Nuevos “triángulos rojos”

Saldaña Rodríguez alertó que ya hay tres zonas que podrían considerarse “triángulos rojos”: el primero es el ya conocido, de los municipios de Tecamachalco, Quecholac, Tepeaca, Palmar de Bravo, Acatzingo y Amozoc.

El segundo involucra los municipios de la Sierra Norte, con epicentro en Venustiano Carranza, y el tercero en la capital del estado, con su punto de partida en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

En el caso de Puebla capital, señaló que principalmente se roba gas, lo cual ha ubicado a la entidad como la primera a nivel nacional en tomas clandestinas de este combustible.

La extracción y venta ha llegado a niveles industriales, por lo que estimó utilidades de entre 13 y 14 millones de pesos diarios.

El auge de este delito lo atribuyó a que el CJNG ha ganado territorio a Los Zetas, agrupación que se ha debilitado por divisiones internas.

La llegada del CJNG

Saldaña Rodríguez explicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a operar en Puebla desde su fundación en 2015, pero se fortaleció hasta finales de 2018.

El conflicto postelectoral derivado de la elección de la gubernatura, el posterior fallecimiento de la ex gobernadora Martha Erika Alonzo Hidalgo, el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y la elección extraordinaria que luego ganó Miguel Barbosa Huerta habrían generado un “vacío de poder” que permitió a dicha agrupación criminal ganar territorio en el estado.

El especialista advirtió que esta disputa por “la plaza” ha agudizado la violencia y esto se nota en el aumento de homicidios, principalmente ejecuciones en municipios conflictivos.

Más ejecuciones tras año de pandemia

Con base en su registro propio, al cual denomina “ejecutómetro”, dio a conocer que de enero a mayo se habrían cometido 98 ejecuciones, de las cuales 40 se suscitaron sólo en mayo.

Para dimensionar el problema, refirió que en el 2020, en el cual hubo pandemia 9 meses, sumaron solo 65 ejecuciones.

Esto significa que en todo un año se registró 66 por ciento de los crímenes contabilizados sólo en los primeros cuatro meses de 2021.

Del 1 al 8 de junio dio cuenta de 10 ejecuciones, cinco de ellas en el primer “triángulo rojo”, por lo que estimó que a este ritmo el año cerraría con al menos 160 delitos de este tipo.

Comunidades y el crimen

El auge del robo de combustible también lo atribuyó a la participación de comunidades enteras, que incluso protegen a líderes criminales al grado de enfrentarse con la fuerza pública.

Si bien señaló que la mitad de quienes colaboran en este delito ganan menos de 500 pesos al día por arriesgar su vida en las tomas, acarreo o almacenamiento de combustible, enfatizó que la realidad es que no hay otras opciones de empleo legal que les garantice un ingreso permanente, aunque sea menor.

Remarcó que para reservar este problema no se requiere únicamente de más patrullas y policías, sino de estrategias sociales y educativas que permitan a la población tener otras vías para sobrevivir.

La creación de empleos bien remuneradosla inversión pública y privada en zonas con alta incidencia delictiva, así como el acceso a la educación superior son algunas medidas que vio urgentes para combatir el “huachicol” sin violencia.