Hasta 500 mil pesos puede costar a camioneros que transportan materiales de construcción recuperar sus camiones robados, dicha cantidad se paga tan solo por cobro del servicio de grúa y/o corralón, indicó César Flores Ruíz, coordinador general de la Unión de Sindicatos del Estado de Puebla.

En entrevista, manifestó que además los choferes y propietarios de las unidades son revictimizados, toda vez que los trámites ante la Fiscalía General del Estado de Puebla o de otras entidades, son sumamente engorrosos.

“La problemática es muy compleja porque los vehículos se los roban en una vialidad federal y las mercancías llegan a los estados, municipios, entonces sí se nos complica, es uno victimizado triplemente: uno es por el robo, después con los corralones, las grúas con cuotas desmedidas, y finalmente con las fiscalías para la devolución de los vehículos… Es variable, pero los precios están por arriba de los 100 mil pesos para la recuperación, hasta los 500 mil pesos”.

Asimismo, mencionó que las zonas más peligrosas para ellos en territorio poblano, es Texmelucan; en el estado de México es Chalco, mientras que en Veracruz son Orizaba y Córdoba.

El también integrante de Canacar comentó que la semana pasada tuvieron una reunión con representantes de Gobernación federal en Puebla y estos ofrecieron el apoyo de la Guardia Nacional.

“El apoyo lo ha habido, sin embargo sí es poca la presencia de la autoridad porque son muchos kilómetros, aun cuando está muy focalizado el espacio donde son los robos”.

No obstante, el transportista refiere que la cantidad de agentes de esa corporación es insuficiente para cuidar los tramos carreteros.

En otro tema, César Flores Ruiz pidió que el gobierno del estado intervenga para que se pueda retomar la construcción de viviendas de Casas Ara en Santa Ana Xalmimilulco.

Cabe decir que este proyecto considera desarrollar alrededor de 4 mil viviendas en un espacio de 80 hectáreas de la que fue la exhacienda de Santa Ana de Abajo, ahí se pretende edificar el complejo llamado Los Volcanes Residencial.

Sin embargo, para el dirigente quienes se oponen a la construcción debido a que se agravarían los problemas de escasez de agua, son pseudo defensores razón por la cual dijo ya se presentaron dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, tanto de Puebla como nacional.

Específicamente responsabiliza a Víctor Ramírez Pérez, Adela Ramírez Romero, Hilario Lezama, Francisco Ramírez, José Ciriaco Juárez Juárez, Misael Macull Espinoza y Abel López Hernández.

A decir de Flores Ruiz, hay 7 mil empleos directos detenidos porque no se puede avanzar en la construcción, así como 5 mil indirectos.

Información: La Jornada de Oriente