Cartas a Gracia: Ganan y pierden

By on julio 20, 2015

Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

El nombramiento de María Alejandra Barrales Magdaleno al frente de la Secretaría de Educación del gobierno del Distrito Federal saca nuevamente a colación un tema que provoca inquietud en Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública de la administración de Enrique Peña Nieto, el de quien –tratándose de maestras y maestros del sistema público– debería ejercer la titularidad de las relaciones colectivas laborales; si las autoridades federales o las locales. La discusión toma forma luego de que Miguel Mancera Aguayo reconociera, a pregunta expresa vinculada con el nombramiento de la política profesional emanada del Partido de la Revolución Democrática –palabras más, palabras menos– que el cuestionamiento sobre si Barrales era o no la adecuada para ejercer la cartera educativa en el territorio federal no era trascendente porque los servicios educativos en la Ciudad de México dependían directamente del gobierno federal y ella, o quien hubiese quedado al frente, adquiriría, sin decirlo literalmente, un carácter de gestora oficiosa “concurrente” que sólo atendería cuestiones adjetivas a la función educativa sustantiva, rebajando al puesto y a la funcionaria recién nombrada.

Pero, más allá de la construcción de acuerdos políticos entre el neopriista Mancera Aguayo y algunas de las expresiones que arriban a la administración capitalina, etre ellas las de los Cárdenas, el análisis de la pertinencia de concluir o de continuar con un “acuerdo” entre las partes implicadas, pasaría por el distinción un posible costo beneficio de la política desconcentradora y descentralizadora, en parte, sugerida en su momento por Jesús Reyes Heroles y concretada años más tarde por Carlos Salinas de Gortari. ¿A quien, tras 23 años del ANMEB, perjudica o beneficia un acuerdo cuestionado por Emilio Chuayffet Chemor?, aparentemente no beneficiaría a niñas, niños y adolescentes definidos por leyes mexicanas y por tratados internacionales como el interés superior de la sociedad y de la nación, quienes presentados por el ¿secretario? como rehenes de la defensa de los intereses laborales de los trabajadores de la educación en diversas entidades (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas), tras casi cinco lustros transcurridos seguirían a la espera del cumplimiento de tareas institucionales pendientes entre las que destacarían, la transformación de la estructura organizativa de la SEP, la consolidación de la planta física (edificios mobiliario y equipo) y el fortalecimiento de fuentes alternativas de financiamiento para la promoción de la acción educativa (Introducción del ANMEB), indispensables, señalaría el decreto, para la instrumentación de la “educación de calidad” requerida para el logro de los “objetivos” aspiracionales propuestos el 18 de mayo de 1992.

Pero si los y las infantes y los adolescentes no han sido beneficiados por el Acuerdo al no mejorar la calidad de la educación que les presta el Estado como evidenciaría el “Pacto por México”, ¿qué otros actores del proceso educativo sí lo habrían sido? Evidentemente la calificación por parte de los quienes participasen en ese proceso se daría en función de la transferencia de los recursos humanos, físicos y materiales. De entrada, el gobierno federal ganaría cuando transfirió problemas, entre ellos los de la administración de los recursos humanos y los conflictos sociales crecientes, los vinculados con la regularización de la tenencia de los inmuebles en los que se prestaba el servicio educativo, los relacionados con el gasto corriente de las escuelas a cargo de las cuotas voluntarias de madres y padres de familia y en la conservación del control normativo de los recursos financieros. El gobierno federal dice en qué y cómo gastar. Los gobierno locales ganaron  con la “administración” de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y Normal del que destinasen “economías”, al pago de las prestaciones pactadas localmente producto de la doble negociación salarial endosada por la federación a partir de 1994 y al financiamiento subvencionado del gasto corriente estatal –aún y cuando restituyan lo que toman prestado– y destinaran recursos a actividades de promoción política y actividades socioculturales no previstas con el objeto del gasto transferido, pero perdieron cuando debieron enfrentar a un gremio nacional, representado formalmente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o por alguna de las expresiones sindicales (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) de carácter regional en condiciones de franca debilidad.

Quienes perdieron pero aparentemente ganaron, a pesar de la firma de Elba Esther Gordillo Morales que reconocía la normatividad establecida en el Reglamento de las Condiciones de Trabajo de 1936 por el que la SEP se obligaba a otorgar licencias sindicales sin goce de salario para el personal de la secretaría que desempeñara alguna comisión sindical pero que mantenía el reconocimiento a las prestaciones obtenidas por los trabajadores ganadas por mediante el “método de usos y costumbres” (anexos técnicos) fueron los trabajadores y trabajadoras de la educación, sometidos a la antidemocracia sindical mediante el contubernio que otorgaba por disposición gubernamental, al margen de lo que quisiesen los afectados, la titularidad –y la toma de nota– de las relaciones laborales Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un Acuerdo político sustituido por un pacto que da marcha atrás sin importar el bajo impacto que en la mejora de la calidad educativa lograrán, si no al paso de los años.

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