Cartas a Gracia: Criterios contrapuestos

By on marzo 9, 2015

Quien les entiende Gracia? Primero señalan que por encima de todos y en cualquier circunstancia se encuentra el interés superior de niñas, niños y adolescentes (Comunicado 045. Educación y salud, prioridades del gobierno de la república: Chuayffet Chemor, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) y después emiten “criterios” mediante los que señalan que las autoridades educativas locales no pueden contratar a quienes presentaron examen de ingreso al servicio profesional docente y lo reprobaron, aunque oficialmente fuesen etiquetados como “no idóneos”, sin importar que los aprobados, los “idóneos” –todos de panzazo–, resultaran insuficientes para cubrir los requerimientos de la demanda de servicios educativos en varias de las entidades que integran a la federación. La preocupación por aplicar a raja tabla nuevos criterios de ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción del personal docente del sistema público Gracia, podría tener, en la lógica de quien “norma” la contratación –el gobierno federal– una explicación coherente con la aplicación del nuevo modelo laboral que emanara de la Reforma Educativa si no fuese por que su empleo, choca con la obligación que para cumplir con el “derecho” que “todo individuo” tiene “a recibir educación”, plasmada en el artículo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la obligación que tiene el Estado“ a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el  Máximo logro de aprendizaje de los educandos,” –establecido en el artículo tercero de la Ley General de Educación–, tienen las autoridades federales, incluidas las educativas y las locales. Es fácil espetar desde un cómodo escritorio de la ciudad de México “que la Ley General del Servicio Profesional Docente (SPD) no admite excepciones, ni para Oaxaca, Michoacán o Guerrero.”, pero es difícil que las autoridades educativas locales argumenten, cuando padres y madres de familia toman escuelas, carreteras y oficinas tras más de un mes en el que sus hijos e hijas no tienen clases, que la falta de docentes frente a grupo se debe al cumplimiento “solícito” de las indicaciones que giran “oficinas centrales”.

Cierto Gracia que la Ley General del Servicio Profesional Docente señala expresamente que “El Ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales,” (artículo 21, capítulo III, Del Ingreso al Servicio), que los concursos serían “públicos” sujetos a reglas especificadas en los incisos a), b), de la fracción I y II del artículo 21 (Del Ingreso al Servicio) del capítulo III de la LGSPD en las que se determinaría el perfil, número de plazas a concurso y otras lindezas Gracia, como las que señalan, inciso c) que las convocatorias se emitirán con la suficiente antelación al inicio del ciclo escolar –prevé la realización de una segunda ronda cuando se requiriese–. El artículo 22 del ordenamiento que nos ocupa se establece que  “En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta Ley.”; sin embargo, si el personal docente contratado fracasa tras un año en su labor frente a grupo, incumple con las evaluaciones y acompañamientos tutoriales, podría ser separado del trabajo que desempeña.

Curiosa forma de entender el interés superior que por la niñez tienen quienes elaborasen la ley y quienes la instrumentan pues para ellos “un año no es nada” cuando de la formación de niñas, niños y adolescentes se trata y cuando en lugar de formarse se deforman por obra y gracia de  un “servidor público” que no demuestra su capacidad.

Pero Gracia, las declaraciones vertidas por Chauyffet Chemor, por Sylvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y las críticas que realizan asociaciones civiles en torno a la asignación de plazas por parte de autoridades educativas locales a quienes resultaron no idóneos y/o a normalistas recién egresados que no presentaron la evaluación prevista por la LGSPD, se enfocan más a cuestiones de forma que de fondo, rasgan sus vestiduras, no les importa que por cuestiones de procedimiento queden cantidades mayúsculas de grupos sin atender por falta de docentes dada la obligación que para seguir las normas escritas y su interpretación, denominado criterio, tienen las autoridades educativas locales y cuando, adicionalmente, cuestionan cualquier forma de solución que para cumplir con ordenamientos constitucionales adopten –derecho a la educación– quienes tienen contacto con los usuarios del servicio, ya sea que respondan a su juicio o a presiones de madres y padres de familia o a apremios que por la defensa de sus derechos realicen trabajadoras de la educación agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sin embargo Gracia, nada de lo escrito en la norma obliga, cuando por las necesidades de la prestación del servicio se justifique, a contratar a quienes reprobaran el examen de ingreso o a quienes por decisión propia se abstuviesen en sustentarlo como sucediera con los normalistas recién egresados de las escuelas normales, rurales y urbanas, de los estados de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que recurrieran a la negociación política y a las movilizaciones para obtenerlas.

Tampoco hay algo escrito que señale que los principios establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente derogan los derechos que a trabajadores y trabajadoras otorgan la Ley Federal del Trabajo y los anexos técnicos, con rango de Ley local pues fueron sancionados por los Congresos Estatales, normativos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Vale la pena recordar que de acuerdo a la conseja pública, todo lo que no está “expresamente prohibido”, está permitido. Cuestión de criterios contrapuestos Gracia.

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