Cuestionado por asociaciones civiles vinculadas, presuntamente, con grupos empresariales , aún antes de presentarse, señalado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como un punto de partida ausente en la reforma educativa –reforma laboral señalarían– emanada, también presuntamente, del Pacto por México, el “nuevo modelo educativo” anunciado por “Emilio Chuayffet Chemor”, titular del despacho educativo de la administración de Enrique Peña Nieto, modificaría de llevarse a cabo, vicios, prácticas y estructuras de poder vigentes en una dependencia que requiere, urgentemente, transformarse primero si quisiera lograr la educación de calidad pregonada de manera estruendosa.

¿Qué tipo nación se quiere?, Gracia, ¿una libre y soberana, independiente u otra entregada a los designios del imperio y de las transnacionales? ¿con que ciudadanos y ciudadanas se lograría esa aspiración?, ¿con una ciudadanía crítica consiente de sus derechos y de sus obligaciones o con una subordinada, alienada a los designios de los gobernantes? ¿como se debiese formar a las nuevas generaciones, bajo los principios establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amantes de la Patria, respetuosas de los derechos humanos, solidarias con quienes lo requiriesen, independientes y justas o domesticadas, serviles, individualistas, acríticas y consumistas?, y, adicionalmente ¿que tipo de maestros y maestras se quisiese tener para lograr un sistema de vida que fuese definido democráticamente, como se menciona en el tres constitucional, en el que la razón y la voluntad de la mayoría, el pueblo, estuviese por encima de los intereses de la minoría gobernante? ¿con que instrumentos, Gracia? ¿Con planes y programas definidos sólo por el ejecutivo federal y/o su representante, el secretario de Educación, o por los interesados e interesadas incluidos niños, niñas, adolescentes, madres y padres de familia, educadores y educadoras, investigadores e investigadoras del que hacer educativo nacional?

Que el “nuevo modelo” propondría “una currícula nacional de mínimos comunes que pueda ser alimentada desde los estados y las escuelas”, Gracia, tendría que verse con reservas puesto que no rompería con la determinación monopólica que la fracción III del tres reserva para el ejecutivo federal con independencia del fortalecimiento de las asignaturas consideradas fundamentales y de la inclusión de asignaturas desechadas con antelación, entre las que no se contempla el incremento en el número de horas destinadas a la enseñanza de la Historia, fundamentalmente la de México, eje número 1. La promesa de  “contar con materiales educativos diversificados”, se quedaría en eso, Gracia, una simple promesa mientras no se destine a la educación un equivalente a 20 por ciento del producto interno bruto, ejemplo dado por las naciones mejor evaluadas en el contexto de la competencia internacional. El “tener escuelas centradas en los alumnos, con autonomía de gestión y apoyadas por las autoridades educativas”, a más de ser un discurso “viejo” que justifica la enseñanza basada en competencias, modelo nunca consensuado con los interesados, se desvirtuaría si las autoridades educativas no muestran que la autonomía de gestión es tan solo la justificación para el incremento del financiamiento escolar soportado por madres y padres de familia. El cuarto eje “que las escuelas sean centros educativos sin carga administrativa”, si no fuese una pura intención, merecería un buen destino que permitiría la desaparición de las grandísimas burocracias intermedias, entre las que se encuentran las supervisiones escolares, que envilecen el trabajo de instituciones educativas y de docente con cargas innecesarias. Que se requiere de “un cuerpo docente altamente calificado y comprometido con la educación”, quinto eje, parecería una broma, cuando se compara, declaraciones con las previsiones presupuestales que asignan al rubro formación continua de docentes en servicio de educación básica, que arroja en 2014, el presupuesto mas bajo de los últimos años, 200 millones de pesos para casi un millón de docentes y cuando se reconoce que este rubro no existe para la mejora continua del personal adscrito en el nivel de media superior. Para justificar el eje sexto, el de una escuela inclusiva habría que preguntar, Gracia, que entienden por una “una escuela inclusiva, donde se cultive la democracia, la convivencia pacífica e intercultural”, si las medidas de reforma se han dictado de manera autoritaria. Para la reflexión, Gracia.