En la Comisión de Educación del Senado se aprobó el dictamen por el que se expide la nueva Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la cual otorga la autonomía a la institución y la considera un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La aprobación del documento se registró un día antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril, por lo que será en la próxima legislatura cuando se ponga a votación del pleno.

Como institución pública de educación superior de carácter nacional y de interés social, esta casa de estudios gozará de todas las facultades y garantías que establece el artículo tercero, fracción siete de la Constitución y se regirá por las leyes federales aplicables con pleno respeto a la autonomía universitaria, señala el dictamen.

De última hora se introduje-ron cambios al escrito para dar certeza laboral a los trabajadores ante el cambio de la naturaleza jurídica de la universidad y que la restricción presupuestal se aplique sólo en este año y no en los subsecuentes, a la espera de que el pró-ximo gobierno defina al respecto.

A propuesta de la priísta Beatriz Paredes se incluyó un artículo transitorio que la letra señala: Para el caso de los derechos laborales de los trabajadores de la UPN, que se encuentren en el régimen establecido por el artículo 123, apartado B, la aplicación de esta legislación no afectará sus derechos adquiridos y prestaciones establecidas y, de requerir un análisis, estará a lo estipulado a la exposición de motivos del presente ordenamiento.

La senadora Antares Vázquez Alatorre, presidenta de la comisión, recordó que el dictamen retoma los acuerdos del Congreso Nacional Universitario, en donde, por mayoría, los universitarios optaron por la autonomía de la casa de estudios.

El documento aprobado por mayoría y una abstención plantea que la UPN estará encargada de prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior encaminados a la formación, profesionalización y desarrollo de profesionales de la educación, así como a la generación de conocimiento de acuerdo con las necesidades del país, con plena autonomía académica, considerando la diversidad sociocultural y con perspectiva de género.

Con información: La Jornada