Definido como un “bien inmaterial” por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), el tercer informe del instituto “La educación obligatoria en México, Informe 2016” buscaría evidenciar si la acciones de gobierno estarían “haciendo –lo necesario– para que –se– genere el resultado deseado. Es decir, —pregunta el instituto– ¿los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos están garantizando el máximo logro de aprendizaje de los educandos? ¿Qué información permite comprobar, o en su caso refutar, que la formación que las personas reciben en la actualidad es aquella que requieren para desarrollarse y desempeñarse plenamente como ciudadanos? ¿Cómo mostrar con datos concretos que los 15 años de educación obligatoria otorgan las habilidades básicas de inserción en la sociedad?”. Precisa, desde la introducción, que la metodología utilizada para su elaboración radicaría en un “enfoque” de derechos –humanos– y como referente y “fin último en el quehacer de las políticas públicas”, el derecho a la educación incorporado al tercero constitucional a partir de la “reforma educativa”.

Estructurado por los autores en dos secciones y siete capítulos en los que abordan, en la primera “componentes y resultados” y en la segunda una “valoración de algunas acciones públicas sustantivas”, el INNE señalaría que el Estado Mexicana ha desarrollado un Sistema Educativo Mexicano de “grandes dimensiones” para educar a su población, población que ascendería casi a los 120 millones de habitantes contabilizados a “mediados de marzo de 2015”, sin tomar en consideración a los más de 38 millones de mexicanos y mexicanas, migrantes e hijos e hijas de migrantes que radican en los Estados Unidos de Norteamérica. De los 119 millones 500 mil habitantes reportados por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) indica el INEE, que 45 por ciento serían menores de 25 años (53 millones 775 mil) y se encontrarían “en edad potencial para escolarizarse”. De los más de 53 millones de menores de 25 años, 35 millones (35.74 millones de alumnos, equivalente a 30.2 por ciento de la población total del país de 2013) cursa algún grado escolar, sin embargo 33.96 por ciento del total (17 millones 260 mil) no asiste a ninguna institución educativa, cuestión que les ubica en una situación de rezago educativo. De los datos recuperados por el Instituto, tomados por los autores de los “datos de la Encuesta Intercensal 2015” del Inegi, destacan los de residencia, porcentajes y cifras que muestran que 77 por ciento de la población total nacional radica en zonas urbana (92 millones 044 mil 539) en tanto que el resto, 23 por ciento del total, “equivalente a 27 millones 486 mil 214 personas, reside en localidades rurales (es decir, menores a 2 mil 500 habitantes)”. Contrasta el INEE los datos pues señala que mientras que de los 92 millones de habitantes en zonas urbanas cuatro de cada cinco vive en ciudades mayores de 15 mil habitantes y de ellos poco más de uno de cada 5 reside en la zona metropolitana del valle de México, 21.85 por ciento, con una densidad de 2 559.8 habitantes por kilómetro cuadrado, en tanto que la población rural “se distribuyó en 192 mil 247 localidades, de las cuales 139 156 (72.4 por ciento) tenían menos de 100 habitantes. El número de comunidades rurales representó 98.1 por ciento del total;” asunto que dificulta la dotación de servicios, entre ellos el educativo. Si bien los datos que proporciona el INEE reportan que 23 por ciento de los habitantes del país viven en el campo mexicano datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda estiman que 13.47 por ciento de la población nacional, 16, millones 102 mil 646 personas entre “hablantes y autoadcritos”, corresponde a población indígena. Estimado por el INEE como “Un reto particular” para el sistema educativo, por las características de la contratación del personal docente que atienda a niños, niñas y jóvenes indígenas, señala que en 2015 “la población indígena de 3 a 17 años sumó cerca de 3.9 millones (11.7 por ciento del total nacional de este grupo de edad)”, y de ellos casi uno de cada dos (1.8 millones) sólo hablaba su lengua materna. Adicionalmente los autores de la publicación destacan que 76.7 por ciento de los hablantes de alguna lengua indígena habitan en zonas rurales y quienes son bilingües y adoptan al español como segunda lengua radican 55.5 por ciento en “áreas rurales” y que el resto, 44.4 por ciento en “localidades rurales”. Contrastes de la riqueza, el INEE pasa de revisar la estructura de la población a la estructura económica y nos recuerda que mientras que México, la República Mexicana, los se ubica como la onceava economía mundial, el ingreso per cápita se ubica “en el lugar 68, con un monto de 16 mil 284 dólares per cápita. En términos comparativos, nuestro país se encuentra por arriba de Brasil (15 mil 110) y por debajo de países como Chile (21 mil 980), Canadá (42 mil 778) y los Estados Unidos (52 mil 118) (Banco Mundial, 2015a). Sumidos en una crisis permanente y globalizada que se agrava con la administración de Enrique Peña Nieto, la tasa promedio de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) ha pasado de 2.9 por ciento, a 1.9 por ciento y a 1.7 por ciento en los tres últimos gobiernos incluidos dos, los primeros, a cargo del Partido Acción Nacional (PAN) y el tercero correspondiente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras México se empobrece, reconoce el INEE citando la fuente, la riqueza se reconcentra y los ricos se hacen cada vez más ricos, “en 2015, el décil más rico de la población, había percibido ingresos 26.6 veces superiores a los de 10 por ciento más pobre (Dávila Ibáñez y Palma Cárdenas, 2015). En comparación, esa razón en países de la OCDE fue de 9.6 a 1 en 2013”, mientras que para ese mismo año los “ricos” concentran 62 por ciento del ingreso corriente total superior en un casi un 100 por ciento al que recibían en 2012 (35 por ciento) y los pobres pasaban tan sólo en dos año de administración peñanietista de 45.5 a 46.2 por ciento (de 53.3 a 55.3 millones) y “11.4 millones de personas (Coneval, 2015).”, se encontrarían en 2015, en una situación de pobreza extrema.