Cierto Maestro. Perdieron la oportunidad de realizar una reforma educativa de envergadura acorde a las necesidades que requiere la República. Peña Nieto y Nuño Mayer carecen de la autoridad moral para encabezar cualesquiera de las “transformaciones estructurales” de las que se enorgullecen. Gastan la pólvora en infiernitos frente a enemigos imaginarios. Contraviento y marea quieren imponer su visión del mundo y de la vida, subordinados a los aviesos intereses de organismos transnacionales y de organizaciones civiles pro–empresariales. Pretenden imponer agenda, puntos y condiciones para discutir “a modo” con quienes disienten de una reforma laboral de excepción creada ex profeso para subordinar a quienes consideraban otrora sus aliados incondicionales y han fracasado rotundamente. Han transformado al gobierno y a las instituciones en un “tigre de papel”.

Las contradicciones en torno a la evaluación del desempeño docente en las que constantemente incurre Aurelio Nuño Mayer, encargado del despacho educativo y precandidato a la primera magistratura del país 2018–2024, evidencia, que a tres años de que concluya la administración de quien le diera la encomienda, Enrique Peña Nieto, no encuentran el rumbo correcto y persisten en solo en uno de los componentes, el que consideran inmediato a pesar de las manifestaciones de rechazo por parte de maestras y maestros que se consideran afectados, postergando la creación de un real sistema de formación continua y actualización profesional, la transformación académica de las escuelas normales y de los planes y programas de educación básica y media superior.

Sin considerar la capacidad intelectual, la fuerza moral y la organización de sus oponentes, personal docente con y sin filiación gremial, miembros de cualesquiera de las múltiples organizaciones sindicales incluidas las mayoritarias (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), quienes se autoproclamaron “reformadores”, cuasi salvadores de la patria, firmantes del Pacto por México, quisieron enmendar la plana de lo que consideraron era hasta ese momento, una historia de fracasos en materia educativa atribuida al personal docente de las escuela públicas mediante medidas de apremio entre las que destacaron reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la promulgación de las leyes del servicio profesional docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ignorando que al margen de sus organizaciones, maestras y maestros han jugado un papel fundamental en la conformación del México moderno, defendiendo los derechos conquistados por el pueblo mexicano incluso con las armas en la mano.

Centrada la disputa por la escuela pública entre docentes y gobierno de la República, Nuño Mayer reconoce (https://goo.gl/ nh6wks) que “Todos tienen dudas respecto de la evaluación.” que ellos –el gobierno–, no han “informado” adecuadamente, que a pesar de sus declaraciones en torno a que maestro que no presentara el examen sería corrido, ahora se han dado cuenta que la evaluación (examen de conocimientos y competencias didácticas) es sólo una parte de los criterios formulados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (fracción I, artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y que quien no se presentara al examen pero contara con el beneplácito del director de la escuela (informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales), un “portafolio” de evidencias de enseñanza (cuadernos y trabajos elaborados por niños y niñas) y la planeación de sus tareas docentes argumentadas, “sí podrá ser valorado, siempre y cuando haya cubierto la tercera parte de los instrumentos de evaluación” (http://goo.gl/EfFD38). Comunicación institucional tardía ante las crecientes molestias generadas en 17 estados (La Jornada, noviembre 22, 2015) por las medidas gubernamentales.