Sin embargo, es curiosa la forma en la que la Secretaría de Educación Pública reconoce que una cantidad indeterminada de maestras y maestros desempeña una función, la de director de plantel, que no es retribuida con los honorarios y/o con el salario establecido en el tabulador oficial por no tener asignada la clave que le permita “gozar” del estipendio correspondiente a la categoría y a la responsabilidad que les ha sido “comisionada”. Personal docente que al mismo tiempo en que se desempeña como maestro multigrado, debe hacerse cargo, adicionalmente, de la administración de un plantel escolar por no existir personal pagado ex profeso por la dependencia para hacerse cargo de esa función. Adicionalmente, y ante la carencia de personal los y las maestras multigrado ejercen una infinidad tareas entre las que destacan, a más de la mencionada, las de desempeñarse como profesores y/o profesoras de educación física y de educación artística, de inglés y de computación, asignaturas que debiesen ser impartidas por maestros especializados; las correspondiente al personal secretarial y las que debiese realizar el personal de apoyo y asistencia a la educación y, por lo tanto, la hacen de hasta de intendentes y en ocasiones de veladores. Por si no fuese suficiente, ofician como mensajeros que entregan documentos a la supervisión escolar, a la jefatura de sector y a oficinas centrales, se encargan de tramitar boletas y certificados, llenar los formatos 911 y entregar la estadística. Coordinan las ceremonias cívicas de la escuela y las que organiza el honorable ayuntamiento. Deben atender a los padres y a las madres de familia y hacerse cargo del consejo técnico escolar y del consejo escolar de participación social, recoger y distribuir los libros de texto y solicitar la reposición de los faltantes, entrenar a los equipos de futbol, beisbol, voleibol, ajedrez y llevar a los alumnos y alumnas, a los partidos que organiza la zona escolar. Si la mala fortuna permite que sus equipos resulten triunfadores, también asistir con alumnos y alumnas a los juegos regionales y posteriormente a los estatales.

Pero, y aunque solamente representan a 0.718 por ciento de personal docente convocado a las evaluaciones de permanencia (153 mil 132), 0.836 por ciento del personal docente que de acuerdo con las autoridades educativas se presentó a las evaluaciones, si personifican a 23.13 por ciento de los y las docentes que serían cesados “sin responsabilidad para la autoridad educativa” y, en su caso separados de la función y reintegrados al servicio docente del que jamás se ausentaron. Si las sumas y las restas no mintieran, la sanción ejecutada en contra de quienes no acudieron a un llamado a sustentar una evaluación que consideraron atenta en contra de sus derechos laborales, se cebaría hasta ahora en 3 mil 659 maestros y maestras puesto que mil 101 meritorios “que no cumplieron con lo dispuesto”, regresaran a la que otrora fuese su plaza de base.

Independientemente del que al perder salen ganando, el caso de los maestros y de las maestras habilitados por los supervisores escolares como personal directivo de muchas escuelas por “necesidades del servicio” ante la carencia de personal que tuviese un nombramiento oficial, permite recuperar un tema del que muchas organizaciones civiles cercanas a Mexicanos Primero Asociación Civil y esta misma organización, han hecho escarnio público; el de los comisionados. Sinónimo de aviadores, la mayoría de los comisionados desempeñan funciones vinculadas a la administración institucional. Habilitados –maestros y maestras– por autoridades educativas locales como mandos medios e intermedios de las secretarías de educación ante la imposibilidad que priva en las dependencias para contratar a personal administrativo especializado

–por la carencia de suficiencia presupuestal por una parte y por los bajos salarios por la otra–, una cantidad que oscilaría entre los 10 mil docentes reconocidos por las instituciones y una cantidad por determinar entre los 40 y 50 mil profesores en todo el país, se ha especializado en atender lo mismo las direcciones de los niveles que un sin fin de programas “educativos” y/o vinculados a procesos educativos generados por autoridades educativas centrales, incluidos los programas de lecto–escritura, los de salud, los de activación física, las olimpiadas de las matemáticas, los que dotan de lentes a niños, niñas y adolescente, los que otorgan bicicletas, los que atienden los programas de cooperativas escolares, los que fomentan los huertos escolares, los que programan los concursos del Himno Nacional, de escoltas, los que atienden los conflictos que se suscitan entre madres, padres de familia y autoridades de planteles escolares, los que vigilan se instalen los comités de padres de familia en escuelas públicas y privadas, los que están pendientes de los consejos técnicos y de los consejos de participación social, los responsables de protección civil y un sin fin de programas y proyectos adicionales entre los que destacan quienes prestan sus servicios en los centros de maestros. Regresar a la función docente y dejar de lado las adicionales instruidas por mandos medios en la secretarías de educación, beneficiará a los afectados y obligará a las autoridades a dotar a las escuelas marginadas, ubicadas en las periferias citadinas y en el campo, de un personal directivo que permita eficientar el servicio docente.