En los seis tribunales federales instalados en Ciudad Judicial en San Andrés Cholula, Puebla, se encuentran más de seis mil amparos de todo el país contra la Reforma Educativa, los cuales, serán resueltos después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita criterios definitivos sobre la constitucionalidad de la Ley General de Educación, ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, promulgadas el 11 de septiembre de 2013.

Lo anterior lo dio a conocer el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, quien detalló que pese a que la SCJN emitió el pasado 8 de mayo un acuerdo general que ordena a los tribunales del país aplazar la resolución de los juicios de amparo, existe la confianza en que antes de que finalice el año se sepa el futuro de los recursos legales.

El acuerdo aprobado por el pleno de la Suprema Corte indica que hay seis mil 661 demandas de amparo contra las leyes que integran la reforma educativa. La Corte ordenó a juzgados y tribunales aplazar la resolución de los juicios de amparo contra la reforma educativa hasta que emita criterios definitivos sobre su constitucionalidad.

«Estaremos esperando porque lo que diga la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la reforma educativa dictará lo que suceda con los amparos», explicó Guerra Castillo.