Esta situación incluso genera más problemas entre las partes involucradas en un conflicto laboral, al discutir quién debe pagar por esos servicios.

Añadió que tampoco hay vehículos ni viáticos para que los trabajadores puedan realizar tareas, como las notificaciones.

Destacó que en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas comenzó el calvario para los usuarios y abogados, puesto que la falta de personal hizo más lenta la resolución de expedientes, ya que la carga de trabajo elevó para quienes conservaron su empleo.

Uno de los ejemplos que mencionó, es que actualmente los secretarios de acuerdos se encargan de levantar las audiencias, de redactar lo que las partes están informando, de coser los expedientes y turnarlos con los actuarios, de foliar, sellar, recabar firmas y aparte tienen que desahogar las audiencias.

Añadió que hace aproximadamente 15 años, cada una de las juntas tenía hasta cuatro secretarios de acuerdos y cuando menos dos actuarios, algunas contaban con hasta cuatro de estos últimos.

Martínez Cortes subrayó que, haciendo uso de sus facultades, la titular de la Junta, Andrea Priede Iglesias, ya tendría que estar gestionando más presupuesto para operar.

“Entre más pasa el tiempo, mayor afectación recibimos todos; los trabajadores que fueron despedidos, los patrones, porque con el paso del tiempo la obligación de pagar una liquidación es mayor y, evidentemente, los servidores públicos que están laborando, sobrepasados de la carga de trabajo… Los abogados tenemos que ir a sacar copias a las copiadoras de documentos”.

Mínimo 91 personas deberían trabajar en la Junta

Como se indicó líneas arriba, en la JLCA laboran aproximadamente 48 personas, de acuerdo a lo que informó a La Jornada de Oriente el exsecretario del Trabajo en la entidad, Abelardo Cuéllar Delgado; son seis trabajadores por cada una de las ocho juntas especiales, mismas que están conformadas por presidente, secretario de acuerdos, actuario, conciliador y dos administrativos.

Las estimaciones del abogado laboralista es que se necesita cuando menos una plantilla laboral de 91 personas, que incluyan ocho auxiliares (dictaminadores), igual número de actuarios y también de secretarios, cuatro conciliadores y 10 empleados para la parte administrativa.

“Esta estructura asegurará un funcionamiento eficiente y efectivo de la Junta en la resolución de conflictos laborales”, expuso.

El abogado añadió que en el año 2023, a La Junta Local se le asignó un presupuesto de 788 millones 51 mil 182 pesos; y para 2024 se le otorgaron 840 millones 90 mil 482.

Eso significa que entre un año y otro hubo incremento de 6.6 por ciento, que se traduce en 52 millones 39 mil 100 pesos.

Cuéllar Delgado mencionó que para tener mejores resultados, se requiere mejora en la planeación financiera para 2024, con una distribución más uniforme de los recursos que se entregan mensualmente y que el incremento registrado en este año se destine a reforzar las capacidades operativas, lo que implica la contratación de personal, mejoras tecnológicas y la implementación de nuevas estrategias para la resolución de conflictos laborales.

Rezago en la Junta es consecuencia del abandono de los gobiernos: CTM

La falta de interés de las administraciones estatales, que han destinado pocos recursos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es lo que la tiene actualmente con un rezago que  impresionante, sostuvo Leobardo Soto Martínez, secretario general de la FTP-CTM.

Dijo que la mayor cantidad de juicios sin resolver que la central obrera tiene, están relacionados sobre todo con los sectores de la construcción, comercio, transporte, hoteles y restaurantes; principalmente por despidos injustificados, bajos salarios y el no pago de prestaciones de ley, tales como aguinaldo, reparto de utilidades y vacaciones dignas.

“Los gobiernos estatales no le quisieron apostar al tripartismo en cuanto a la impartición de justicia, que para mí sigue siendo el mejor modelo del mundo, pero sin recursos no hay justicia y no hay ley que se aplique… Tienes que llevar tus hojas de papel, tu cooperación para el tóner”, declaró en entrevista con esta casa editorial.

El dirigente confió en que el modelo que se acuerde con el gobierno de México para evitar el cierre de la Junta Federal de Conciliación y para agilizar los trámites en la misma, se replique en la Junta Local.

