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Se pospuso la discusión y aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa

By on julio 17, 2013
  • Sólo será por unas cuantas semanas más, porque se tiene previsto que a finales de agosto deben quedar listas para entrar en vigor en algunos casos a partir del 1 de enero del 2014, y otras hasta el 2015 para tener concordancia con los ciclos escolares, pues no debemos olvidar que el nuevo ya está programado y autorizado 

Las reformas a las leyes secundarías del Artículo 3º Constitucional al parecer aún no están terminadas y por tal razón en el Congreso de la Unión se están tomando su tiempo para darlas a conocer.

Todo hace suponer que los diputados federales por debajo del agua las están negociando y por tal razón esperarán hasta que la cuerda no resista más, se dice que a finales de agosto estarán listas, de tal forma que puedan entrar en vigor a partir del 2014.

Entre las muchas interrogantes que tienen en la expectativa a los profesores, destacan los siguientes puntos:

1.- Creación del Servicio Profesional Docente, por lo cual los maestros, directores y supervisores, desde preescolar hasta   bachillerato, deberán presentarse a cuatro tipos de evaluación a lo largo de su vida, dos con carácter obligatorio, para el ingreso y PERMANENCIA en el sistema; y el resto voluntarias, para cuando quieran promoverse u obtener un reconocimiento o estímulos salariales.

2.- Ley para sancionar en todo el país la venta de plazas.

3.- Ley para destituir a los maestros faltistas.

4.- Reglamento para restringir solicitudes de cambio de escuela durante el ciclo escolar, y quienes lo hagan sin autorización, perderán el empleo.

5.- Ley General del Servicio Profesional Docente, que deberá iniciar el 31 de mayo de 2015, para sustituir a la Carrera Magisterial (creado en 1992 en acuerdo con el SNTE, y modificado en 2011 a través del cual se entregan estímulos salariales a los maestros). Se dice que “Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa”.

Se supone que todas estas reformas tienen la finalidad de lograr la calidad educativa en nuestro país, pero sin lugar a dudas que sin un verdadero soporte académico no habremos de llegar ni medianamente a la calidad, porque en problema no solamente radica en los profesores, a quines por cierto se les quiere responsabilizar al 100 por ciento de todos los males educativos.

Las autoridades del país y sobre todo las educativas no saben en donde están paradas, piensan que remodelando aulas y equipándolas con banda ancha y computadoras el progreso llegará como por arte de magia.

Pero Peña Nieto y Chuayffet Chemor se equivocan al pensar que por decreto los males se corrigen, por ejemplo tenemos la desnutrición galopante que flagela a millones de niños y jóvenes en edad escolar, además del desempleo que azota a sus padres, situación que provoca que cerebralmente los escolares no aprovechen las enseñanzas del mejor maestro del mundo.

También tenemos que por el sólo hecho de evaluar a los docentes se elevará la calidad de sus clases, cuando nos percatamos que la SEP no tiene la menor idea por donde empezar la evaluación, veamos por qué: El propósito de todos esos procesos de evaluación al magisterio es que la autoridad promueva, respete, proteja y garantice el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad.

El anteproyecto de Ley que la SEP presentará al Senado en los próximos días, prevé el ingreso de los maestros a las escuelas públicas en los cuatro niveles: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de un concurso de plazas para elegir sólo a los ”idóneos”.

Los elegidos mediante examen obtendrán un “nombramiento inicial” por tres años, periodo en el que se deberán presentar a una evaluación anual, al término se determinará si su práctica favorece el aprendizaje de los niños y sólo así recibirán el “nombramiento definitivo”.

En caso de que prevalezca la “insuficiencia”, a pesar del acompañamiento de un supervisor, se le separará del servicio público sin que los años laborados impliquen una responsabilidad para la autoridad educativa.

La ley determinará lo que ocurrirá a quienes obtengan la plaza bajo otros criterios, entre ellos lo que comúnmente se conoce como la “compra o venta”.  Determina que “será nula de pleno derecho y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno sin necesidad de declaración judicial, toda forma de ingreso distinta a lo establecido” en la ley.

“Quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen algún pago o algún otro tipo de contraprestación en relación con ello, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes”, enfatiza el artículo 22 y el 40 de la Ley que en total cuenta con 70 Artículos y 17 transitorios.

Para el caso de los maestros en servicio, la evaluación para lograr su permanencia se realizará cada cuatro años. Aquellos que logren calificación de “insuficiente” tendrán dos oportunidades más para superar esa calificación, en un periodo máximo de dos años.

Si aún con la capacitación y regularización siguen con bajos resultados “serán separados del servicio público”, de igual manera sin que implique una responsabilidad a la autoridad.

En todo estos procesos el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la SEP, las autoridades educativas estatales y los organismos descentralizados del bachillerato como Colegio de Bachilleres o Conalep, entre otros asumirán responsabilidades específicas de participación en el diseño de los instrumentos de evaluación, administración en la asignación de plazas, definir requisitos y perfiles mínimos de los maestros a contratar, promover, asignar reconocimientos o ampliar su permanencia.

Entre las prerrogativas otorgadas por la Ley a la SEP está el demandar a las autoridades locales que todas las plazas de profesores, directores, asistentes técnicos y supervisores se sometan a concurso.

La Ley de Servicio Docente tiene entre sus propósitos ”asegurar el nivel suficiente de desempeño”, garantizar la formación continua del personal, mejorar la práctica profesional mediante la evaluación permanente e interna en las escuelas (ésta sin consecuencias de sanción administrativas o laborales) y asegurar “en un marco de inclusión y diversidad, la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines”.

En el caso de la evaluación para la promoción, para quienes aspiran a los cargos de dirección y supervisión en la educación básica se emitirán convocatorias anuales y quienes tengan mejor desempeño obtendrán un nombramiento con “carácter de inicial”.

Ellos serán incorporados a un programa de inducción de dos años ininterrumpidos para cursar programas de desarrollo de liderazgo, al concluir obtendrán un “nombramiento definitivo” y en caso de “insuficiencia” o incumplimiento en los cursos el profesor volverá a su función docente.

Como se puede apreciar para la SEP federal todo el problema radica en evaluar a los docentes, pero de su capacitación y actualización no se dice nada, mucho menos de la actualización de los planes y programas de estudio de todos los niveles, que es en buena parte donde radican los problemas que originan la pésima calidad educativa.

 

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