Gallo en corral ajeno

By on junio 21, 2021
Gertz

Revista Educarnos

Según carta fechada el 19 de abril del 2021, firmada por el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, presidente de la comisión especial dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), cinco libros como autor único, dos capítulos de libros y seis artículos científicos bastaron para que el Dr. Alejandro Gertz Manero llegara al nivel III del escalafón marcado por el SNI. Basado en un proceso judicial para reforzar los méritos académicos de esas publicaciones y con una interpretación basada en el principio por persona de la expresión “Y/0”, el actual Fiscal General de la República, con 81 años de edad, logra un salto vertiginoso en su carrera académica.

Aun cuando algunos de los libros que sirven de base para la evaluación sean de hace más de cuarenta años, los textos sean de divulgación y su trabajo haya estado más enfocado a la investigación judicial que a la académica, además de no haber dirigido tesis de grado, la insistencia jurídica del Doctor Gertz Manero, le valió que evitara las categorías de candidato y los niveles I y II del SNI. Poco más y entra al sistema con la categoría de “emérito”, que se otorga por haber sido ratificado en el nivel III al menos dos veces. El Dr. Gertz Manero cuenta (según la carta de marras) con tres títulos de doctor en derecho: dos por instituciones nacionales y una en el extranjero. Fue rector de la Universidad de las Américas y Diputado Federal por Movimiento Ciudadano.

En todo caso, el nombramiento dentro del SNI y la categoría alcanzada por Gertz no sólo han desatado una serie de debates entre quienes aseguran que sus méritos académicos son suficientes para ubicarlo en ella, quienes cuestionan las meritocracia, quienes señalan que el SNI no fue diseñado como un sistema de pensión por edad avanzada, quienes ven devaluadas las trayectorias de muchas personas dedicadas al trabajo académico durante décadas, quienes cuestionan la credibilidad de los criterios del Sistema Nacional de Investigadores, sino que pueden cuestionar la utilidad de una remuneración adicional al trabajo de la investigación académica.

De forma paralela al razonamiento que plantea que los estímulos al desempeño académico de los docentes en las universidades públicas deberían ser parte de los salarios regulares de los docentes, cabe la posibilidad de sugerir que la actividad de investigación se pague como parte integral de los sueldos. El nombramiento, que algunos argumentan que es justo para ese caso, llama al litigio respecto a la exclusión de estos incentivos para muchas otras personas dedicadas a la vida académica en diversos niveles de la educación pública y privada. Si ya los pagos de los incentivos del SNI a los académicos de las universidades privadas habían desatado debates y descalificaciones y hasta se señaló de elitistas a los docentes de esas instituciones, el nuevo nombramiento a una persona que se ha desempeñado principalmente como funcionario público plantea que deberíamos reconsiderar cómo debe pagarse, ejercerse y promoverse la actividad docente y de investigación académica en ciencias básicas y aplicadas.

En todo caso, lo que muestra es que un “gallo” que ha estado en otros ámbitos distintos a la actividad académica y que entra en ella con un nivel alto parece tener algunos rasgos en común con un “toro” que peleó por ser candidato a un puesto de elección popular a pesar de que parte de las bases del partido que lo promovía (en especial las mujeres) declararan que no cumplía con los criterios de calidad moral. ¿Habría que revisar jurídicamente muchos otros casos de solicitudes de ingreso al SNI y aplicar el mismo criterio del principio pro persona en vez de seguir los establecidos en los reglamentos que consideran la actividad y la producción académicas? ¿Es propósito explícito de este régimen acabar con la meritocracia y recurrir a la falacia ad misericordiam por edad o por amistad con los poderosos?

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