Exigieron a servidores públicos municipales, presentes en la asamblea, que públicamente se comprometieran a trabajar de manera conjunta con el comité para resolver el problema del desabasto, sin embargo, estos se negaron a aceptar la propuesta, ante lo cual recibieron reclamos por parte de los afectados.

En la asamblea se informó que el gobierno municipal, no obstante, aceptó hacer la petición formal al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para la reparación el pozo dos que dejó de funcionar hace más de un mes lo que tiene sin agua a más de 2 mil pobladores de la zona sur del municipio.

Pese a la negativa por parte del gobierno municipal a coordinarse con los integrantes del comité, en el lugar los pobladores también entregaron las llaves del pozo tres al ayuntamiento para poder usar agua para sofocar incendios y abastecer a algunas colonias.

La denuncia en contra de Flores Ramos se suma a las amenazas que a decir de los afectados, les hizo la edil con licencia, Guadalupe Siyancán Peregrina Díaz, quién les advirtió que si no desistían de su activismo se “atuvieran a las consecuencias”.

Cabe recordar que en marzo pasado, la propia Peregrina Díaz afirmó que SOAPAP amagó con denunciar a los integrantes de los comités de dicho municipio y de la junta auxiliar de Mihuacán, perteneciente a Coronango, por “obstruir” la excavación de un pozo que el organismo hizo cerca de la autopista México-Puebla sin consultar a la población.

Cabe recordar que el jueves 18 de abril, el conflicto por la falta de agua en la población escaló luego de que más de 2 mil habitantes sumaron más de tres semanas sin agua.

Cientos de pobladores protestaron frente a las oficinas del ayuntamiento, donde exigieron a la autoridad municipal que emita un oficio al gobierno del estado para la reparación de la bomba del pozo número 2 para dotar a miles de habitantes que se quedaron sin líquido.

Durante la manifestación tres patrullas del grupo táctico de la Policía municipal realizaron rondines por la zona con agentes armados, en tanto que desde las oficinas del gobierno municipal se tomaba fotografías a los asistentes, lo que fue interpretado por los quejosos como una intimidación.

Con información: La Jornada de Oriente