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Cartas a Gracia: La operación mochila, injerencia arbirtraria
Cartas a Gracia
Las protestas en redes sociales no se hicieron esperar, Gracia, “la cuarta carrera de preparación para el Maratón de la Ciudad de México, el Split 16k de Adidas” que corriste el sábado 28 de junio en la zona de Santa Fe y cuya ruta, según me contaras, fue propia más de un entrenamiento que de una carrera por el alto grado de dificultad que supuso una competencia con pendientes pronunciadas. Mereció comentarios negativos de diversos facebookeros que alertaban sobre la gravedad que significara el cierre de la zona de ingreso al hospital ABC de la Ciudad de México, mientras que resaltaban sobre el peligro para pacientes y corredores significaba una interrupción como la sucedida, a más de protestas de quienes mostraban su descontento por el cierre –bloqueo– del acceso a diversos lugares de trabajo y el cierre tránsito por esta vía, hacia Toluca y hacia la Ciudad de México. Ruta desorganizada, arbitraria, concesionada bajo algún rubro por el gobierno de la Ciudad de México a una firma privada (Adidas), que dejara un mal sabor de boca para participantes y vecinos.
Aunque con menor virulencia, la disputa por la operación mochila que realizaría la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal del ayuntamiento del municipio de Puebla “con el apoyo de la Unidad Canina K–9 como una medida de prevención del delito”, enfrenta –en medios masivos de comunicación– a representantes de la “Comuna” poblana y a autoridades educativas federales y locales, Gracia. De igual manera, en canales locales de televisión y estaciones de radio se “ven” y se escuchan críticas que una operación de esta naturaleza merece por parte de madres y padres de familia, mientras que escolapios de educación primaria declaran ante cámaras, con gran lucidez, que “no son delincuentes” para merecer una suerte como la que pretenden imponerles, quienes “supuestamente” velan por la seguridad de los ciudadanos. En tanto que se defiende “mediáticamente” la medida, la Secretaría de Educación Pública del estado anuncia que “separó” del cargo a la directora de un bachillerato (“Lucero Limón Cruz, directora del Bachillerato General Vicente Lombardo Toledano, ubicado en el municipio de Mazapiltepec”, http://e–consulta.com. mx/nota/2014–06–11”), que permitió una operación abusiva por parte de “genízaros” municipales ante reporteros señalasen que “recibieron” órdenes.
Cierto que la violencia crece en todos los ámbitos, Gracia. No son pocos los y las que señalan que ya no caminan con tranquilidad por las calles, los y las que mencionan ya no pueden salir por las noches ante el temor de ser asaltados y asaltadas, veraz que se incrementa el número de quienes previenen a la sociedad mediante consejos para no convertirse en víctimas de una delincuencia que se “moderniza”. Incuestionable que se han cometido delitos en ámbitos escolares que han ocasionado la muerte de niños de secundaria y que deben incrementarse las medidas para que esos hechos no se repitan, pero también es cierto que, como dice la propaganda, los buenos son más que los malos y que quienes tienen la misión de velar por la seguridad de ciudadanos y ciudadanas, antes de recurrir a una medida fácil en apariencia, debiesen tomar en consideración que las propuestas de gobierno deben ajustarse al marco constitucional vigente. Dicen los abogados y dicen bien, Gracia, que las autoridades solo pueden hacer aquello que esta escrito, lo que les faculta la ley.
Como te comente en la carta que te envié la semana pasada, la medida viola garantías individuales (artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y derechos humanos, subordina el interés superior de la niñez y la juventud al uso “abusivo” de los prerrogativas de quienes, entre otros servidores públicos, tienen la “misión” de velar por la seguridad pública y por si fuera poco, contraviene principios establecidos en tratados internacionales (Convención de los Derechos del Niño, “adoptada en la ciudad de Nueva York, NY, el día 20 del mes de noviembre del año de 1989”) suscrita, en este caso, por Carlos Salinas de Gortari (octubre 4 1990), titular del Ejecutivo Federal, “aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 19 del mes de junio del año 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 del mes de julio del propio año”, en la que establece, lo escribo de manera literal para aprenderlo, que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación” (fracción 1 del artículo 16, Convención de los Derechos del Niño) y que, adicionalmente, o por si fuera poco, lo descrito por la fracción citada, que “el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.” (fracción 2,16). Pero como me comentara Víctor, Gracia, “Castigan a los que no hacen nada, pero no le hacen nada a los delincuentes”, cuestión que nos remitiría, en tratándose de la conducta de los y las menores, a establecer la presunción de “inocencia” pregonada por constitucionalistas, sobre la presunción de culpabilidad ejercida por burócratas al servicio del Ejecutivo.
La lectura del texto al que aludo, Gracia, genera reflexiones sobre el comportamiento dócil que mostramos los mexicanos ante agresiones oficiales. Sin mandato judicial y sin estar en flagrancia por la comisión de un delito o una falta administrativa, retenes de guachos, policías federales, policías estatales, policías municipales, empleados de empresas privadas de seguridad “destacamentados” en aeropuertos y oficinas públicas y sitios que se les ocurra, detienen, someten a revisiones vejatorias de los más elementales derechos, y, en no pocas ocasiones, ante pedimentos monetarios, remiten ante la “autoridad competente” a quien no “entendió” o no quiso entender, el lenguaje apropiado para solucionar una cuestión derivada de un acto (de autoridad) arbitrario. Exponer a niños y niñas a vejaciones similares sería iniciarlos en la domesticación que requieren quienes pervierten la función pública. Hasta la próxima semana, Gracia.
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