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Aprendizaje digital: Barreras y posibilidades para un acceso inclusivo y de calidad
Educación Futura
La pandemia aceleró un proceso de cambio que se venía dando desde hace décadas en el ámbito laboral, educativo, de salud, prestación de servicios y en los modelos de consumo, producción y negocios. En educación forzó el uso generalizado de las TIC.
A pesar de que durante años se orientaron muchos recursos y esfuerzos para incorporar las TIC como un recurso didáctico habitual en las aulas, en 2020 no había condiciones dentro y fuera de las escuelas que aseguraran que todos los estudiantes pudieran acceder a ellas y aprovecharlas. La pandemia dejó al descubierto la enorme desigualdad existente y los factores estructurales que pueden potenciar, para unos, u obstaculizar, para otros, el desarrollo y la adopción de soluciones digitales.
En los países con estructuras productivas muy heterogéneas, poco diversificadas, con mercados laborales de gran informalidad y precariedad y con limitaciones al acceso y la conectividad, debido a cuestiones socioeconómicas, hay importantes grupos de la población que ven limitadas sus oportunidades para aprovechar el valor que generan las TIC.
El acceso a la conectividad y a dispositivos digitales condiciona el ejercicio pleno de derechos (salud, educación, trabajo, justicia) al tiempo que aumenta las desigualdades socioeconómicas. “Un desarrollo digital que no respete los derechos humanos en el entorno digital (derechos digitales) y que no se base en principios de inclusión y sostenibilidad puede reforzar los patrones de exclusión social.” Pero ¿cuántas personas cuentan con internet y dispositivos para usar y aprovechar la educación en línea?
En 2020, en México, 78% de la población urbana utilizó internet. En zonas rurales, sólo 50%. Uno de cada cinco habitantes de zonas urbanas tiene acceso limitado o nulo a internet, mientras que en zonas rurales 50% padece esta condición.
El acceso a la conectividad es extremadamente dependiente de la distribución del ingreso: En 2018, 81% de los hogares del quintil más rico de América Latina y el Caribe estaba conectado, en contraste con 23 millones de hogares de los quintiles I (38%) y II (53%). En México, poco más del 70% del quintil más rico estaba conectado, mientras que solo 10% del quintil más pobre lo estaba.
Hay un desequilibrio que impacta negativamente a las personas de los quintiles I y II, el cual limita o anula su acceso al teletrabajo, la teleeducación y a los servicios de salud, sociales y de justicia a distancia. Asimismo, se dificulta y encarece el acceso a bienes y servicios que las instituciones públicas ofrecen en línea, originando que surjan intermediarios que generan cobros por servicios que de origen son gratuitos.
En México, hay 84.1 millones de usuarios de Internet de seis años o más y el acceso entre hombres (72.7%) y mujeres (71.3%) es equilibrado. El smartphone es el dispositivo de acceso más frecuente (96%) y, de estos usuarios, 51.3% son mujeres y 48.7%, hombres, aunque la encuesta no indica a quién pertenece el dispositivo, dato relevante para identificar brechas de acceso.
“Los teléfonos inteligentes permiten un uso sustancialmente mayor de Internet móvil, pero existe una brecha de género significativa en la propiedad de teléfonos inteligentes, y las mujeres en los países de ingresos bajos y medianos tienen un 20% menos de probabilidades que los hombres de tener uno. Las mujeres son mucho menos propensas que los hombres a comprar su propio teléfono inteligente y tienen menos autonomía y agencia en la adquisición de teléfonos inteligentes. Sin embargo, muchas mujeres expresan una fuerte intención de adquirir uno”.
Los teléfonos móviles continúan siendo un bien inasequible para muchas personas en países de ingresos bajos y medios, especialmente para las mujeres con niveles de ingreso bajos y poca autonomía financiera, lo que limita su capacidad para comprar un dispositivo de forma independiente.
Un reporte rastrea el proceso de adquisición, uso y aprendizaje de servicios digitales e identifica –aunque no es un proceso lineal– cuatro etapas: adquisición del teléfono, conciencia del internet móvil, adopción del internet móvil, y uso regular del internet móvil. Asimismo, identifica las barreras del uso regular y diverso de estos dispositivos y señala cómo la brecha de género se amplía a lo largo de cada etapa, es más pequeña en cuanto a la propiedad de dispositivos y aumenta en la adopción y el uso regular del internet móvil.
