Agresiones y descortesías

Tras sondear con algunos usuarios de este servicio en la capital del estado se encontró que las agresiones verbales de los operadores, así como la baja calidad del servicio y la mala conducción, son variables constantes en el transporte público concesionado de Puebla.

Un caso es el de Juana Castillo, usuaria de las rutas 52 y 68, que conectan al norte y centro de la ciudad. Ella tiene 68 años de edad, es viuda y padece una discapacidad neuromotora, producto de un hecho vial del que fue víctima hace más de 20 años, cuando el conductor de un microbús arrancó cuando ella todavía ni siquiera descendía del vehículo.

Actualmente se traslada de lunes a viernes desde la colonia Del Valle al centro de la ciudad. Su viaje, que regularmente dura entre 60 y 90 minutos, lo emprende para ir a Cáritas, en el Barrio de Santiago, donde obtiene alimentos, medicinas y atención médica a bajo costo.

A veces, sin embargo, le toma hasta dos horas o más. El motivo no es el tránsito intenso o la falta de camiones, sino más bien el hecho de que cuando la ven cargando su bastón y portando su distintivo gafete que la identifica como persona con discapacidad sus oportunidades de abordar un vehículo se reducen, pues es ignorada por algunos choferes.

Juana, quien vende dulces y accesorios de forma itinerante desde hace más de dos décadas, cuando perdió a su familia en un siniestro vial, relata que ha sido denigrada por varios operadores de transporte público debido a que tarda en ascender y descender de los vehículos.

Este tipo de insultos la han orillado incluso a tener que caminar largas distancias solamente para evitar abordar una unidad.

“Luego no me suben, me pasan o me gritan ‘Si no pueden andar, para qué andan subiéndose a las combis. Súbale rápido’. ¿Cómo me voy a subir rápido si están viendo como vengo? ‘Yo no sé para qué salen a la calle si ya no sirven ni pa subirse’, me han dicho. Hay mucha gente grosera, la verdad de las cosas, joven. Hay veces que ya mejor voy caminando, pero yo no puedo caminar tanto”, señala.

Por si esto fuera poco, en ocasiones los choferes se niegan a respetar su gratuidad, debido a que su discapacidad no es, según su juicio, visible.

¿Necesito ir sin una mano, sin un pie o sin un ojo? Se lo juro por Dios que yo quería que me atropellaran, porque ya era tanta mi desesperación por no tener dinero, joven. Dicen que tengo que estar inválida, adelante. Me hicieron sentir más mal de lo que ya estaba”, relata la mujer.

Castillo también comparte que la falta de pericia de algunos conductores le ha ocasionado caídas al interior de las unidades, lo que ha derivado en lesiones de rodilla y brazo, principalmente.

Rezago se agudizó desde promesa fallida de modernización

En entrevista con este diario, Tenorio reconoce que el mejoramiento del transporte público fue un fracaso aplazado por el exmandatario Barbosa. Apunta que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) ha sido opaca sobre las acciones encaminadas a la modernización de este servicio desde 2019, cuando se autorizó el aumento tarifario de 2.50 pesos.

“Incrementó la tarifa (…) pero el servicio no mejoró, al contrario, se siguen viendo unidades en mal estado, que emiten humo negro, y se sigue teniendo una sensación de inseguridad dentro de las unidades; en materia de seguridad vial siguen aumentando los casos de accidentes y los conductores se dan a la fuga. La insatisfacción va muy relacionada a que aumentó la tarifa, pero no se están viendo los resultados en beneficio de los ciudadanos”, explica.

Aunado a ello, el presidente del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puebla expone que en estos cinco años no se ha hecho nada para regular contundentemente el otorgamiento y control de concesiones de transporte público.

Sostiene que el esquema hombre-camión, que ha prevalecido como el mecanismo favorito de la SMT para operar el transporte colectivo en la entidad, ya demostró ser incapaz de ordenar este servicio, pues no existe un control fiable sobre los concesionarios y sus obligaciones.

Tenorio señala que bajo este modelo de negocio, donde el Estado otorga licencias individuales para operar las rutas de transporte público, es regresivo. Muestra de ello es el hecho de que muy pocos concesionarios cumplieron con los acuerdos de modernizar sus unidades, esto como parte del incremento tarifario aprobado por Barbosa en 2019.

Por si esto fuera poco, la oferta no ha crecido en los últimos años. Subraya que, aunque sube el número de pasajeros, las rutas y trayectos no siguen esa misma tendencia, lo que satura los servicios de transporte. Esta condición deriva en el detrimento de la calidad del sistema.

Por su parte, Zaragoza coincide en que los camiones, combis y microbuses en Puebla prestan, en su mayoría, un servicio penoso para la ciudadanía, pues muchas unidades son incómodas, sucias y defectuosas.

Aunque reconoce que la modernización de este sistema sigue siendo un rezago, destaca que la movilidad no ha sido abandonada por completo en la presente administración, que es encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El especialista afirma que si bien sigue pendiente la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico, así como biciestacionamientos y otros elementos de intermodalidad, en los últimos meses se inició la construcción de la Línea 4 de Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que dará a los habitantes de las periferias de Puebla capital una alternativa de movilidad.

Pese a ello, Zaragoza considera que las políticas públicas en materia de transporte público deben ser transexenales y apartidistas, pues la historia reciente ha demostrado que algunos proyectos masivos, como RUTA, deben ser continuados sin importar qué gobernador los inició.

Modernización quedó en el olvido

Vale la pena recordar que la modernización del transporte público en la entidad fue uno de los fracasos heredados por Barbosa –quien justificó el aumento de 2.50 pesos en la tarifa del servicio en la necesidad de invertir en mejoras para el mismo–, a Céspedes.

En al menos tres ocasiones, la SMT de Barbosa pretendió adquirir decenas de cámaras de seguridad y botones de pánico para incluirlo en las unidades, esto con el objetivo de que los trayectos estuvieran vigilados por las autoridades en tiempo real.

La última licitación que la administración estatal emitió para comprar los artefactos se lanzó en abril de 2022 y llevó el folio GESAL-081-171/2022. Mediante este procedimiento se previó la compra de cámaras de seguridad para cinco mil unidades. Sin embargo, la transacción no se concretó y la promesa se pospuso nuevamente.

En febrero de 2023, la extitular de la SMT, Elsa Bracamonte, reconoció que en la administración de Barbosa no se concretó la modernización del transporte, que acordó el propio exmandatario desde el arranque de su gestión, en 2019.

Céspedes, por su parte, dio a conocer el año pasado que su gobierno retomaría el desafío de conectar con videocámaras a todas las unidades del servicio de movilidad colectiva en el estado. Afirmó que se contrataría un programa informático para garantizar la funcionalidad de los artefactos, sin embargo, no detalló el arranque de esta acción.

Finalmente, es importante mencionar que, aunque la modernización del transporte no se ha concretado en la presente administración, los concesionarios de este servicio ya han buscado la aprobación de un aumento tarifario. No obstante, el gobierno estatal no ha aprobado su petición.

Con información: El Sol de Puebla