Debido a que la aplicación del programa Mochila segura en escuelas de educación básica y media superior violenta los derechos a la intimidad, la seguridad jurídica y la no discriminación de niños y adolescentes, defensores de derechos de la infancia demandaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) imponer medidas cautelares para suspender su aplicación en todo el país e iniciar una investigación.

Indicaron que desde el pasado 24 de enero, el organismo autónomo radicó la queja en la segunda visitaduría, luego de que los defensores presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien la remitió a la CNDH al tratarse de planteles federales.

En conferencia de prensa, Sayuri Herrera, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que la implementación del operativo en escuelas de educación básica y media superior es violatorio a los acuerdos internacionales suscritos por México, e incluso con la legislación interna.

Se asegura que es una acción para prevenir el delito, dijo, pero no se trata de operativos de prevención, sino de reacción, luego de los hechos ocurridos el pasado 18 de enero en Monterrey, Nuevo León, donde un alumno de una secundaria particular disparó en contra de una maestra y tres compañeros, para después suicidarse.

La revisión de las pertenencias de niños y adolescentes, indicó, sólo genera que se vea a los menores como sospechosos. Además, dijo, al violarse el derecho a la intimidad, que garantiza que los menores deben estar libres de intromisiones a su persona y pertenencias, también se pone en riesgo su integridad física y síquica, en una etapa de desarrollo en que se está consolidando su personalidad y valores.

Al respecto, Alan Jiménez, director de la organización Comunalidades Vida y Dignidad, afirmó que aunque los padres autoricen la aplicación del programa Mochila segura, los derechos humanos de los menores son irrenunciables, y se aplican también para padres y tutores, quienes no pueden violentarlos. El acta de nacimiento de un hijo, no es una factura. No pueden ser vistos como su propiedad.

Agregó que la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Aurelio Nuño Mayer, no sólo violenta los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por México en 1990, que establece el interés superior de la infancia, tampoco se les respetó el derecho que tienen niños, adolescentes y jóvenes a ser consultados y que se escuche su opinión.