Un joven zapoteco sacó su ficha para ingresar a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y presentó el examen de admisión. La alegría que sintió al aparecer en la lista de aceptados se opacó a pocos días, al recibir un correo de la universidad que dictaba la cantidad a pagar para tener derecho a estudiar la carrera.

Este joven, que por seguridad y “temor a los grupos porriles” de la UABJO pide que no se mencione su nombre, ganó un amparo interpuesto ante la justicia federal en el que reclama su protección para que se garantice su derecho a la educación. El Poder Judicial de la Federación le otorgó la razón y ordenó a las autoridades universitarias que le permitan inscribirse sin ningún tipo de condicionamiento económico o de otro tipo.

El lunes 19 de julio de 2021, relata, la universidad emitió un comunicado a través del Sistema Institucional de Control Escolar (SICE), en el que informan los costos a pagar para el ingreso: inscripción, 317 pesos; cuota de apoyo a servicios educativos, 9 mil pesos, y curso de inducción, mil pesos. Un total de 10 mil 317 pesos pagaderos a más tardar el  5 de agosto pasado.

“La cantidad que debo cubrir es excesiva, mi madre no cuenta con esa cantidad de dinero, por lo que pensé en la necesidad de cancelar mis estudios”, dice.

Con ayuda de internet dio con Litigio Estratégico Indígena, organización que le ayudó a interponer un amparo contra las altas cuotas de inscripción que cobra la UABJO.

Entre los argumentos se encuentran el de que con las altas cuotas de inscripción se viola el derecho a recibir educación gratuita y asequible previsto en el artículo tercero, fracción X de la Constitución mexicana, así como la inminente obstaculización  de su derecho a la educación universitaria al fijar en 10 mil 317 pesos como monto total a pagar.

En la demanda también acusa que es objeto de discriminación porque el monto fijado por la universidad sólo permitirá que accedan a la educación profesional las personas que tengan dinero, excluyendo a quienes no lo tengan.

“Además de que al fijar un monto por concepto de apoyo a servicios educativos que asciende a 9 mil pesos y otro monto por curso de inducción de mil pesos se entiende como un pago de inscripción, pues si así no fuera no estarían generando una ficha de depósito para pagar ante una institución bancaria. Es decir, estos conceptos se traducen como un pago de inscripción, aunque no lo estipule como tal”, indica.

Litigio Estratégico explica a EL UNIVERSAL que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía universitaria no excluye a la Universidad de respetar el contenido y alcance del derecho a la educación superior.

“De persistir las excesivas cantidades, inasequibles para mí y para mi madre, se violará el derecho humano a la educación gratuita. Las elevadas cuotas violan mi derecho humano a que el Estado promueva mi desarrollo integral previsto en el artículo cuarto constitucional porque se me obliga a no estudiar una carrera profesional”, agrega el joven estudiante.

Por primera vez, un joven gana un amparo contra las altas cuotas en la UABJO. El juez federal del Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca concedió la suspensión provisional solicitada por el joven.

“De no concederse la suspensión provisional, podrían generarse prejuicios de imposible reparación al quejoso, al tener que esperar la resolución de este juicio de amparo para continuar estudiando, con las consecuencias académicas que ello traería”, resolvió el juez.

Litigio Estratégico Indígena menciona que 10% de la población en México son personas indígenas, pero, según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sólo 1% de la matrícula universitaria proviene de este sector.

“El 30% de las personas indígenas en México viven en pobreza extrema. No hay piso parejo para todos. En México miles de jóvenes no tienen la oportunidad de acudir a la universidad. La falta de oportunidades los obliga a subemplearse o a irse a Estados Unidos o, peor aun, a las filas del crimen organizado”, denuncia.

El rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, sostiene que el monto de inscripción y reinscripción es de 317 pesos para todas las carreras universitarias, y esto, dice, es lo que ingresa a la administración central; sin embargo, reconoce que cada escuela o facultad fija cuotas por “servicios educativos”, validadas por sus consejos técnicos.

En la nueva ley general de educación, menciona Bautista Martínez, se considera la gratuidad a partir de un fondo económico que  debe existir a partir del año 2022.

“Ojalá que así sea y se destine a los gastos de operación de las escuelas que no vienen proyectadas y presupuestadas en el subsidio ordinario. Para mayor referencia las asignaciones se publican de manera oficial en el portal de transparencia de la SEP y de los congresos estatales”, afirma el rector.

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