Cartas a Gracia: Acuerdo Segob–CNTE y gobernabilidad

By on junio 8, 2015

Mientras que “organizaciones civiles” esperan se admita el amparo mediante el que un juez anule la suspensión indefinida de los procesos “de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior” (http://goo.gl/aP2JFm) y ordene la suspensión provisional del acto reclamado, Gracia, la Secretaría de Gobernación suscribe un acuerdo, insuficiente según señalamientos emitidos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mediante los que se compromete a cambiar el tono de una evaluación punitiva, respetar derechos laborales y abrir mesas de diálogo que permitan una jornada electoral sin incidentes.

Sin embargo, las posturas se polarizan puesto que mientras que los que se presentan como los “buenos”, los salvadores de la patria, los que nunca “mandaron” a sus hijos a una escuela pública, se pronuncian por defender los derechos superiores de niñas, niños y adolescentes, Gracia, y exigen se dé marcha atrás con una medida que puede destensar el ambiente de crispación que se vive en varias entidades, los otros, los disque malosos de la película, los que defienden sus derechos laborales son exhibidos como zánganos, ladrones y como los “únicos responsables” del atraso académico de los y las menores –como si la pobreza extremas de los infantes y sus familias, la lejanía de los centros escolares, las deficiencias de infraestructura, los mandos medios y superiores improvisados no contaran–, como los responsables de la violencia nacional cuando recurren a la movilización social mediante la que exigen que aparezcan con vida los 42 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” –Ayotzinapa, Guerrero– desaparecidos, cuando con valor civil demandan cuestiones compartidas por muchos grupos sociales; que se dé marcha atrás a reformas estructurales mediante la que un grupo de apátridas entrega los bienes de la nación a compañías trasnacionales, que se ponga un alto al contubernio entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada, cuando responden que sí a la evaluación de sus actividades siempre y cuando, al mismo tiempo se evalúe al sector educativo en su conjunto, cuando se construya un proyecto académico alternativo que en sus miras tenga primero a la nación, cuando cese la represión en contra de los y las jóvenes universitarias vejados solo por serlo.

“Los buenazos” no están conformes con ninguna postura política que adopten actores diferentes a ellos mismos, Gracia, cuestionan que se suspenda una evaluación punitiva, exigen la anulación de la suspensión de la evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción, se manifiestan en contra de cualquier acuerdo y señalan que la CNTE no tiene llenadera y que “doblaron” al gobierno; sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras de la educación que se manifiestan en contra de medidas que pretenden “arrebatarles” derechos adquiridos mediante la figura “sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”, prevista en diferentes apartados (Título quinto de los Derechos, Obligaciones y Sanciones) de la Ley General de Ingreso al Servicio Profesional Docente, tienen la razón: La defensa de trabajo y de sus fuentes de trabajo de los y las trabajadoras de la educación se encuentra prevista en los artículos, 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna) y 5 (A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos) a pesar de que el 5 considere la posibilidad de veda mediante “resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley” y en diferentes artículos delProtocolo de San Salvador, vinculante por convencionalidad, signado por México (Derecho al Trabajo, artículo 1, garantía plena efectividad al derecho al trabajo, artículo 2, condición justa, equitativa y satisfactoria de Trabajo, artículo 7).

Razón reconocida mediante un acuerdo signado por la Secretaría de Gobernación en el que se destaca: “Siendo la estabilidad laboral el reto más importante de las autoridades federales, así como del magisterio de país, el gobierno federal garantiza la no aplicación retroactiva de la ley, por lo que aquel maestro que cuente con un derecho previamente adquirido con anterioridad no sufrirá detrimento en sus percepciones”.

Adicionalmente, y a pesar de ser acusada de violentar disposiciones de LGSPD, de acabar con la reforma educativa, la Secretaría de Gobernación reconoce, mediante el Acuerdo, el derecho que tiene la CNTE como organización para sostener pláticas bilaterales con la Secretaría de Educación Pública que permitan avanzar en el diseño de un proyecto educativo común, charlas en las que se aborden temas como el rediseño de la evaluación atendiendo a criterios, mediante los que se reconozcan, entre otros: condiciones materiales, de infraestructura de los planteles, culturales, étnicas.

Pero, independientemente, Gracia, de la inconformidad de la CNTE por los resultados de su movilización y los acuerdo signados, el de la evaluación no es un tema menor. Función asignada al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE) se ha destacado, hasta ahora, por el carácter punitivo que se le ha dado, por decisiones burocráticas atribuibles a su junta directiva altamente cuestionables, como las asignaciones directas entregadas a Ceneval para realizar pruebas y documentos al margen de la normatividad establecida en la ley de adquisiciones de bienes y servicios. Sin duda alguna que se debe apostar por la gobernabilidad a pesar de la rabietas de “los buenos” y de sus corifeos.

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