Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencian que 3.7 millones de niños y niñas en el país trabajan en actividades no permitidas. La meta para México y el resto de las economías de Latinoamérica es eliminar el trabajo infantil para el 2025, en el caso de nuestro territorio, alcanzar el objetivo se percibe muy lejano pese a los esfuerzos realizados en los últimos años.

“En nuestro país hay una deuda importante con la erradicación del trabajo infantil, y tiene que ver con un contexto social poco favorecedor en que las familias se encuentran en una desigualdad en donde niñas y niños se ven expulsados a actividades que comprometen su desarrollo”, dice Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El trabajo infantil es un fenómeno multifactorial y con implicaciones en diversas aristas. De acuerdo con el informe Erradicar el trabajo infantil para 2025 en Centroamérica y México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nuestro país y la región central del continente tienen las tasas más altas de menores en actividades no permitidas.

“Nuestro país se encuentra en una situación complicada respecto al trabajo infantil. El problema tiene una dimensión grande”, señala Cinthya Galicia, responsable del proyecto Campos de Esperanza de World Vision México. A decir de la especialista, la deserción escolar durante la emergencia sanitaria de la Covid-19 tuvo un impacto directo en el crecimiento de la problemática.

La erradicación del trabajo infantil no sólo es un compromiso asumido por México a través de la agenda 2030, también es una exigencia en el marco del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Nuestro país ha tomado diversas acciones, desde la recolección de información oportuna hasta la aplicación de un protocolo de inspección de trabajo enfocado en el empleo de menores.

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la oficina de la OIT para México y Cuba, coincide en que la pandemia de Covid-19 “complicó en muchos países” los avances. “Necesitamos contrarrestar las consecuencias, el trabajo infantil se consolidó en muchas familias porque los niños de pronto tuvieron que trabajar porque no se consiguió una protección social para todas”.

Pese a ello, el representante del organismo internacional reconoce que nuestro país ha tenido avances importantes en esta asignatura que lo han posicionado como un referente en el tema. “México ha comenzado a construir políticas concretas a partir de leyes y estructuras, que hizo que como OIT acompañáramos ese proceso”.

Las ratificaciones de los convenios 138 y 182, la actualización del marco regulatorio, el levantamiento de encuestas, el protocolo de inspección para el trabajo infantil, las cláusulas tipo en contratos colectivos, la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores (CITI), y proyectos focalizados en entidades como Guerrero, Jalisco o Baja California, son sólo algunas medidas que ha tomado nuestro país.

El sector agrícola es el más representativo, de acuerdo con el Inegi, el 33% de los menores labora en actividades primarias. Pero no es el único, los servicios (23.2%) y el comercio (21.5%) también tienen una alta proporción de niñas y niños trabajando. “Tenemos registros de niñas y niños trabajando en industrias que son peligrosas como la minera o la manufactura. El trabajo doméstico de muchas niñas y niños no debería suceder, pero desafortunadamente es una práctica que sigue estando arraigada, pero no nos puede ser indiferente que una niña de 14 o de 12 años esté pidiendo trabajo doméstico”, afirma Cinthya Galicia.

La problemática se agrava más con la incidencia de grupos delictivos, señala Gabriela Ruiz. “Es alarmante porque estos grupos están captando a los niños y niñas para actividades que van desde la explotación sexual hasta para usarlos como sicarios”. A esto se suma el desafío migratorio, “muchos niños transitan solos por nuestro país y eso los pone en un foco de riesgo”.

¿Qué sigue?

El fenómeno migratorio es “complejo y cambiante”, y es uno de los desafíos que tiene México para erradicar el trabajo infantil, opina Pedro Américo Furtado. “Sabemos que hay niñas y niños que vienen de El Salvador, Guatemala u Honduras, es un tema al que debemos estar atentos. Otro reto es promover la cooperación SUR-SUR entre países, y un tema que no es menor, es fortalecer el trabajo de cadenas de valor en el marco del T-MEC”.

Las redes de empresas contra el trabajo infantil y el intercambio entre ellas, y las estrategias de las organizaciones de empleadores en esta materia, es una de las recomendaciones de la OIT tanto para México como Centroamérica.

Desde la perspectiva de Cinthya Galicia, la política pública para eliminar el trabajo de menores debe considerar acciones para generar consciencia entre la población. “Algo que me gustaría ver en la próxima administración es una mayor coordinación con organizaciones civiles. La apertura que nos da el gobierno para incidir como la capacitación, difusión o publicación de materiales para advertir a más personas, nos ayudará a alcanzar muchos lugares donde la información no llega”.

Por su parte, Carmen Gabriela Ruiz considera que la construcción legislativa puede ser un avance, pero “no necesariamente es una garantía de erradicación”. En ese sentido, subraya la especialista, el país tiene que fortalecer el tejido comunitario. “Tenemos que pensar en las niñas y niños se desarrollan en contextos y estos, deben ser atendidos. No es que las familias no quieran generar condiciones adecuadas, hay toda una estructura que inhibe el desarrollo de los integrantes”.

Con información: El Economista