• La cogestión de agua en comunidades rurales de México, oficializada en Oaxaca por decreto presidencial, abre vías poco exploradas para enfrentar el estrés hídrico. El Foro Regional del Agua, que tuvo lugar en Ixtacamaxtitlán el 24 de mayo de 2024, puso en discusión estas nuevas vías que evitarían el acopio privado de las aguas nacionales.

Crónica del primer Foro Regional del Agua en Ixtacamaxtitlán

Ni un alfiler cabía en el auditorio de Ixtacamaxtitlán, en los bajos del Palacio Municipal. El viernes 24 de mayo a las 10 de la mañana, más de 200 ejidatarios y comuneros llegados de todas sus localidades se concentraron, junto a promotores de comités de ordenamiento de Tepatlán, Zihuateutla o Zautla, en la cabecera de este municipio serrano para escuchar, participar y compartir opiniones con los ponentes, convocados por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder BUAP) en el Foro Regional del Agua que se celebró en esta región poblana.

El objetivo: platicar las experiencias de trabajo en entornos castigados por sequías e inundaciones recurrentes, agotamiento de acuíferos y acelerada erosión de la cubierta vegetal. Funcionarios federales de varias secretarías (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Procuraduría Agraria y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader), organismos administrativos (Comisión Nacional del Agua, Conagua), así como los propios investigadores del Cupreder arroparon, precedieron y complementaron las reflexiones de un grupo de autoridades agrarias (Unidad de Comunidades y Ejidos Buin Dannis de la Cordillera Central Ocotlán Tlacolula) y una organización social (Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto) que vinieron a contar, entre otras cosas, la sorprendente historia de resistencia, organización, alcances en sus niveles de bienestar y victorias que tuvo lugar en los valles centrales de Oaxaca, azotados por la sequía por la extracción salvaje de agua.

Sus proyectos de recarga de acuíferos y defensa del territorio se convirtieron en decreto presidencial el 24 de noviembre del 2021 permitiendo a 16 comunidades de esta región la recuperación del control de sus acuíferos mediante concesiones que quedaron “a cargo de sus autoridades comunitarias”, encargadas de establecer “las reglas para la conservación y uso de las aguas de la comunidad”, una vez el gobierno del presidente López Obrador declaró de utilidad pública “la gestión integrada de los recursos hídricos del subsuelo” en el acuífero Valles Centrales, clave 2025.

De la angustia a la esperanza

En Puebla como en Oaxaca, la creciente escasez de líquido es una preocupación común que llevó a las comunidades participantes en el proceso de ordenamiento ecológico participativo, impulsado por Cupreder, Conahcyt y Semarnat en varios municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, a plantearse las formas de organización y movilización necesarias para evitar que los ciclos largos de sequía, seguidos, casi siempre, de lluvias torrenciales, afecten las aguas someras y subterráneas.

Estas sufren, a su vez, de procesos contaminantes cada vez más agudos (desechos industriales, pero también humanos, y agroquímicos en general) y continua extracción de metros cúbicos para beneficio de grandes corporaciones o agroindustrias, de los marranos al monocultivo de papa. El opaco sistema de concesiones de la Comisión Nacional del Agua y la privatización de facto que comporta es otra losa en un sistema de gestión hídrica ineficiente, derrochador y sesgado.

¿Qué hacer? La reiterada pregunta de los pobladores de Ixtacamaxtitlán tuvo varias respuestas. Pero las que se ganaron toda la atención fueron expuestas por ponentes llegados de Oaxaca. Y bien merece su detallado resumen. Según Roberto Velázquez Herrera, asesor del Consejo Técnico de la Unidad de Comunidades y Ejidos Buin Dannis, los ordenamientos territoriales son el cimiento de todo. En su caso, permitieron delimitar los usos del territorio en sus 40 mil hectáreas, desde las zonas de recarga a los espacios de agostadero para el ganado, definiendo las actividades permitidas en un acuerdo compartido de derechos y obligaciones, incluyendo los estudios biofísicos para gestionar las aguas en 10 comunidades de la cordillera central Ocotlán-Tlacolula.

En 2005, cuando llegaron las sequías y los pozos se agotaron, esta unión ejidal aprovechó la costumbre del tequio, o el trabajo voluntario de sus pobladores un día a la semana, para iniciar un conjunto de obras de recolección de aguas de lluvia. Durante casi veinte años, estos recipientes de agua artificiales transformaron la geografía de una región erosionada por años de pastoreo libre, tala indiscriminada y abandono del campo. Primero fueron ollas o jagüeyes de entre 6 mil a 20 mil litros, luego retenes de tierra compactada a mayor escala, hechos con puro tractor y muchos brazos coordinados. Al final, se hicieron presas capaces de albergar hasta 300 mil litros cúbicos, con gaviones atravesados entre la mampostería con el fin de que la fuerza del agua no reventara los muros ni se filtrara el líquido por sus huecos.

Los ejidatarios de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec descubrieron que el acopio de agua rendía. Los manantiales se recuperaron, los pozos volvieron a funcionar y, cuando la escasez regresó, el recurso resistió. “Los cerros ociosos”, al decir de otra ejidataria oaxaqueña, Carmen Velasco, reverdecieron para sostener el auge del mezcal y las nuevas plantas de agave, aunque cada ejido decidió qué hacer con su agua. En Minas, aprovechar los retenes para regar sus sembradíos de maguey y en Ocotepec guardarla para que se filtre y recargue sus aguas subterráneas.

