Así lo determinó la juez Lidia Alonso Sánchez durante una audiencia que inició a las 10 de la mañana de este martes y concluyó a las 11 de la noche, en el Centro de Justicia Federal.

Durante el acto jurídico, la juez validó un total de 103 pruebas que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) presentó para acreditar los actos de tortura y agresiones físicas que las víctimas acusaron.

En contraste, la defensa de los servidores públicos presentó 13 pruebas, la mayoría enfocadas a defender a la comuna que dirige la alcalde Irene Olea Torres, y las cuales no evitaron que los funcionarios y servidores públicos quedaran sujetos a un proceso penal.

Durante una audiencia previa, llevada a cabo el pasado 11 de julio, la agente del MP narró que entre el 10 y el 11 de marzo de 2023, policías de dicho municipio siguieron y después detuvieron arbitrariamente a Natalie y Michell Hoyos López, así como a dos activistas más, al responsabilizarlas de haber realizado pintas en el Centro Integral de Servicios (CIS) como parte de las protestas de colectivos feministas por el Día Internacional de la Mujer.

Posteriormente, las llevaron a los separos en donde les hicieron tocamientos lascivos en los senos y genitales, las obligaron a desvestirse, les pidieron hacer sentadillas sin ropa, al tiempo en el que les decían frases como “ya te cargó la chingada, ahora sí las vamos a desaparecer”.

En su dicho, la agente del MP aseguró que los agentes de seguridad pública se burlaron de las periodistas al señalarles que habían hecho una “gran detención” y que “la jefa”, en referencia a la alcalde Irene Olea Torres, de quien aseguraron que se pondría contenta con el hecho pues ella habría ordenado la aprehensión.

Señaló que las víctimas fueron incomunicadas por varias horas, para que finalmente se les solicitara el pago de una multa de mil 900 pesos por haber dañado el mobiliario urbano.

La funcionaria federal presentó testimonios de varios actores involucrados, como otros policías, funcionarios de la comuna izucarense, así como documentos, que comprobarían que hubo un intento por parte del ayuntamiento de alterar partes informativos de la Policía Municipal con el fin de esconder lo ocurrido.

En una primera audiencia, la juez a cargo del caso consideró que no era necesario que los imputados estuvieran en prisión como una medida cautelar, debido a que habían mostrado disposición para acudir a las audiencias, por lo que, en cambio, estableció otras medidas como la prohibición de acercarse a las víctimas.

Es indispensable citar que el pasado 20 de junio, María del Socorro Barrera Sánchez, quien era una de las testigos del caso cuya entidad estaba protegida por la FGR, fue ejecutada mientras se encontraba en su negocio familiar, en un ataque directo, según confirmó recientemente la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con información: La Jornada de Oriente