Cartas a Gracia: ¿No que no es punitiva?

By on agosto 10, 2015

Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

Mucho insisten en declarar que la evaluación docente no es punitiva por que no “habrá” sanción alguna en contra de los docentes que no la aprueben “más que el retiro de grupo para los maestros que no tengan resultados satisfactorios en tres oportunidades” (http://goo.gl/5XA8Wh), sin embargo, la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) establece que la evaluación será obligatoria (párrafo 1 artículo 52, Capítulo VIII, De la Permanencia en el Servicio, LGSPD) y en sentido contrario a lo que externa Silvia Schmelkes, consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), señala que: “En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda.” (http://goo.gl/7ZWyzv), Afirmación acotada por el octavo transitorio de la LGSPD que a la letra reza que quien “no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley” sería “readscrito” a otras tareas, “no separado de la función pública” o tendría la opción de un retiro voluntario, no así quien no participe en los “los procesos de evaluación” o readaptación profesional (programas de regularización).

Pero a pesar de que Schmelkes culpe a la desinformación por la protestas que vertiera el magisterio “disidente” en contra de la evaluación docente, ya que según su dicho, “los maestros no perderán su plaza automáticamente, pues cuentan con tres oportunidades para conservarla” (http://goo.gl/5XA8Wh), el manejo mediático de la información de los resultados muestra un camino diferente. Culpados por empresarios, asociaciones civiles pro empresariales, por la clase política aglutinada en torno al Pacto por México y, el colmo, por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), maestros y maestras aparecen como los responsables de la tragedia educativa mexicana evidenciada por los deplorables resultados obtenidos por alumnos y alumnas mexicanos y mexicanas en pruebas internacionales (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE) y nacionales (ENLACE y PLANEA), como si ellos, los responsables de transmitir saberes, no fuesen sólo una parte de un amplísimo proceso coordinado por la administración en turno del estado mexicano mediante la formulación de políticas públicas.

Sin embargo, la percepción de trabajadores y trabajadoras de la educación de diferentes regiones del país, sin importar filiaciones gremiales, externa un sentir discordante; señala que la evaluación si es punitiva y los quieren despedir de empleos que desempeñan desde hace muchos años para contratar en su lugar, a egresados jóvenes de universidades públicas y privadas. Personal docente que se ha sometido a la prueba de opción múltiple (concursos de promoción a cargos de director, supervisor y asesores técnicos pedagógicos en educación básica,) denuncia un examen mal elaborado y mal organizado, realizado en un sistema de cómputo “lento” y con fallas de acceso a internet, lo que propiciara que muchos de los sustentantes no concluyeran la prueba, con “faltas de ortografía, errores de redacción, fallas de sintaxis y palabras mal escritas. Su contenido era de una pobreza espectral, carente de fundamento. Las repuestas solicitadas rayaban en la estupidez y, con frecuencia, se formularon varias preguntas con la misma contestación”. (Regeneración.mx).

Si la evaluación docente no es punitiva, como señalan las autoridades educativas, incluido Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación, si no busca correr a maestras y maestros y persigue solamente contar con los mejores, ¿por qué exhibirlos de la manera en la que se está haciendo? ¿por qué destacar a todas luces que uno de cada dos maestras y maestros de los que presentaron un examen de promoción a cargos de dirección, supervisión escolar o apoyo técnico pedagógico en educación básica fueron calificados como “no idóneos”, no aptos, para desempeñar las funciones requeridas? ¿por qué destacar, si solo salieron 8 mil 238 plazas a concurso que 2 mil 119 maestros, 5.26 por ciento de los suspirantes se colocó en el nivel A, 6 mil 208 en el B (15.40 por ciento) y 13 mil 119 maestros de panzazo en el nivel C (32.54 por ciento).

Valdría la pena cuestionar si el examen aplicado a los suspirantes fue el “idóneo” para calificar si un o una docente, preparado profesionalmente para transmitir conocimientos, “responsable del proceso de enseñanza aprendizaje” (fracción XXV, artículo I, LGSPD), tendría las aptitudes requeridas para concursar por una plaza de dirección de escuela o de supervisión escolar sin tener previamente, el acompañamiento y la capacitación que sustituyera un proceso de formación profesional en las áreas de administración y gestión escolar y si mediante la práctica docente hubiese aprendido las etapas del proceso administrativo (planear, programar, organizar, motivar, coordinar, evaluar, dirigir procesos de mejora continua, comunicar) establecidos en la fracción XXIII del artículo I de la LGSPD, si como docente, sin adiestramiento previo y acompañamiento, hubiese aprendido a vigilar “el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas” y si además fuera “idóneo” para promover la consecución de la “calidad de la educación;” indefinida en una fracción reformada del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si tuviese los dones requeridos para “favorece la comunicación entre escuelas, padres de familia y comunidades” (fracción XXIV, artículo 1 LGSPD).

Una prueba a distancia, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que no mide realmente “las competencias” requeridas para ocupar los puestos a concurso y no permite conocer la forma de interactuar del nuevo funcionario con el alumnado, el personal docente, madres y padres de familia y con la comunidad seguramente estará orientada a generar una burocracia administrativa leal a quienes los contratan sin importar el logro de educación de calidad que requieren niñas, niños y adolescentes.

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