La inacción del Poder Legislativo en el tema es histórica. Desde que autorizó la primera estructura tarifaria en 2014, no hizo modificaciones a la misma hasta 2022, pese a que contenía condiciones abusivas para el usuario, como incrementos mensuales con base en el aumento del salario mínimo y el costo de la energía eléctrica.  

Aunque los diputados en funciones de la LXI Legislatura (2021-2024) emitieron una nueva estructura en 2022 que espació las alzas para que fueran trimestrales y sólo consideraran la inflación, en los últimos dos años no efectuó ningún análisis público para verificar si la compañía cumplió sus compromisos para aumentar los cobros, es decir, elevar la recaudación a 65 por ciento e invertir 3 mil 844.1 millones de pesos en infraestructura hídrica y mantenimiento. 

Lo que debió hacer Agua de Puebla, según un diagnóstico del SOAPAP de 2013 

La privatización del agua se justificó en el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle Rosas en que el servicio requería inversiones que no podía realizar el organismo público descentralizado que tenía a cargo la administración del líquido, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).  

De acuerdo con un diagnóstico realizado por el SOAPAP en 2013, existían 602 colonias de un total de mil 82 de la zona de cobertura, en “condiciones críticas de suministro”, pues recibían agua por horas, uno o dos días a la semana.  

La propuesta del organismo fue privatizar el servicio para que la concesionaria destinara 3 mil 844.1 millones de pesos en obtener un mayor volumen de agua potable para su distribución, a través de nuevas fuentes de suministro, mejorar los procesos de desalinización y potabilización de agua que se suministra a la población, pues en ese entonces el 22.2 por ciento de las fuentes producían dureza por minerales y el 4.8 por ciento era agua sulfurosa.  

Los recursos también tendrían que destinarse a acciones de mantenimiento para recuperación de caudales y sectorización de la distribución de agua potable, buscado disminuir las pérdidas físicas que se estimaban en 38 por ciento. 

Congreso, sin fecha para llamar a cuentas y con objetivos acotados  

A 11 años de distancia, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Edgar Garmendia de los Santos, ha insistido en múltiples declaraciones a medios de comunicación que desconoce si la compañía –también identificada como Concesiones Integrales, por su razón social– ha llevado a cabo las acciones que, por contrato, está obligada a realizar.  

Entrevistado por La Jornada de Oriente sobre el tema, explicó que esa ausencia de información se busca subsanar con la comparecencia de los directivos del SOAPAP y Agua de Puebla. 

Reconoció que no hay fecha para llevar a cabo el encuentro con los responsables del servicio, por lo que podría efectuarse antes del cierre del periodo ordinario de sesiones el 15 de julio próximo o tras el mismo.   

Sin importar el resultado de la comparecencia, advirtió que no habrá marcha atrás a los incrementos tarifarios constantes, sin importar que la concesionaria haya cumplido o no sus compromisos. 

“Es imposible… ¿Saben cuál es el problema?, las sanciones que pueden existir por la suspensión de los contratos, es muchísimo dinero. Lo que sí se puede es regular la inversión acordada”, argumentó.  

Junta de Gobierno da largas a propuestas para regular a la compañía: Leal  

Ante la indefinición y la cercanía de la conclusión de mandato de los legisladores en funciones –programada el 14 de septiembre–, la diputada del PAN Guadalupe Leal Rodríguez concluyó que no existe voluntad para obligar a la empresa a rendir cuentas ni invertir lo convenido, porque Garmendia se ha dedicado a dar largas a la comparecencia que ella exigió desde el 14 de mayo pasado, en sesión de la Comisión de Medio Ambiente.

Recordó que la empresa ratificó en 2022 el compromiso de inversión que data de 2014, con la aprobación de la última estructura tarifaria de 2022, la cual reactivó los incrementos periódicos tras haber sido suspendidos por casi cuatro años. 

Explicó que la primera alza fue de 4 por ciento para casa habitación y de 7 por ciento para comercio, a fin de inyectar a la empresa de recursos económicos que le permitieran atender lo pactado en infraestructura y mantenimiento.   

“Cuando el tema estaba en discusión, yo pregunté de qué manera iba a mejorar el servicio de Agua de Puebla cuando a diario hay muchas quejas, la Junta de Gobierno y Coordinación Política me respondió que ese 4 y 7 por ciento se iba a ver reflejado en que no iba a haber escasez de agua y que iba a haber una mejora del drenaje y el saneamiento del agua.  

“De dos años para acá, independientemente que hay una crisis de agua en todo el mundo, hay colonias que no tienen agua y que siguen llegando los cobros de Agua de Puebla. Me parece realmente un exceso porque los ciudadanos tienen que comprar sus propias pipas”, refirió la legisladora, al tiempo de señalar que votó en contra de la estructura tarifaria de 2022, porque sabía que Agua de Puebla incumpliría nuevamente, con o sin alzas.   

Aseguró que hizo todo lo posible, desde su función legislativa, para mejorar el servicio y equiparlo con el pago, no obstante, acusó a la Junta de Gobierno de frenar todos sus intentos, al no darles seguimiento a los escritos presentados.  

De los 41 diputados que conforman el Congreso local, solo dos representantes populares más pidieron la comparecencia de los directivos de Agua de Puebla y SOAPAP, este último por ser el organismo público responsable de vigilar a la concesionaria: Jorge Luis Vélez Pavía del PT y Fernando Sánchez Sassia de Morena.   

Concesionaria dice que está cumpliendo; ciudadanos lo niegan     

Mientras Agua de Puebla informa en su página de internet el destino de 2 mil 200 millones de pesos, para aumentar la “producción” de agua potable a favor de 998 colonias, y de mil millones de pesos en plantas de tratamiento destinadas a rescatar el Río Atoyac, más de 265 mil habitantes de la ciudad de Puebla padecieron escasez de agua en 2023 por fallas en el servicio de distribución de Concesiones Integrales.  

La cifra de 265 mil personas sin agua potable, equivalente al 15 por ciento de la población total de la capital, responde a una estimación de la Colectiva por el Bienestar Social, organización ciudadana que demanda a la compañía cumplir la inversión comprometida y que le exigen, a través de un litigio iniciado el año pasado, devolver a los usuarios el dinero que les ha cobrado por un saneamiento de aguas residuales que ha incumplido. 

También se han organizado habitantes de colonias populares a lo largo del año para cerrar vialidades en protesta por la falta de suministro en lugares como la unidad habitacional La Margarita, San José Los Cerritos, Valle del Paraíso y Ampliación Valle del Paraíso. 

Además, la Asociación Juntos por un Mejor Sanctorum frenó, en abril pasado, los planes de Agua de Puebla de hacer tres pozos en esa junta auxiliar del municipio de Cuautlancingo, vecino de la capital, denunciando que las perforaciones se realizaron sin los permisos correspondientes.   

La resistencia al ingreso de la concesionaria también se ha manifestado San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Xoxtla, Tlaltenango y Juan C. Bonilla, de parte de pobladores que han advertido que no permitirán acciones de extracción que los dejará sin líquido. 

Con información: La Jornada de Oriente