Y aunque bien recordó Juan Justino Martínez, excomisario ejidal, que “con nuestras verduras mantenemos la ciudad de Oaxaca”, Conagua nunca puso dinero para los pozos o los retenes y el marco legal inhibía el futuro de los valles centrales, con concesiones terminadas y una veda que desde 1967 impedía a los distritos Ocotlán y Zimatlán regular los aprovechamientos del agua. Y la solución llegó gracias a la poco usual alianza entre un frente de ejidos, asesorado Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C., y un presidente, decidido a cambiar la dinámica de imposición-represión entre el Estado y los pueblos originarios.

Así lo contó Nadir Hernández Quiroz, abogado e integrante de esta organización, en el foro regional de Ixtacamaxtitlán. Fue un largo proceso legal para la recuperación de los derechos públicos del agua inició en 2011. Las más de 500 obras de captación de agua que realizaron por años las comunidades cercanas a la capital oaxaqueña convencieron a un juez local que los pobladores merecían el control de sus acuíferos.  Pero saltarse el monopolio de concesiones de la Comisión Nacional del Agua y los candados legales que convertían estos títulos de extracción en negocios privados o empresariales dependía, al fin, de una decisión política al más alto nivel.

En noviembre de 2021 Andrés Manuel López Obrador firmó el “Decreto por el que se establece la zona reglamentada del acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca”, reconociendo a las autoridades locales su derecho al agua, la autonomía y la libre determinación. Desde entonces, en estas 16 comunidades la Conagua es quien les solicita permiso al reconocerse, legalmente, la coadministración entre las comunidades indígenas y este organismo desconcentrado.  Se trata, pues, de una concesión comunitaria indígena del agua que hace valer los derechos de zapotecos de habla y cultura en el supuesto, ya comprobado, que estas poblaciones fortalecen el acuífero, ayudados por obras masivas como los pozos de absorción con filtrado de sólidos y contaminantes.

Como bien recordó Nadir, la cogestión en Oaxaca es un primer gran paso, pero requiere que este mismo decreto se aplique en una reforma de la Ley de Aguas Nacionales, porque, en caso contrario, “no vamos a tener avances y debemos empujar por una nueva ley que reconozca a las comunidades, a los derechos indígenas y sancione más las descargas contaminantes”.

Culpas y responsabilidades

Toda experiencia ajena impacta, como advertencia o esperanza, en aquellos que viven parecidas circunstancias. Comuneros y ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán discutieron, en varias intervenciones del foro, el infierno ambiental que afrontan en sus comunidades. Y no solo las discutieron con sus pares de Oaxaca, sino también con los investigadores del Cupreder o los delegados federales en la región, como Rebeca Rosas Aguilar, coordinadora de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural en el municipio, y Fernando Silva, encargado de oficina de Semarnat en el estado de Puebla.

En este diálogo de saberes, sin concesiones ni genuflexiones, entre campesinos, funcionarios e investigadores afloró el sinfín de conflictos socioambientales que viven los pobladores del municipio; una población envejecida, donde la mayoría de los comuneros supera los 60 años de edad, mientras los jóvenes emigran por falta de oportunidades y las localidades aún resienten las secuelas de la disputa por la posible instalación de un tajo abierto de oro, impulsado por la compañía canadiense Almaden Minerals.

A todo lo cual se añade el lento agotamiento de los pozos, por el estrés hídrico en la Cuenca de Libres, sobreexplotada por Audi y otras industrias, así como por la masiva deforestación de los cerros, incentivado por talamontes y permisos de aprovechamiento forestal que muchos de los ejidatarios presentes en el foro consideraron una forma de saqueo, amparada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Del abandono del campo y la complejidad de los apoyos a productores, de Producción para el Bienestar y Sembrando Vida promoviendo la composta y Fertilizantes para el Bienestar regalando agroquímicos, del inútil reparto de semillas de pino para reforestaciones ineficientes y hasta de incendios forestales que cunden por el monte sin que nadie los frene, se habló entre los participantes del primer Foro del Agua.

Entre la resignación y la inquisición, preocupados todos por un futuro demasiado incierto, donde las nuevas cosechas no costean y la captación masiva de agua se deja como pendiente a futuro, flotaba, en el común de las quejas, un cierto y constante reclamo al gobierno federal. Especialmente, sobre la tala de árboles que erosiona severamente los castigados cerros de Ixtaca.

Y ante la oleada, decidió Fernando Silva aventarse una reflexión en voz alta que sirve como conclusión de esta crónica:

Hay dos formas de ver la relación del gobierno y pueblo. La primera es que el gobierno tiene la culpa de todo y la comunidad nunca tiene culpa de nada. La otra es pensar que tenemos la obligación de escucharlos, pero con corresponsabilidad, porque en eso de talar los montes hay productores que solapan, técnicos que se prestan e industriales que incentivan la ilegalidad pagando bajo mano a los productores y se llevan los mejores árboles. Pero debemos asumir entre todos las responsabilidades, creando una relación virtuosa entre pueblo y gobierno. Identifiquen que servidores públicos están de su lado y cuáles no. Y yo estaré aquí dando la cara.

En vez de chiflidos, el representante de Semarnat se llevó su salva de aplausos. Puede que del evento haya quedado la impresión de que es tiempo de cambiar resignación por actos y así lo resumió un ejidatario que a las 14 horas con 43 minutos del 24 de mayo del 2024 cerró el Foro del Agua en la cabecera de Ixtacamaxtitlán:

“Realmente, la tierra se está secando de Libres a Chignahuapan. Nos encanta el dinero, pero somos egoístas. Así que dejemos de saquear los grandes bosques. La herramienta es el ordenamiento ecológico”.

Parece telegrama, pero la verdad no siempre requiere de tanta prosa.

Con información: La Jornada de Oriente

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