Las personas que han utilizado un teléfono móvil y conocen internet mencionan dos barreras principales para utilizarlo: la alfabetización y falta de competencias digitales, así como la asequibilidad antes mencionada. Respecto de la primera barrera, los obstáculos que perciben son: dificultades de lectura y escritura, desconocimiento del acceso a internet en el dispositivo móvil, desconocimiento del uso del dispositivo móvil, falta de tiempo para aprender, e insuficiente apoyo para aprender. La barrera de asequibilidad se centra en el costo del dispositivo y de los datos.
Aún cuando puede ser esperanzador que muchas familias accedan a internet a través de estos teléfonos, existen limitaciones en este tipo de dispositivos, así como en el tipo de conexión de internet al que pueden acceder o pagar.
El tipo de dispositivo y la posibilidad de mantenerse conectado en diferentes lugares afecta de manera relevante el desarrollo de las habilidades digitales de niñas, niños y adolescentes. Si el acceso se da a través de un teléfono que se conecta en el hogar, las y los estudiantes desarrollarán habilidades digitales distintas a las de aquellos que pueden conectarse con múltiples dispositivos desde distintos puntos. Asimismo, las posibilidades de acceder a contenido, servicios y plataformas educativas que permiten el intercambio de archivos y la interacción síncrona y asíncrona dependerá también del tipo de conexión.
Una conexión de baja calidad limita el uso al intercambio de mensajes de texto y de archivos ligeros y dificulta el envío y descarga de archivos de video y audio, así como el uso de plataformas para el trabajo síncrono. A esto hay que añadir el costo de los datos que significa una conexión de este tipo.
Adicionalmente, hay que considerar que en la región el promedio de niños que viven en los hogares más pobres cuadruplica el número de los de hogares de mayor ingreso. Ello significa que en los hogares más pobres se debe contar con más dispositivos de conexión para poder acceder simultáneamente a varias sesiones de educación en línea. Una vez más, las diferencias entre los estratos económicos condicionan el ejercicio del derecho a la educación y agudizan las desigualdades. Aunque no se cuenta con datos desagregados por sexo, por lo que no sabemos qué tan accesible es para las niñas y las jóvenes utilizar el dispositivo del hogar, cuando hay varios hermanos puede llegar a serlo menos.
De ahí la importancia de impulsar políticas que apunten a atender los diversos aspectos de esta problemática, para aprovechar las oportunidades de aprendizaje y formación que aportan las TIC, pues sin una conexión a internet accesible, de buena calidad y asequible, las personas quedan totalmente excluidas de los potenciales beneficios de la transformación digital. Al tiempo que se atienden los aspectos estructurales que permiten el acceso, es necesario centrarse en lo sustantivo, en la educación y el aprendizaje, en el desarrollo de las competencias que requieren las y los estudiantes, los docentes y las familias a fin de que puedan ofrecer el andamiaje necesario para aprender con las TIC.
Es necesario resolver las barreras de alfabetización y competencias digitales con una perspectiva de género e inclusión para generar iniciativas y estrategias que aseguren la participación de las mujeres y las poblaciones vulnerables, que consideren sus necesidades particulares. La atención a comunidades escolares y familias de las regiones más desfavorecidas, con las peores condiciones de conectividad y acceso a la tecnología, requiere de mucha creatividad, esfuerzo y empuje para cerrar la brecha digital e impulsar un cambio rápido en los sistemas educativos.
Dichas barreras son tan complejas que no es posible atacarlas solo con esfuerzos y recursos de los gobiernos locales y federal. Se requiere articular a múltiples actores (gobiernos, academia, sociedad civil, sector privado, organismos, fondos y programas de Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales) para diseñar soluciones.
Parafraseando a Alicia Bárcena, es necesario impulsar acciones, políticas y alianzas para proteger los avances alcanzados en materia de derecho de las mujeres, evitar retrocesos y promover una recuperación transformadora con igualdad de género. La tarea no es sencilla, pero cuándo lo ha sido.
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