Después están las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, con el 16.4 por ciento; 15 por ciento no tiene la oportunidad de contar con alimentación nutritiva, y 5.2 por ciento no tiene calidad en los espacios del inmueble en el que vive.

Por otra parte, el Coneval identificó que hasta 2021, en Puebla solo había un programa estatal orientado a la población de 65 y más años de edad, a diferencia de entidades como Coahuila, que tenía siete, cuatro en la Ciudad de México y Guanajuato, por separado; o tres en Colima , lo mismo que en Tabasco.

Este es implementado por el DIF y tiene como objetivo promover el derecho a la no discriminación, mediante el impulso a la formación de grupos gerontológicos, en los que se brinde atención integral a las  personas adultas mayores, favoreciendo su adecuada integración social y familiar mediante actividades ocupacionales, recreativas, sociales y de ocupación del tiempo libre.

Cabe decir que en 2021, esta entidad se ubicó en el primer escaño en el país con más municipios con acciones orientadas a la población de adultos mayores, con un total de 58.

El Coneval resalta que el Estado debe garantizar y proteger los derechos sociales de la población y en este contexto, refiere que uno de los ejes articuladores de la política de desarrollo social es la atención de los riesgos que se presentan a lo largo del curso de vida de las personas.

Dichos peligros pueden acentuarse en razón de factores externos, como la epidemia de Covid-19, por lo que las acciones preventivas y de mitigación ante los mismos adquieren relevancia.

La Matriz de Riesgos elaborada por el Consejo muestra que en esta etapa de su vida, los adultos mayores regularmente presentan limitantes para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, afectaciones a la salud mental y socioemocional, así como desarrollo de enfermedades y complicaciones en su estado físico por padecimientos.

También enfrentan falta de servicios educativos para completar su formación básica normativa, desempleo y dificultad para encontrar trabajo, enfermedades y precarización laboral.

Por si eso fuera poco, pueden presentar problemas de nutrición y además tener dificultad para cubrir gastos catastróficos derivados de accidentes, enfermedades o desastres; pérdida de ingreso y seguridad social por desempleo e insuficientes recursos económicos para garantizar condiciones mínimas de bienestar.

En 2022, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), había 12.6 millones de personas adultas mayores, de las cuales 3.9 millones, es decir el 31.1 por ciento, estaban en situación de pobreza; y 8.8 por ciento, equivalente a 0.9 millones, en pobreza extrema.

Con información: La Jornada de Oriente