Los archivos oficiales de la masacre de al menos 80 indígenas totonacos en Monte de Chila, Jolapa, durante el gobierno del general Rafael Moreno Valle en 1970 han desaparecido, pero la memoria sigue viva y documentada en parroquias, denunciaron colectivos en el foro de discusión para la ley de memoria, organizado por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de Derechos Humanos cometida de 1965-1990.

Colectivos demandaron a la Comisión para la Verdad y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, recuperar archivos parroquiales en el periodo de la contrainsurgencia o la guerra sucia en Puebla y rescatar las voces indígenas del hecho, durante la sesión de trabajo donde se expuso el borrador de ley.

A 52 años del criminal suceso, este domingo en Monte de Chila, Jolapa, se llevó a cabo por primera vez la conmemoración de la masacre que se encuentra documentada por el sacerdote Gabriel Diego, cuya crónica escrita en el Libro de anotaciones del templo de Chicontla revela el brutal suceso.

En el Centro Cultural Universitario de la BUAP se dejó claro que los sacerdotes, junto con organizaciones, defensores y periodistas, también han participado en la documentación de terror que se ha vivido en el país y que aún permanece en las sombras.

En el foro, Gerardo Pérez exhibió la tesis de maestría en Historia de Itzel Adelita Olivo Vázquez de la BUAP “Y por la tierra y la vida. Monte de Chila y el inmutable silencio”, presentada en 2020, que también da cuenta de cómo se ha ocultado dolosamente el hecho en la hemeroteca de la ciudad de Puebla, donde las hojas de los diarios del día 29 de enero de 1970 fueron arrancadas.

“Mataron a ancianos, mujeres y niños y quemaron sus pocas propiedades, y dejaron los cadáveres tres meses en el monte, prohibiendo ser enterrados”, señala el testimonio del padre Gustavo Rodríguez Zarate, que cita al sacerdote Javier Diego de Chicontla, el padre Pedro Tetecatl Mendoza de Jopala y el padre Celerino de Bienvenido, aduce la tesis que ha rescatado la memoria olvidada en una de las regiones más pobres de Puebla.

La tesis, presentada en el Colegio de Historia de la BUAP, documenta que no solo hubo censura en la hemeroteca; tampoco hay registro en la Biblioteca del Congreso del estado de Puebla, donde no hay rastros de los informes del gobernador Rafael Moreno Valle, abuelo del recién fallecido y también mandatario Rafael Moreno Valle Rosas. El olvido se hizo presente también en el Archivo General del Estado de Puebla.

A la fecha el motivo parece no muy claro; algunos testimonios que por primera vez se han hecho públicos señalan a ganaderos de la región de Xicotepec de Juárez que arrebataron en ese lugar sus tierras a los campesinos; eran terrenos codiciados por la producción de café o para potreros. “Y los que se defendieron fueron muertos en Monte de Chila”.

La historiadora Olivo Vázquez menciona en su tesis que “dos años después de la matanza de Monte de Chila, la CCI seguía teniendo presencia, y se propiciaron acciones radicales como las tomas de tierras”.

Ley de archivos, ley de memoria

En la relatoría Mariana Gómez Godoy, encargada del Comité de Impulso a la Memoria, asentó que la lucha por la justicia es también contra el olvido, y que tanto los archivos parroquiales –hasta ahora no tomados en cuenta– como las fuentes orales serían propuestas retomadas en la construcción de Ley General de la Memoria Pública sobre las Violaciones de Derechos Humanos y Violencias del Pasado.

José Luis Soto Espinoza, subdirector de Acuerdos de la Comisión, sostuvo que es necesario establecer la responsabilidad del Estado de promover la conservación, difusión y consulta de archivos privados, de organizaciones, familiares, universidades e iglesias por ser de interés público relacionados con violaciones a los derechos humanos.

En el borrador de la ley de memoria se establece la responsabilidad del Estado para identificar, conservar y promover la apertura de archivos públicos y privados relacionados con violaciones a los derechos humanos; también apunta que el Centro Nacional de Memoria, en coordinación con el Archivo General de la Nación, realizará y supervisará la incorporación de lineamientos para la identificación de archivos de derechos humanos
Además de construir un registro nacional de archivos de derechos humanos y promover la desclasificación de archivos en el extranjero relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de personas de nacionalidad mexicana.

Una guerra sucia que no termina

Gómez Godoy precisó que aunque la comisión nombra violaciones graves de derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, periodo conocido como “guerra sucia” o “contrainsurgencia” –dado que el Estado era el perpetrador de las graves violaciones a los derechos humanos, época que inaugura la estrategia gubernamental de incluir a todas las instituciones, cuerpos completos dedicados a represión sistemática–, estas violencias siguen tan vigentes como entonces, quizás más álgidas.

“En el caso de la memoria, no es suficiente con la justicia, con que encarcelen a alguien; tiene que haber una condena social, una conciencia colectiva; para eso se necesita primero saber qué pasó: un esclarecimiento histórico, luego un reconocimiento, no resistir a eso que pasó, nombrar el horror y entenderlo; parece que el horror no se puede narrar, pero nosotros creemos que sí se puede entender y que lo tenemos que hacer, tenemos que lidiar con eso para que no vuelva a pasar”, dijo.

Aseguró que el reto de incorporar esta ley es que la sociedad civil la considere un recurso útil y “sepa que nadie puede borrar sus pintas, pues el sitio es un espacio de memoria. Es saber que el archivo también implica un proceso de justicia”.

UPVA: por represión comerciantes quemaban sus fotos para no ser reconocidos

Rita Amador, líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, organización que ha sufrido ocho ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado, persecución judicial e intervenciones directas del Ejército mexicano y de distintas policías, pidió al auditorio no olvidar la brutal represión de la organización en los años 90 por parte del gobierno de entonces: “Entraron al mercado violentando niños que dormían con sus padres, llevando a todos a la Procuraduría a tocar el piano (dejar sus huellas digitales) por el solo hecho de estar en el mercado. Ahora esos funcionarios están en el gobierno con cargos altos, premiados. Recuerdo cómo muchos compañeros quemaron sus fotos para no ser identificados en el mercado”.

Tonatiuh Sarabia, asesor legal de la UPVA, recomendó a redactores que en la legislación se ordene la investigación exhaustiva a la cadena de mandos que participaron en actos de represión, masacre y tortura que son anónimos y a los que es necesario revelar.

Señaló específicamente el periodo del morenovallismo –el de Rafael Moreno Valle Rosas–, en el que hubo 366 personas presas y perseguidas legalmente, además de dos ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos.

Fuente: La Jornada de Oriente