El modelo de la Junta protege intereses empresariales

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hay un trasfondo de protección del interés empresarial, además existe la regla no escrita de que el primer laudo siempre tiene que ser absolutorio (es decir que el trabajador pierde),  hay actos de corrupción y además la institución está sujeta a decisiones políticas que la mantienen con escaso presupuesto y personal, indicó Samuel Porras Rugerio, abogado laboralista.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el doctor en Derecho expuso que es tan malo el funcionamiento del órgano, que a varios trabajadores los ha alcanzado la muerte antes de ellos encontrar justicia.

En noviembre de 2021, la JLCA dejó de recibir asuntos, pero los litigantes que todavía tienen expedientes en trámite se enfrentan a una serie de obstáculos que terminan influyendo en el ánimo de sus defendidos, por lo cual dijo no es raro que estos últimos abandonen la lucha, puesto que hay juicios que llevan 15 o quizá hasta 20 años sin ser resueltos.

El desgaste de los trabajadores se origina porque, dijo, ni siquiera hay papelería suficiente para copias,  los expedientes llegan a hacerlos perdedizos y es poco personal para hacer las notificaciones para audiencias, por lo que constantemente se difieren y cuando sí se realizan, los funcionarios se muestran sumamente estrictos con los tiempos, con la intención de que solo esté presente la parte a la que quieren favorecer.

El abogado mencionó que la corrupción en la Junta está a la orden del día, ya que ante los bajos salarios que perciben los empleados, estos terminan aceptando dinero o regalos.

Recordó que hasta hace pocos años, los obsequios era aportados por empresas o particulares y después sorteados en un festejo decembrino del órgano con su personal, generando que en “agradecimiento” los servidores favorecieran a patrones.

Destacó que la defensa de los intereses del sector patronal prevalece en la JLCA, debido a que esta institución siempre ha tenido presidentes pro empresariales; y que si el gobierno estatal tuviera genuino interés de apoyar a los trabajadores que siguen en juicio, ya hubiera aumentado la plantilla laboral.

“Si usted advierte que muchos asuntos se paran porque en la Junta no hay suficientes actuarios, la lógica elemental es: aumenta el número de actuarios ¿y por qué no se hace? Si ve usted que el nivel salarial del personal, propicia las posibilidades de la corrupción ¿por qué no aumentas el salario? ¿Y por qué si tienes un rezago del tamaño tan grande que tiene la Junta Local, no contratas más personal? Esas son las decisiones políticas y tiene una razón esencial: mantener la situación así como está. El efecto este de ver a la larga cuántos trabajadores desisten de su juicio, cuántos se mueren, cuántos abandonan el trámite”.

Indicó que un ejemplo del favorecimiento a patrones se observa en el reporte de mayo de este año, publicado por la JLCA, el cual refiere que de 247 juicios concluidos, el 34 por ciento, es decir 84, fueron laudos absolutorios; mientras que solo 12.5 por ciento, equivalentes a 31, fueron a favor de los trabajadores.

Por otra parte, recientemente el secretario del Trabajo en el estado de Puebla, Carlos Alberto Toriz Morales, informó que concluir con todos los juicios tomará hasta 12 años.

Al respecto, Samuel Porras cuestionó por qué se hace lo necesario para terminar antes y por qué no se considera que gran parte de los trabajadores que siguen en juicio tienen 60 años o más y la edad que tendrán cuando se resuelva su caso, que no necesariamente podría ser a su favor.

“Si el cálculo dicho así, 12 años, es un cálculo lógico, pero dicho con tacto de elefante porque no se están fijando en la situación económica de los trabajadores que tienen en sus juicios la posibilidad de mejorar un poco su situación de vida”, expuso.

Peor aún, refirió que se pensaría que si un trabajador gana el caso, los problemas se terminan, pero esto es lejano a la realidad debido a que el cobro se vuelve un segundo pleito, puesto que todavía se deben localizar los bienes para hacer efectivo el pago de los derechos laborales, lo cual también puede tardar varios años.

Con información: La Jornada de Oriente