Cierto que es materia de plática y parece chunga (chanza, broma), pero en un mundo en el que los “evaluadores”, certificadores, acreditadores, burócratas de baja estirpe, someten a escrutinio($), a cuanto mortal cruza por sus feudos, pero, quienes estamos en el otro polo, el de los sujetos a evaluación, tendríamos derecho a requerir: a) que sometan a una “evaluación estandarizada al chicharito y a Giovanni. Que les apliquen la ley del servicio profesional docente. …Que evalúen a los seleccionados y que los reprobados se vayan a cualquier puesto burocrático. Iniciaríamos con chicharito, seguiríamos con Giovanni, Aquino, Ochoa”, pues “cobran infinitamente más que un trabajador de la educación. No rinden y Mexicanos Primero no se queja” y exigir que, al tenor de una franca carrera por la próxima presidencia de la República, el simpático fajador, Emilio Chuayffet Chemor, defensor de los derechos de los niños –en sus discursos siempre se le olvidan las niñas–, emita un decreto –total, nadie le hace caso– por el que la Secretaría de Educación, “recupere la rectoría de la Femexfut”, b) que, a través de un “jurado popular”, se evalúe a secretarios de Educación de las entidades y en caso de encontrarlos culpables de estulticia, uso y abuso de autoridad, como señalan redes sociales, (“es tanta la preocupación de Adolfo Mota, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz por la educación de casi 2 millones de estudiantes, que para dar un mejor servicio tiene a esposa, hermana, primos y cuñados en la nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz, y como siempre pasa en México, no van a trabajar y nada más se presentan cada catorcena a cobrar”), se les castigue, condenándoles a trabajar frente a grupo, en una de las tantas comunidades apartadas de nuestro territorio, para ver si “como roncan, duermen”, c) que se expulse de inmediato, a programas y publicidad chatarra, que transmiten con toda impunidad medios masivos de comunicación, con la franca complacencia de las autoridades.

Que priva el interés superior de los niños “de modo que ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado, pueden ser considerados prioritarios a los derechos de los niños”, afirmación de Chuayffet Chemor, “que por sabido se calla”, Gracia, que sería “uno de los mayores principios que se introdujeron recientemente a la Constitución Mexicana” señalaría el indiciado, ignorando que el texto constitucional (“en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”) así lo establece mediante el “párrafo adicionado DOF 18–03–1980. Reformado DOF 07–04–2000, 12–10–2011” (artículo 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), que entre “…los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes” que establece la ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra la definición de “A. El del interés superior de la infancia”, y la declaratoria que establece que “atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que la vigente reforma educativa es de vanguardia, que se hizo a favor de los niños y en contra de nadie”, señalaría Emilio recientemente, cuestión no reflejada en el discurso de toma de posesión, como titular del Ejecutivo federal 2012–2018, de Enrique Peña Nieto, en el que señala que “por eso, el tercer eje de mi gobierno será lograr un México con educación de calidad para todos. Ese país que podemos ser, hará frente a los rezagos educativos, para estar al nivel de las naciones desarrolladas”, y se refiere previo a su “séptima decisión, a los jóvenes mexicanos, creativos y emprendedores, … en el cual triunfan (mundo globalizado) los que tienen las herramientas del saber científico y tecnológico”. Mediante su séptima decisión anuncia una reforma educativa (al artículo Tercero Constitucional y a la Ley General de Educación), la creación Servicio Profesional de Carrera Docente, “el fin de las plazas vitalicias y hereditarias en el Sistema Educativo Nacional”, la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y “la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos” (http://www.excelsior.com.mx/2012/12/01/nacional/872692).

En la “Presentación de iniciativa de reforma educativa” (10–12–2012), Enrique Peña Nieto “reafirma el valor de la educación como un derecho fundamental, reconoce, también, que brindar una educación de calidad para todos los mexicanos es una responsabilidad del Estado”, establece que “la base para transformar a México, es la educación”, y en la única  alusión, en la que se menciona la palabra “niños”, menciona que “en un mundo global, altamente competitivo y exigente, debemos elevar sustancialmente los estándares de cobertura y calidad de la educación que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes”, mientras que refiere que “con esta reforma los padres de familia también se benefician, tendrán certidumbre sobre la calidad de la educación que reciben sus hijos y el respaldo del Estado para cuidar su alimentación, ya que habrá de prohibir la venta de alimentos que no favorezcan la salud de los alumnos”. El resto de un discurso de 97 líneas, aborda, desde definiciones sobre las leyes secundarias, loas a quienes firman el pacto, criterios que habrían de regir la evaluación docente, señalamientos sobre reglas claras para ingresar al servicio profesional docente, compromisos sobre “reasignaciones presupuestales (en materia educativa) e inversiones en infraestructura que sean necesarias.”, propuestas de modificación al presupuesto de egresos 2013, reconocimientos a las “atribuciones” propias del Congreso de la Unión y, entre otras, la justificación de las adecuaciones al marco jurídico del sistema educativo.

¿Primero los niños?, si hasta parecen rehenes de una disputa conyugal. Creo, Gracia, que a Emilio le dieron la receta correcta que utiliza en un momento inadecuado.