Cartas a Gracia: Gratuidad en entredicho

By on agosto 4, 2015

Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

No tiene sentido. Ante un auditorio integrados por niños y niñas que obtuviesen los mejores resultados en la “Olimpiada del Conocimiento Infantil 2015” Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal insiste en señalar que “la reforma educativa no busca privatizar la educación ni afectar los derechos laborales de los docentes”; refrenda lo dicho previamente por Emilio Chuayffet Chemor encargado del despacho educativo de la presente administración, Gabino Cué Monteagudo, gobernador constitucional, Rosario Robles Berlanga y otros muchos más corifeos, mientras enfocan baterías en contra de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la que con antelación y mediante medios de comunicación masiva se “evidenciara” como el origen de todos lo males y de la corrupción prevaleciente en la operación del servicio educativo en la entidad, como si éste fenómeno fuera privativo de un solo Estado.

Principio establecido en la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;” vinculado a la obligatoriedad que tienen mexicanas y mexicanos para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y a partir del 2018 la media superior, establecido en primer parágrafo, obliga al Estado a prestarla con “calidad”, de tal manera que el estudiantado contase con “los materiales y métodos educativos, (con) la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos (que) garanticen el máximo logro de (su) aprendizaje…” (párrafo tercero, artículo 3 constitucional), exigencia que demandaría de los gobiernos y de las administraciones gubernamentales, una inversión financiera creciente y a tiempo, superior a 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta llegar a los porcentajes invertidos por países desarrollados (20 por ciento del PIB), para cumplir a más de las obligaciones constitucionales, con convenios internacionales signados por el ejecutivo de la Nación y ratificados por el Senado de la República.

Sin embargo, la práctica muestra lo contrario. Mientras que por un lado el titular del Ejecutivo pide “a los maestros que no se dejen engañar porque de ninguna manera se pretende privatizar la educación.”, madres y padres de familia asumen el gasto corriente de los planteles a los que acuden sus vástagos “a través de aportaciones voluntarias” requisito indispensable para obtener la inscripción o la reinscripción de niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Mediante las aportaciones voluntarias contratan a maestros y maestras sustitutos(as) y a personal de servicios de apoyo a la educación, compran implementos de aseo, pagan “el teléfono y la luz” y adquieren computadoras, construyen aulas y letrinas, contratan pipas para el surtimiento de agua, aportan trabajo en especie para múltiples actividades, financian actividades extraescolares y en ocasiones compran gasolina para que el director asista a la supervisión escolar o a la jefatura de sector y a las oficinas centrales de la secretarías de educación. Cálculos conservadores establecen que madres y padres de familia destinarían en el ciclo escolar 2014–2015, casi 13 mil millones de pesos anuales como inversión complementaria a los “298 mil 341 mdp (que) se destinarán al gasto corriente,” (monto total destinado a educación, en el ramo 11;), aportación superior en casi un 40 por ciento a los “7 mil 400 mdp se dedicarán a la inversión del sector educativo.” (http://goo.gl/Tv5mhZ).

Cuestión de vaso medio vacío o medio lleno según la óptica (si se hace énfasis en quien sostiene directamente a las escuelas), el concepto de gratuidad conlleva la obligación para que quien determina, el Estado y el gobierno emanado, que niñas, niños y adolescentes cursen hasta cierto nivel de estudios, lo hagan en las mejores condiciones. Derecho humano fundamental al que alude el decreto por el que se crea el nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como justificación para retomar una rectoría de la educación entregada voluntariamente a las organizaciones magisteriales, interés superior de la Nación previsto en la Ley Genera de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente al que aluden frecuentemente Chuayffet Chemor y Mexicanos Primero AC., se vulnera y se torna más injusto cuando el sostén de las instituciones en zonas indígenas, rurales, semiurbanas y urbanas populares recae sobre madres, padres de familia y sobre el trabajo del personal docente que labora en condiciones menos que precarias.

Señalar que la educación en México no se privatizaría porque la iniciativa privada no contaría con los recursos financieros, materiales y humanos para hacerse cargo de un servicio trascendente para cualquier organización, como argumentan organizaciones civiles pro empresariales, sería ignorar que experimentos fallidos como el chileno, adoptado por Augusto Pinochet abonaron en ese sentido, que sugerencias de doctrina económica y organismos internacionales postulan (Chicago boys) repartir el gasto educativo a través de bonos que califiquen a partir de la elección de los usuarios del servicio educativo, a quien entregar el recurso que se dispersaría bajo criterios particulares y en que instituciones confiar y/o a que escuelas asistir incluidas las que prestan el servicio de manera privada en detrimento de las escuelas ubicadas en zonas marginadas del país. Nada que tuviese que ver con garantizar que de manera realmente gratuita, niñas niños y adolescentes asistan a la escuela desayunados y bien comidos, con los medios de transporte que eviten que los y las menores realicen largas jornadas para llegar a los planteles escolares, que tuviesen todos los materiales didácticos requeridos incluidos los libros de texto, libretas y demás consumibles, y acceso a una educación integral en la que la música, el deporte, la literatura y la poesía formaran parte de la currícula.

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