Nora Merino por presumir reforma que es una realidad desde los noventas

By on julio 19, 2021
Nora Merino

La presidente del Congreso de Puebla, Nora Merino Escamilla, fue exhibida en Twitter por presumir la aprobación de una reforma que obliga la gratuidad de los métodos anticonceptivos en las instituciones de salud pública, cuando esto se encuentra garantizado a nivel nacional desde hace casi tres décadas.

“Avisen a la diputada Nora Merino que la gratuidad en métodos anticonceptivos ya era una obligación desde la NOM 005-SSA2-1993”, se alertó desde cuentas vinculadas a colectivos feministas que impulsan la legalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación, iniciativa que el Poder Legislativo local se ha negado a votar.

Otros usuarios de esa red social recordaron que fuera del Congreso se encuentra un plantón del colectivo Voz de los Desaparecidos que exige la aprobación de una ley en la materia, por lo que pidieron a Merino atender a los integrantes de esa organización y “ponerse a trabajar”.

La presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política publicó en su cuenta personal @NoraMEscamilla que “por primera vez la Secretaría de Salud dará gratuitamente métodos anticonceptivos y productos de higiene menstrual”, gracias a que el Poder Legislativo aprobó una propuesta que presentó en ese sentido.

“¡Lo logramos! (…) Adiós tabúes”, festejó la también coordinadora de la bancada del grupo parlamentario de Morena, quien llegó al Congreso en 2018como diputada del Partido Encuentro Social (PES), fuerza política de derecha a la que renunció posteriormente.

En respuesta, la activista Vanesa Silva manifestó: “No sé cuelgue medallas que no son suyas y mejor pónganse a trabajar que tiene un plantón fuera del Congreso de familiares de personas desaparecidas”.

¿Qué dice la NOM 005-SSA2-1993?

La NOM 005-SSA2-1993 enlista en los servicios de planificación familiar la “selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos”, los cuales “deben ser gratuitos cuando sean prestados por instituciones del sector público”.

Se encuentra vigente en el país desde el 31 de mayo de 1994 y es de observancia obligatoria en todas las unidades de salud de los sectores público, social y privado del país.

La vigilancia y aplicación de la norma corresponde a la Secretaría de Salud federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.