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Tras recomendación de la CNDH, cierran siete penales de Puebla
Por daños provocados desde el sismo de 2017 y no contar con las condiciones para operar, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cerró en definitiva siete penales en el estado de Puebla, tras reubicar a los internos a otros centros penitenciarios.
La determinación se dio a conocer en el Periódico Oficial del Estado (POE), en el que la dependencia estatal argumenta que la decisión se tomó en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Se trata de las cárceles municipales de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, que dejaron de usarse por las afectaciones que registraron derivado del terremoto del 19 de septiembre del 2017.
El documento destacó que en su momento las personas que estaban recluidas en los penales en mención fueron trasladados al penal de San Miguel, sin precisar el número de internos ni cuándo fueron reubicados.
Además de los centros de reinserción social de Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán, que tienen una población penitenciaria de 43, 18, 48 y 123 personas, respectivamente.
Los reclusos serán trasladados a otros penales de la entidad que determine la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, área que estará a cargo de la realización de las gestiones para su reubicación, respetando sus derechos humanos.
La dependencia destacó que su función es organizar, administrar, dirigir y supervisar el sistema de centros penitenciarios, ejerciendo el control y vigilancia de las personas privadas de la libertad, para promover su reintegración social y familiar.
A través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, la CNDH identificó aspectos relacionados con las condiciones de vida en la que se encuentran las personas en prisión preventiva y de las que cumplen una sanción de privación.
El estudio arrojó que las prisiones del estado de Puebla cuentan con una calificación del 5.02, en una escala del 1-10, lo cual significa que es reprobatoria.
Informó que las problemáticas que presentan los penales del interior del estado son: sobrepoblación, hacinamiento, alimentación, falta de personal operativo, técnico, capacitación constante, principalmente en los centros de reinserción social distritales.
Expuso que dichas problemáticas se presentan porque las cárceles son administradas por los Municipios donde se encuentran ubicados, lo que constituye uno de los desafíos más importantes para su atención, en virtud de que provocan un impacto negativo en el proceso de reinserción social.
Desde la recomendación 28/2016 de la CNDH, informó que se determinó que los gobernadores y alcaldes deben gestionar los recursos presupuestales y administrativos, para que se destinen a las acciones humanas, materiales y financieras suficientes en los centros estatales.
Información: La Jornada de Oriente
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