Los profesores deben ser escuchados y reconocidos como iguales en la discusión de la que han sido excluidos en un sistema que no les reconoció desde un principio, sostuvo Ofelia Piedad Cruz Pineda, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante su ponencia, Reforma educativa y disidencia magisterial, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La  también académica de la Universidad Politécnica Nacional (UPN Puebla) aseguró que «hacer oír la propia voz y que sea reconocida como la voz de un interlocutor legítimo” es el principio de toda actuación política, por lo que la apuesta que desenrede el conflicto magisterial no está en las reivindicaciones explícitas de maestros que resultan ineludibles, como aumento salarial, mejores condiciones de trabajo sino en el derecho fundamental a ser escuchados.

Para la especialista en pedagogía, la simulación ha sido la forma más arraigada en México que ha ocultado el quebranto educativo del país, paralizando el ejercicio de la educación como un derecho, un bien común y una responsabilidad social.

La investigadora de la UNAM refirió que la política de reforma educativa es un intento decidido de pasar a un segundo plano a uno de los actores centrales: los profesores.

Esta decisión está orientada por un cambio en el modelo de control sobre el gremio magisterial, la asignación y obtención de plazas docentes. “Este juego político coloca a la cuestión laboral como el haz que condensa un juego de significaciones y de esta manera se establece una nueva forma de poder político”.

“A partir de 2013 advertirnos que la Reforma Educativa (RE) se construye en una superficie articulada por lo político, lo laboral y lo técnico que da lugar al diseño educativo y de ninguna manera es producto de la preocupación por lo educativo -ni por lo pedagógico”, sostuvo.

Aseguró que la RE se funda en aspectos políticos, de negociación entre «nuevos» actores políticos, aspectos laborales que reordenan las acciones de ingreso, permanencia y promoción de los docentes, instituidas desde hace siete décadas  y aspectos técnicos que se dirigen a vincular la evaluación como herramienta para la profesionalización docente y el logro de la calidad educativa.

Dijo que uno de los aspectos que se reiteran con mayor fuerza en la reforma constitucional de 2013 y posteriormente en las leyes reglamentarias es el establecimiento de una normatividad más agresiva en materia laboral, centrada en el mérito profesional (discurso meritocrático) que demuestre cada profesor.

“Consolidar el discurso meritocrático, refuerza la lógica individualista y de competencia entre los profesores, condicionando la calidad educativa al desempeño del profesor y a sus condiciones laborales. Sin embargo se ignora o no se reconoce la diversidad y  heterogeneidad que caracteriza el trabajo de cada uno de los profesores”

La académica explicó que este discurso “de evaluación”  subyace una noción de estandarización del trabajo docente donde las contradicciones sociales se ignoran. “Por ejemplo, los niveles de pobreza en la que viven alumnos y la singularidad entre un profesor y otro. Así, se ha instalado en el ambiente educativo la preocupación por la mejor evaluación y no por un uso de evaluación que proporcione conocimiento sistemático que pueda ser compartido para la toma de decisiones pedagógicas y no laborales”.